Un espacio personal de Diego Navarro

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Bajas laborales: cuando el trabajo enferma, pero nadie mira a la empresa

Hay palabras que no son inocentes. Palabras que, a fuerza de repetirse, terminan construyendo una determinada forma de mirar la realidad. Absentismo laboral es una de ellas. Cada cierto tiempo aparecen titulares, informes empresariales y discursos preocupados por el aumento de las ausencias al trabajo. Se habla de costes, productividad, competitividad y jornadas perdidas. Y en medio de todas esas cifras, con demasiada frecuencia, acaba apareciendo también la persona que está de baja médica, como si estar enfermo fuera simplemente no haber ido a trabajar.

Una baja laboral no es una decisión unilateral del trabajador de quedarse en casa. Es una situación de incapacidad temporal reconocida porque, durante un periodo determinado, una persona no se encuentra en condiciones de desempeñar su trabajo. Puede deberse a una enfermedad común, a un accidente, a una enfermedad profesional o a otras situaciones contempladas por nuestro sistema de protección social. No es un privilegio concedido por la empresa ni una muestra de falta de compromiso. Es un mecanismo de protección de la salud y un derecho vinculado a nuestro sistema de Seguridad Social.

Confundir una baja laboral con el absentismo es uno de los errores más frecuentes del debate público. Una incapacidad temporal reconocida médicamente no es una conducta irresponsable ni una falta de compromiso con el trabajo: es un derecho del trabajador cuando su estado de salud le impide desempeñar su actividad. Equipararla a quien decide no acudir a su puesto sin causa justificada no solo es jurídicamente incorrecto, sino que además contribuye a estigmatizar a quienes realmente están enfermos.

Esto no significa negar que puedan existir fraudes o abusos. Existen, como existen en prácticamente cualquier ámbito de la vida social, empresarial o institucional. Pero convertir la excepción en la explicación general es una forma interesada de construir el problema. Cuando una persona falta injustificadamente a su puesto de trabajo estamos ante una situación muy diferente de aquella en la que un profesional sanitario determina que no puede trabajar. Meter ambas realidades en el mismo saco puede ser útil para determinadas estadísticas, pero socialmente tiene consecuencias: convierte la enfermedad en sospecha. Y esa sospecha, además, nunca se reparte por igual.

Cuando aumentan las bajas laborales, una de las primeras preguntas suele ser qué les ocurre a los trabajadores. Se habla de su salud, de su capacidad para afrontar la presión, de su resiliencia, de sus problemas personales, de sus hábitos o de su manera de gestionar las emociones. La mirada se dirige inmediatamente hacia el individuo. Es él quien enferma y, por tanto, parece lógico concluir que el problema está en él. Sin embargo, hay una pregunta que hacemos con mucha menos frecuencia: ¿qué está ocurriendo en los lugares de trabajo?.

Esta cuestión resulta especialmente importante cuando hablamos del aumento de los problemas de salud mental relacionados, directa o indirectamente, con el trabajo. Ansiedad, depresión, agotamiento emocional, insomnio, miedo constante a equivocarse, sensación de no llegar nunca, conflictos enquistados, acoso, falta de reconocimiento, incertidumbre permanente o la obligación de trabajar durante años dentro de dinámicas profundamente deterioradas. No todo malestar psicológico tiene su origen en el empleo, evidentemente. Sería tan simplista afirmar eso como sostener lo contrario. Pero tampoco podemos seguir tratando el entorno laboral como si fuera un escenario neutro en el que las personas simplemente entran con sus problemas desde casa. El trabajo puede proteger la salud mental, pero también puede deteriorarla.

