Un espacio personal de Diego Navarro

Categoría: La mirada (Página 1 de 2)

Una forma de mirar lo que pasa. Sin prisa, sin filtros y sin necesidad de tener siempre respuestas.

Cuando una palabra decide lo que vemos

Hay palabras que parecen describir una realidad cuando, en realidad, ya nos están diciendo cómo debemos interpretarla. Elegimos una palabra, la colocamos delante de un hecho y tenemos la sensación de que simplemente le hemos puesto nombre, como si el lenguaje fuera una especie de etiqueta transparente. Pero las palabras nunca llegan solas. Arrastran significados, recuerdos, imágenes, emociones y otras palabras que ni siquiera necesitamos pronunciar. Por eso me ha venido mucho a la cabeza estos días escuchar hablar de la «invasión» de Ceuta.

El 30 y 31 de julio entraron irregularmente en la ciudad alrededor de 72.000 personas desde Marruecos. La cifra resulta difícil incluso de imaginar en una ciudad pequeña y con una población de un tamaño parecido. Aquello desbordó capacidades administrativas, servicios sociales, recursos de protección de menores, seguridad y buena parte de la vida cotidiana de Ceuta. Negar que existió un problema enorme sería tan poco honesto como negar que un movimiento semejante de personas necesita control, planificación y una respuesta por parte del Estado. La cuestión no está en fingir que no pasó nada, sino en preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de llamarlo entrada masiva, crisis migratoria o crisis fronteriza y empezamos a llamarlo invasión.

Puede parecer una discusión semántica, y en cierto modo lo es, pero precisamente por eso importa. Una invasión necesita invasores. Si hay invasores tiene que existir alguien invadido. Aparece un territorio amenazado, una frontera que defender y, casi inevitablemente, un enemigo. Nada de esto necesita ser explicado después porque la palabra ha hecho buena parte del trabajo por nosotros. Una palabra puede contener una conclusión antes incluso de que hayamos empezado a discutir los hechos, y ahí está una de las cosas que más me interesan del lenguaje: no solo sirve para contar lo que vemos, también puede preparar la forma en la que vamos a verlo.

La psicología del lenguaje lleva mucho tiempo estudiando algo que experimentamos constantemente aunque no sepamos ponerle nombre. Las palabras no funcionan como pequeñas etiquetas independientes almacenadas en nuestro cerebro. Cuando escuchamos una palabra activamos conceptos relacionados, experiencias anteriores, emociones y determinados modos de interpretar lo que viene después. No procesamos «invasión» como ocho letras y una definición de diccionario. Aparecen ejércitos, fronteras, ocupaciones, amenazas, resistencia y defensa. Por eso el lenguaje político importa tanto: no siempre es necesario falsear un hecho para condicionar cómo lo interpretamos, porque a veces basta con escoger cuidadosamente la palabra adecuada.

Quizá aquí se me mezclan dos aficiones, Chomsky y la psicología del lenguaje, pero siempre me ha fascinado que podamos discutir durante horas sobre una realidad sin reparar en que alguien eligió antes las palabras con las que íbamos a discutirla. Chomsky dedicó buena parte de su trabajo a mostrar hasta qué punto el lenguaje es una capacidad extraordinariamente compleja y creativa, y otra parte de su vida intelectual a preguntarse quién establece los términos en los que discutimos públicamente sobre el mundo. No hace falta convertir esto en una clase de lingüística para encontrar algo interesante ahí: antes incluso de empezar una discusión, puede haberse decidido ya el terreno sobre el que vamos a mantenerla. No vemos exactamente lo mismo cuando miramos a una persona que cruza una frontera que cuando miramos a un invasor, aunque físicamente tengamos delante a la misma persona.

Y esto tampoco significa idealizar a quien migra. Entre quienes llegaron a Ceuta habrá personas buenas y malas, como las hay entre quienes ya vivían allí. Habrá quien haya cometido delitos y quien nunca haya cometido ninguno, personas egoístas y solidarias, violentas y pacíficas, educadas y desagradables. Migrar no convierte a nadie en mejor persona, pero tampoco lo convierte en peor. Parece una obviedad, aunque buena parte del debate público funciona precisamente olvidándola. Cuando hablamos de miles de personas tendemos a convertirlas en una masa homogénea y dejamos de ver individuos, y ese paso resulta especialmente peligroso cuando la palabra elegida para nombrar a esa masa ya incorpora una carga de amenaza.

La migración puede provocar problemas reales. Una llegada de decenas de miles de personas en apenas unas horas a un territorio pequeño es un problema de gestión de primera magnitud, y quien vive en Ceuta tiene derecho a preocuparse por su seguridad, por sus servicios públicos, por los recursos disponibles y por cómo puede afectar una situación extraordinaria a su vida cotidiana. Reconocer esto no es xenofobia. Lo peligroso empieza cuando damos el siguiente salto y dejamos de hablar del problema que genera una determinada situación para convertir a un colectivo entero en el problema. La migración puede generar conflictos, tensiones y dificultades objetivas, pero eso no convierte automáticamente a cada persona migrante en una amenaza.

Tampoco deberíamos confundir responsabilidades. Estos días se discute sobre el posible papel de Marruecos en lo ocurrido y sobre si pudo existir algún grado de permisividad o utilización política de la frontera. Habrá que esclarecerlo y, si existió una utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política, exigir las responsabilidades correspondientes. Pero incluso en ese supuesto seguiríamos necesitando distinguir algo elemental: quien utiliza a una persona como instrumento y la persona utilizada como instrumento no son necesariamente el mismo actor. Convertir al migrante en soldado porque alguien pueda haber utilizado su migración con una finalidad política vuelve a ser una decisión lingüística antes que una descripción de esa persona.

Y aquí inevitablemente termino pensando en Orwell. En 1984, la Neolengua pretendía reducir progresivamente el vocabulario porque, si desaparecían determinadas palabras, también resultaría cada vez más difícil formular determinados pensamientos. Es una distopía llevada al extremo y sería absurdo afirmar que utilizar una palabra como «invasión» nos sitúa en el mundo imaginado por Orwell. Pero su intuición continúa siendo incómodamente útil, porque quizá no siempre necesitemos eliminar palabras para estrechar la forma en la que pensamos. A veces basta con conseguir que unas sustituyan a otras de forma sistemática y terminen ocupando todo el espacio.

Una persona pasa a ser un ilegal, un grupo de personas se convierte en una oleada, una entrada masiva se transforma en una invasión y quienes cruzan una frontera pasan a ser invasores. Cada cambio parece pequeño, pero poco a poco cambia también aquello que nos parece razonable hacer con esas personas. Y este mecanismo no funciona únicamente con la inmigración. Llamar «incidente» a una tragedia, «daños colaterales» a civiles muertos, «ajuste» a un recorte o «flexibilización» a la pérdida de determinadas condiciones laborales también modifica aquello que estamos viendo. El lenguaje puede utilizarse para exagerar una amenaza, pero también para hacerla desaparecer o convertir en técnico aquello que tiene consecuencias profundamente humanas.

Por eso quizá la cuestión no sea encontrar palabras completamente neutras, porque probablemente no existan. La cuestión es ser conscientes de lo que hacemos cuando elegimos unas y descartamos otras, y de qué ideas estamos introduciendo de contrabando junto a cada palabra. Podemos discutir sobre inmigración, exigir fronteras controladas, mejores políticas migratorias, más recursos para Ceuta, cooperación europea, responsabilidades al Gobierno español o explicaciones a Marruecos. Podemos estar en desacuerdo en casi todo y seguir teniendo una conversación legítima. Pero convendría saber, al menos, cuándo estamos describiendo la realidad y cuándo una palabra ha empezado a decidir por nosotros qué realidad debemos ver.

Ozempic frente a la idea social de que hay que sufrir para adelgazar

Hay algo que me llama la atención cada vez que aparece una conversación sobre Ozempic, Mounjaro y los medicamentos que han cambiado en poco tiempo la forma en la que hablamos de la pérdida de peso. Me interesan muchas de las cuestiones que rodean a estos medicamentos: si realmente funcionan, cuáles son sus efectos secundarios, qué riesgos pueden tener y, especialmente, el enorme negocio que las compañías farmacéuticas están construyendo alrededor de ellos. Sobre algunas de estas cuestiones, como los efectos secundarios, prefiero no entrar demasiado porque no soy médico y creo que conviene hablar desde el conocimiento que uno tiene. Sobre otras, como el negocio farmacéutico y la manera en que se está desarrollando este mercado, sí tengo una opinión bastante clara. Pero hay otra cuestión que me parece también especialmente interesante: la reacción que provocan en una parte de la sociedad. Parece que no basta con que una persona consiga perder peso. Necesitamos saber cómo lo ha conseguido y, sobre todo, cuánto le ha costado.