Hay organizaciones en las que la sobrecarga se ha convertido en normalidad, equipos que funcionan permanentemente al límite y responsabilidades que aumentan sin que aumenten los recursos. Hay mandos que confunden dirigir con controlar, culturas empresariales donde reconocer que no se puede más se interpreta como debilidad y conflictos que nunca se resuelven, sino que simplemente se dejan pudrir. En esos entornos, muchos trabajadores aprenden a callar porque saben que señalar un problema puede convertirlos precisamente en el problema. Y cuando finalmente alguien enferma, el sistema vuelve a individualizar lo ocurrido.

La persona recibe una baja médica. Acude a terapia, si puede acceder a ella. Aprende técnicas para gestionar la ansiedad. Trabaja su autoestima, sus límites, su capacidad de afrontamiento o su regulación emocional. Quizá toma medicación y quizá pasa semanas o meses intentando recuperarse. Todo el esfuerzo se concentra en conseguir que esa persona vuelva a estar en condiciones de regresar al mismo lugar del que salió enferma, mientras la organización puede continuar exactamente igual.

Esta es una de las contradicciones que más deberíamos cuestionar. Podemos invertir enormes esfuerzos en reparar individualmente a trabajadores dañados sin preguntarnos seriamente qué elementos del entorno contribuyeron a ese daño. La persona tiene que cambiar, adaptarse, fortalecerse y aprender nuevas herramientas. La empresa, en cambio, puede limitarse a esperar su reincorporación. Y cuando llega la vuelta, con demasiada frecuencia, quien regresa después de una baja relacionada con su salud mental vuelve al mismo puesto, a la misma carga de trabajo, al mismo responsable, al mismo conflicto y a las mismas dinámicas que existían antes de marcharse.

Incluso puede regresar bajo una nueva mirada: la del trabajador frágil, problemático o poco fiable. A veces no hace falta que nadie lo diga expresamente. Se percibe en los comentarios, en determinadas decisiones o en esa pregunta aparentemente inocente sobre si ahora será capaz de aguantar. Y quizá esa palabra, aguantar, explique buena parte del problema.

Hemos normalizado que un buen trabajador es quien aguanta, quien sigue adelante aunque esté agotado, quien no se queja, quien no coge una baja, quien responde mensajes fuera de horario y quien asume más tareas porque «todos estamos igual». Hemos llegado a convertir el deterioro de la propia salud en una demostración de compromiso profesional. Parece que cuanto más soporta una persona antes de romperse, mejor trabajador ha sido.

Desde una perspectiva sindical, defender el derecho a la baja no consiste en celebrar que las personas enfermen ni en ignorar el impacto que las ausencias pueden tener sobre los equipos. Precisamente porque una baja afecta también a los compañeros, resulta imprescindible mirar cómo se gestionan las plantillas. Cuando una ausencia provoca que el resto tenga que asumir una carga insoportable, el problema no es que el trabajador enfermo haya ejercido su derecho a recuperarse. El problema es una organización que funciona sin margen suficiente para asumir algo tan previsible como que las personas, en algún momento de su vida laboral, pueden enfermar.

Culpabilizar al compañero que está de baja puede ser cómodo. Evita preguntarse por qué una sola ausencia desestabiliza todo un servicio, por qué no se sustituye a quien falta, por qué las plantillas trabajan permanentemente bajo mínimos o por qué determinadas dinámicas se mantienen durante años aunque todo el mundo sepa que están generando sufrimiento. También evita una pregunta todavía más incómoda: ¿cuántas bajas podrían evitarse si actuáramos antes?.

Actuar antes de que la ansiedad impida levantarse de la cama, antes de que el agotamiento se convierta en incapacidad, antes de que un conflicto laboral termine destruyendo psicológicamente a una persona y antes de que alguien necesite meses para recuperarse de un entorno al que después tendrá que regresar. Porque, en demasiadas ocasiones, la intervención comienza cuando el daño ya está hecho y se dirige casi exclusivamente hacia quien lo ha sufrido.