Si alguien adelgaza después de meses de dieta, gimnasio, restricciones, hambre y disciplina, solemos considerar que ha hecho las cosas bien. Hay un componente casi moral en ese reconocimiento: ha tenido fuerza de voluntad, se ha sacrificado, ha sido constante y, por tanto, se ha ganado el resultado. Pero si esa misma persona consigue perder peso con ayuda de un medicamento, aparece rápidamente la idea de que ha elegido el camino fácil, como si el valor de adelgazar dependiera también de cuánto sufrimiento hayamos podido observar durante el proceso. Y es precisamente esa reacción la que me interesa explorar, porque detrás de ella hay algo que va bastante más allá de Ozempic o Mounjaro: nuestra manera de entender el cuerpo, la salud, la responsabilidad individual y hasta el mérito.

¿Por qué necesitamos que adelgazar cueste?

Vivimos en una sociedad en la que el esfuerzo tiene un valor enorme. No solamente nos gusta conseguir resultados, sino que tendemos a considerar que los resultados son más legítimos cuando creemos que han requerido sacrificio. Lo hacemos constantemente: admiramos a quien ha trabajado mucho para conseguir algo, desconfiamos de quien parece haberlo obtenido demasiado fácilmente y atribuimos parte del mérito de una persona a la dificultad del camino que ha recorrido. Con el peso corporal ocurre algo especialmente llamativo porque, en nuestra cultura, adelgazar se ha convertido en algo más que una cuestión relacionada con la salud. También se ha convertido en una demostración de disciplina. El cuerpo puede terminar funcionando como una especie de escaparate de nuestra supuesta fuerza de voluntad: un cuerpo delgado puede interpretarse como la prueba visible de que una persona se cuida, se controla y sabe renunciar, mientras que un cuerpo gordo se interpreta demasiadas veces como la prueba contraria.

La psicología social lleva años estudiando esta relación entre esfuerzo y valoración de las personas. Ya en 2016 un estudio encontró que el esfuerzo que las personas atribuían a alguien para perder peso influía en la valoración que hacían de esa persona. Investigaciones más recientes han trasladado esta cuestión directamente a los medicamentos GLP-1. En un estudio publicado en 2025, cuando una persona perdía peso utilizando Ozempic, se consideraba que había realizado menos esfuerzo y que merecía menos reconocimiento que otra que conseguía la misma pérdida de peso mediante dieta y ejercicio. Incluso cuando se explicaba que también había realizado dieta y ejercicio, el uso del medicamento seguía reduciendo la percepción de esfuerzo y de reconocimiento asociada al resultado.

Esto me parece bastante revelador, porque entonces la pregunta deja de ser solamente si una persona está más sana o se encuentra mejor y pasa a ser cuánto creemos que se lo ha trabajado. Y no termino de entender por qué necesitamos que la salud tenga una parte de sufrimiento para considerarla legítima.

El hambre tampoco es solamente una cuestión de voluntad

Aquí aparece una pequeña cuestión médica y psicológica que creo que conviene explicar, precisamente porque ayuda a entender el debate sin convertir el artículo en un texto sobre farmacología. Ozempic no es un quemagrasas. Mounjaro tampoco. La semaglutida, principio activo de Ozempic, es un agonista de los receptores GLP-1: imita la acción de una hormona que participa en la regulación de la glucosa, favorece determinados mecanismos relacionados con la producción de insulina y, a través de su acción sobre el sistema nervioso, interviene en la regulación del apetito y la sensación de saciedad. La tirzepatida, principio activo de Mounjaro, actúa sobre dos sistemas, los receptores GIP y GLP-1. En ambos casos estamos hablando de medicamentos que modifican mecanismos fisiológicos relacionados con el hambre y la ingesta, no de productos que simplemente “queman” la grasa corporal.