La prevención de riesgos laborales no debería detenerse en los accidentes físicos, las posturas, las pantallas o la ergonomía. Los riesgos psicosociales existen. La organización del trabajo, el liderazgo, la carga laboral, la autonomía, el reconocimiento, la incertidumbre, los conflictos y las relaciones de poder importan. Y cuando estos factores enferman de manera repetida a las personas, dejar toda la responsabilidad de la recuperación sobre el trabajador no es prevención. Es esperar a que alguien se rompa para intentar arreglarlo después.

Necesitamos dejar de mirar las bajas laborales únicamente como un número que reducir. Una empresa puede conseguir reducir determinadas ausencias generando miedo, presión o culpabilidad, y eso no significa que tenga trabajadores más sanos. Puede significar simplemente que tiene personas enfermas trabajando. El verdadero objetivo no debería ser que la gente coja menos bajas a cualquier precio, sino que menos personas enfermen a causa del trabajo y que, cuando enfermen, puedan recuperarse sin ser tratadas como sospechosas, desleales o culpables de un problema de productividad.

Una baja médica no es un fracaso moral del trabajador. Y cuando las bajas aumentan de forma persistente en un equipo, un servicio o una organización, quizá haya que dejar de preguntarse únicamente qué les pasa a quienes enferman. Quizá haya llegado el momento de preguntarse también qué está pasando dentro de la empresa.

La política no desaparece cuando dejamos de mirarla

A mí no me gusta la política”. Es una frase que llevo escuchando desde hace muchos años. A veces viene acompañada de otras similares: “son todos iguales”, “es un rollo”, “siempre están peleándose” o “yo paso de esos temas”. En cierto modo, es una reacción comprensible. Basta con encender la televisión o abrir cualquier red social para encontrarse con discusiones interminables, declaraciones cruzadas, escándalos y titulares diseñados para generar indignación. No resulta extraño que muchas personas acaben desarrollando una cierta aversión hacia todo lo que huela a política.

Sin embargo, con el paso del tiempo he llegado a pensar que quizá el problema no es la política, sino la imagen que hemos construido de ella. Hemos terminado identificándola casi exclusivamente con los partidos, los líderes o los enfrentamientos parlamentarios, cuando en realidad la política está presente en muchas más cosas de las que imaginamos. Está en la forma en que se financia la sanidad, en las condiciones de acceso a una vivienda, en el funcionamiento de la educación pública, en las ayudas sociales, en los derechos laborales, en las pensiones o en la manera en que se gestionan los impuestos. Aunque decidamos no seguir la actualidad política, todas esas decisiones seguirán afectando a nuestra vida cotidiana.

Quizá por eso nunca he entendido del todo la idea de que desinteresarse por la política sea una forma de mantenerse al margen. En realidad ocurre justo lo contrario. Podemos decidir no prestar atención, no leer noticias o no participar en ninguna conversación sobre estos asuntos, pero las decisiones continuarán tomándose igualmente. La diferencia es que, si dejamos de interesarnos por ellas, tendremos menos herramientas para comprender por qué cambian determinadas normas, desaparecen ciertos servicios o aparecen otros nuevos.

No creo que todo el mundo deba leer leyes, estudiar ciencia política o seguir cada sesión parlamentaria. Sería una exigencia poco realista. Pero sí pienso que merece la pena conservar una cierta curiosidad por entender qué hay detrás de las decisiones públicas. Preguntarse quién propone una medida, cuál es el problema que intenta resolver, qué consecuencias puede tener, quién gana y quién pierde con ella o qué alternativas existen. Son preguntas sencillas que, sin embargo, ayudan mucho más a comprender la realidad que cualquier eslogan.

Hay otro aspecto que me preocupa especialmente y que, probablemente, tiene mucho que ver con la forma en la que hoy consumimos información. Vivimos rodeados de titulares, vídeos de pocos segundos y publicaciones que simplifican asuntos enormemente complejos. Cada día recibimos decenas de mensajes que pretenden resumir en una frase una ley de cientos de páginas o una decisión política con implicaciones económicas, sociales y jurídicas muy amplias. Poco a poco hemos ido acostumbrándonos a opinar antes de comprender.

No es extraño escuchar debates sobre una norma que casi nadie ha leído o sobre una propuesta que muy pocos conocen más allá del titular que apareció en su red social favorita. En ocasiones incluso discutimos sobre una noticia que nunca llegó a ser cierta, pero cuyo titular circuló lo suficiente como para quedarse grabado en la memoria colectiva. El problema no es solo la desinformación; el problema es que dejamos de sentir la necesidad de ir un poco más allá y averiguar qué dice realmente el texto, cuál es el contexto o qué ideología inspira esa decisión.

Porque todas las decisiones políticas responden a una determinada manera de entender la sociedad. No existen medidas completamente neutras. Detrás de cada ley, de cada reforma y de cada presupuesto hay una idea sobre cuál debe ser el papel del Estado, cómo deben repartirse los recursos, qué derechos deben priorizarse o qué problemas se consideran más urgentes que otros. Es posible estar de acuerdo o en desacuerdo con esa visión, pero para poder formarse una opinión resulta necesario conocerla primero. Cuando solo nos quedamos con el titular, muchas veces terminamos juzgando las consecuencias sin haber comprendido las ideas que las sostienen.

La desafección política también tiene otra consecuencia menos evidente. Cuanto menor es el interés de la ciudadanía por lo que hacen sus instituciones, menor suele ser el nivel de exigencia al que están sometidos quienes toman decisiones. No significa que todos los gobiernos actúen igual, ni que todas las personas que ocupan responsabilidades públicas lo hagan de mala fe. Significa simplemente que cualquier sistema democrático funciona mejor cuando existe una ciudadanía informada, capaz de preguntar, contrastar y exigir explicaciones. La vigilancia pública no depende únicamente de los medios de comunicación o de la oposición política; depende también de millones de personas que dedican un pequeño esfuerzo a entender lo que ocurre.

Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta la política, no pienso que esté rechazando un tema de conversación. Pienso que, probablemente sin pretenderlo, está renunciando a comprender una parte importante de las decisiones que condicionan su propia vida. Y me parece una lástima, porque la política no pertenece a los políticos. Pertenece a toda la sociedad.

No hace falta militar en un partido, acudir a manifestaciones o pasar horas discutiendo en redes sociales para interesarse por la política. Basta con no conformarse siempre con el primer titular, con mantener el hábito de hacerse preguntas y con aceptar que casi todos los asuntos importantes tienen más matices de los que caben en una publicación de doscientas palabras.

Quizá nunca consigamos que la política deje de generar desencanto. Es probable que siga produciendo frustración, decepciones y desacuerdos. Pero entre el entusiasmo incondicional y la indiferencia absoluta existe un espacio muy valioso: el del interés crítico. Ese interés que no consiste en creer a unos u otros, sino en intentar comprender antes de formar una opinión. Y, en tiempos donde la información viaja cada vez más deprisa y la atención dura cada vez menos, quizá esa sea una de las formas más útiles de participación ciudadana que todavía nos quedan.

De vecinos a clientes: el precio de dejar de hacer barrio

Cada vez que se anuncia un nuevo centro comercial no puedo evitar hacerme la misma pregunta: ¿de verdad este es el modelo de ciudad que queremos?

No tengo nada contra el comercio. Todos compramos. Todos consumimos. Yo también disfruto entrando de vez en cuando en una librería, una tienda de tecnología o pasando una tarde en un centro comercial. Lo que cuestiono no es el comercio, sino que hayamos terminado identificando el progreso de una ciudad con su capacidad para vender más cosas. Como si el desarrollo urbano pudiera medirse, sobre todo, por los metros cuadrados dedicados al consumo.

Por eso, cuando leí que Plaza Imperial se transformará en Plaza Park, no pensé en las tiendas que podrían abrir ni en las marcas que llegarán. La primera pregunta que me hice fue mucho más sencilla: ¿de verdad Zaragoza necesita otro gran espacio comercial?

No tengo una respuesta absoluta. Es posible que Plaza Park funcione y que dentro de unos años demuestre que mis dudas eran infundadas. Pero también creo que es legítimo hacerse preguntas. Plaza Imperial también nació rodeado de expectativas. Durante un tiempo funcionó, hasta que la crisis económica, la apertura de Puerto Venecia y la pérdida progresiva de operadores acabaron convirtiéndolo en el símbolo de un fracaso que pocos habían previsto. Hoy se insiste en que las circunstancias son distintas, que la plataforma logística PLAZA ha crecido, que Costco atraerá nuevos clientes y que el formato comercial ha cambiado. Todo eso puede ser cierto. Sin embargo, muchas de esas fortalezas ya existían cuando abrió Plaza Imperial y no fueron suficientes para consolidarlo. Tal vez ahora sí lo sean. O tal vez no. Lo que me cuesta creer es que el debate deba reducirse únicamente a si esta vez el proyecto funcionará mejor que el anterior.

Porque Zaragoza ya dispone de una oferta comercial enorme para una ciudad de su tamaño. Puerto Venecia se ha consolidado como uno de los principales destinos comerciales de España, La Torre Outlet continúa creciendo y a ello se suman GranCasa, Augusta, Aragonia, el comercio urbano y otros parques comerciales. Por eso la cuestión no es solo si existe demanda para otro gran espacio de consumo, sino qué idea de ciudad estamos reforzando cada vez que celebramos una inversión de estas características como si fuera, por sí misma, una buena noticia.

Reconozco que cada vez me cuesta más mirar un centro comercial únicamente como un lugar para comprar. Con el paso de los años he terminado viéndolos también como un espejo de la sociedad. Cuando paseo por ellos ya no me fijo solo en los escaparates o en las bolsas que lleva la gente. Me descubro observando a las personas. Me pregunto quién ha ido porque realmente necesitaba comprar algo y quién simplemente buscaba un lugar donde pasar la tarde. Hay adolescentes que se reúnen allí porque apenas encuentran otros espacios donde estar sin que nadie les moleste. Hay personas mayores que recorren una y otra vez las galerías porque son lugares cómodos, seguros y climatizados. Hay familias que convierten la visita en el plan del fin de semana aunque sepan que no pueden permitirse muchas de las cosas que ven en los escaparates. Y también hay quienes salen cargados de bolsas sin mirar el precio. Todos comparten el mismo espacio, pero no viven la misma realidad.

Quizá esa mirada tenga mucho que ver con mi profesión. Llevo más de veinte años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad y, cuando hablo con ellas, casi nunca me dicen que su barrio necesite una tienda más. Hablan de otras cosas. De un banco donde sentarse sin que nadie les eche, de una biblioteca donde estudiar, de un centro cívico con más actividades, de un parque donde los niños puedan jugar o de un local vecinal donde reunirse. Hablan, en definitiva, de espacios donde sentirse parte de la ciudad sin que nadie espere que compren algo.

Poco a poco hemos ido sustituyendo las plazas por galerías comerciales, el comercio de proximidad por grandes superficies y la vida de barrio por espacios donde nuestra principal identidad ya no es la de vecinos, sino la de clientes. Quizá suene exagerado, pero a veces tengo la sensación de que hemos dejado de preguntarnos qué ciudad queremos construir y nos limitamos a preguntarnos dónde abrirá la próxima tienda. Y esa diferencia no es menor, porque una ciudad pensada para el consumo no siempre coincide con una ciudad pensada para las personas.

Lo que más me preocupa no es Plaza Park. Es el modelo que representa. Una forma muy concreta de entender el desarrollo urbano en la que progreso parece ser sinónimo de consumo, crecimiento significa más superficie comercial y vida social equivale a espacios privados donde todo está pensado para que permanezcamos el mayor tiempo posible comprando. Un modelo que, además, suele sostenerse sobre sectores donde el empleo existe, sí, pero con demasiada frecuencia se caracteriza por salarios modestos, elevada temporalidad, jornadas parciales y una notable rotación de plantilla, una realidad que también forma parte del debate aunque casi nunca aparezca en las inauguraciones.

No es que construir un parque comercial sea negativo por sí mismo. Lo preocupante es que rara vez imaginamos el futuro de una ciudad desde otros lugares. Nos entusiasma la llegada de una gran superficie, pero cuesta encontrar el mismo entusiasmo cuando se habla de abrir una biblioteca de referencia, un gran centro cultural, un museo, una red de centros cívicos más viva o un proyecto que fortalezca la vida comunitaria. Como si el progreso solo pudiera medirse en metros cuadrados de tiendas, en nuevas franquicias o en cifras de visitantes.

No creo que el futuro de Zaragoza pueda seguir midiéndose por el número de centros comerciales que inaugura. Creo que debería medirse por la capacidad de construir una ciudad donde el consumo no ocupe el centro de la vida colectiva. Una ciudad con más barrio, más espacios públicos de calidad, más cultura, más comercio de proximidad y más lugares donde encontrarnos sin que consumir sea la condición para permanecer allí. Porque una ciudad no debería medirse solo por lo que vende, sino también por la comunidad que es capaz de construir.

Puede que Plaza Park sea un éxito comercial. De verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que, incluso si lo fuera, seguiría haciéndome la misma pregunta: ¿es esa la idea de progreso que queremos para nuestras ciudades?

El día que inauguremos una biblioteca, un centro comunitario, un gran parque urbano o un proyecto que fortalezca la vida en los barrios con la misma ilusión con la que inauguramos un centro comercial, quizá podamos empezar a decir que hemos entendido qué significa realmente construir ciudad.

Y quizá, solo quizá, ese día también habremos conseguido que nuestras ciudades vuelvan a ser lugares donde, antes que clientes, volvamos a sentirnos vecinos.

Cuando pagar más no significa sentirse mejor atendido

Siempre había dado por hecho que pagar más significaba recibir una atención mejor. No necesariamente una medicina mejor, porque sería injusto cuestionar la profesionalidad de quienes trabajan en uno u otro sistema, sino una experiencia más humana, más cómoda y más cuidada. Después de pasar buena parte del día en un hospital privado, ya no estoy tan seguro de que esa relación entre pagar más y sentirse mejor atendido sea tan evidente como solemos creer.

Siempre me he considerado un firme defensor de la sanidad pública. Creo que el acceso a la salud no debería depender de la capacidad económica de cada persona. Sin embargo, la reflexión que me llevo hoy no nace de una posición ideológica previa, sino de una experiencia concreta. He pasado muchas horas en un hospital privado como acompañante y, durante ese tiempo, he tenido ocasión de observar pequeños detalles que terminaron llevándome a una reflexión que no esperaba hacer.

Probablemente mi error fue imaginar que la diferencia sería mucho mayor. Entendía perfectamente que una de las principales ventajas de la sanidad privada es la rapidez. Poder acceder antes a un especialista, reducir listas de espera o realizar determinadas pruebas en menos tiempo son ventajas evidentes y valiosas. Pero también esperaba encontrar algo más. Esperaba una atención especialmente cercana, una mayor disponibilidad del personal, una sensación de acompañamiento constante y, en definitiva, una experiencia que justificara de forma evidente el esfuerzo económico que tantas familias realizan cada mes.

Lo que encontré fue algo bastante distinto. No porque la atención fuera mala ni porque hubiera sucedido nada grave. Todo parecía desarrollarse con normalidad y la intervención salió correctamente. Sin embargo, la sensación general era mucho más parecida a la de cualquier hospital de lo que había imaginado. La comida era similar a la que podría encontrarse en muchos centros públicos. El personal parecía tan ocupado como en cualquier otro lugar. En algunos momentos incluso tuve la impresión de que determinadas consultas o llamadas se recibían con cierta incomodidad. Nada especialmente negativo, pero tampoco esa atención diferencial que muchas veces asociamos a un servicio privado.

Hubo un detalle que me llamó especialmente la atención. La persona a la que acompañaba subió a planta todavía bajo los efectos de la anestesia, prácticamente recién salida del despertar. No puedo valorar si clínicamente era lo adecuado o no, porque no dispongo de los conocimientos necesarios para hacerlo. Lo que sí puedo describir es la sensación que me produjo como acompañante: esperaba un seguimiento más cercano, una mayor presencia de profesionales y una percepción de cuidado más visible durante esos primeros momentos. Quizá era una expectativa equivocada, pero era la que tenía.

Mientras observaba todo aquello empecé a hacerme una pregunta. ¿Qué es exactamente lo que compra una familia de clase media cuando paga un seguro privado? No me refiero a quienes pueden permitirse hospitales exclusivos o servicios reservados para rentas muy altas. Hablo de personas corrientes que destinan una parte significativa de sus ingresos a una póliza sanitaria porque creen que así obtendrán una atención mejor para ellos y para sus familias.

Después de lo vivido hoy, empiezo a pensar que la respuesta es bastante sencilla. Lo que compran, fundamentalmente, es tiempo. Compran una consulta antes, una prueba antes o una intervención antes. Y eso tiene un valor enorme. Cuando la salud está en juego, la espera genera angustia y cualquier reducción de plazos puede marcar una diferencia importante en la vida de una persona. No pretendo restar importancia a esa ventaja.

Lo que me cuestiono es si muchas personas no esperan también algo más cuando pagan. Esperan sentirse más acompañadas, más escuchadas y más cuidadas. Esperan percibir una diferencia evidente en el trato cotidiano. Esperan que haya más personal disponible. Esperan que las dudas no parezcan una molestia. Esperan una experiencia que transmita claramente que están recibiendo algo distinto. Y mi impresión, al menos tras esta experiencia, es que esa diferencia no siempre es tan clara como imaginamos.

Esta reflexión tampoco pretende enfrentar la sanidad pública y la privada. Sería un error caer en esa simplificación. Hay excelentes profesionales en ambos ámbitos y también problemas en ambos. Sin embargo, la experiencia sí me ha llevado a valorar algo que a veces olvidamos. Cuando aparecen las situaciones más complejas, las grandes emergencias, buena parte de la investigación médica o muchos tratamientos altamente especializados, seguimos confiando en una sanidad pública fuerte y bien dotada. Sigue siendo una de las estructuras fundamentales que sostienen nuestro sistema sanitario.

Quizá la conclusión más honesta que puedo extraer de este día es que pagar más no siempre significa sentirse mejor atendido. Lo que esperaba encontrar era una diferencia evidente en la experiencia humana del cuidado. Lo que encontré fue algo mucho más parecido a la normalidad de cualquier hospital.

Y eso me lleva a una última pregunta. Si la principal ventaja que ofrece la sanidad privada es la reducción de los tiempos de espera, ¿no deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en conseguir que la sanidad pública pueda ofrecer esos mismos tiempos razonables a toda la población? Porque, después de lo que he visto hoy, tengo más claro que nunca que una sanidad pública fuerte no es un lujo ni una cuestión ideológica. Es una necesidad colectiva.

La reflexión que me llevo a casa no es que la sanidad privada sea peor. Tampoco que quienes la contratan se equivoquen. Lo que me llevo es una sorpresa: después de tantas horas dentro de un hospital privado, no he encontrado esa gran diferencia que esperaba encontrar.

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