Y esto introduce una cuestión psicológica bastante interesante. Durante mucho tiempo hemos hablado del hambre como si fuera exclusivamente una decisión: si tienes hambre, comes; si quieres adelgazar, simplemente decides comer menos. Pero nuestro comportamiento alimentario no funciona de una manera tan sencilla. El hambre, la saciedad, la recompensa asociada a la comida y la regulación de la ingesta están influidos por mecanismos biológicos y psicológicos que no controlamos conscientemente en todo momento. El hecho de que podamos decidir qué comemos no significa que podamos decidir cuándo sentimos hambre del mismo modo que decidimos qué ropa ponernos.

Esto no significa que nuestra conducta no importe ni que las decisiones personales sean irrelevantes. Significa algo mucho más sencillo: que el hecho de que podamos tomar decisiones sobre nuestra alimentación no significa que todo lo relacionado con el hambre dependa exclusivamente de nuestra voluntad. Y quizá deberíamos tenerlo presente antes de juzgar a una persona por no haber conseguido adelgazar mediante una supuesta fuerza de voluntad suficiente.

Si existe un tratamiento, ¿por qué nos molesta que alguien lo utilice?

Aquí es donde creo que la discusión se vuelve especialmente interesante. No estoy planteando que todo el mundo deba utilizar estos medicamentos ni que sean adecuados para cualquier persona que quiera perder unos kilos. Tampoco creo que debamos ignorar sus efectos secundarios, sus contraindicaciones, los problemas que puedan surgir con un uso inadecuado o las consecuencias que puede tener convertirlos en productos de consumo asociados a una determinada estética corporal. Son medicamentos y, como cualquier medicamento, tienen riesgos y beneficios que deben valorarse individualmente.

Pero una cosa es discutir eso y otra muy diferente convertir su utilización en una cuestión moral. Si una persona tiene obesidad y un riesgo elevado de sufrir problemas de salud relacionados con ella, y un tratamiento puede ayudarla a perder peso y mejorar determinados factores de riesgo, ¿por qué debería importarnos si lo ha conseguido con menos esfuerzo del que nosotros consideramos necesario?. A nadie le parece especialmente inmoral que una persona con hipertensión utilice un medicamento para controlar su presión arterial en lugar de demostrar que ha sido capaz de conseguirlo únicamente mediante dieta y ejercicio. Tampoco solemos pensar que alguien con diabetes está haciendo trampas porque necesita medicación para controlar su enfermedad.

Sin embargo, con el peso aparece una exigencia diferente. Parece que no basta con conseguir el resultado. Necesitamos aprobar también el método y, cuanto más difícil haya sido el camino, más mérito le atribuimos. Es como si adelgazar tuviera que superar una especie de examen moral en el que no solo importa llegar a la meta, sino demostrar que hemos sufrido lo suficiente para merecerla.

El problema es cuando convertimos la salud en una cuestión de carácter

Quizá una de las razones por las que esta conversación genera tantas reacciones sea que todavía tenemos una tendencia muy fuerte a interpretar el peso como una característica que depende fundamentalmente de las decisiones individuales. Si pensamos que una persona pesa demasiado porque no se controla, entonces adelgazar mediante dieta y ejercicio parece demostrar que finalmente ha conseguido corregirse. Si utiliza un medicamento, esa narrativa se rompe, porque aparece una ayuda externa que demuestra que quizá la cuestión no era tan sencilla como queríamos pensar.

Y aquí aparece algo que me parece especialmente importante: la utilización de estos medicamentos no está eliminando necesariamente el estigma asociado al peso. De hecho, puede estar creando una nueva forma de juicio. La persona que adelgaza con un GLP-1 puede ser percibida como alguien que ha tomado un atajo, y esa percepción se relaciona con valoraciones más negativas sobre ella. Una investigación publicada en 2026, basada en cuatro estudios realizados en Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido, encontró que las personas que utilizaban medicamentos contra la obesidad eran percibidas como menos morales y también recibían valoraciones más negativas en aspectos como competencia, calidez o merecimiento. Los autores relacionan estos juicios, en parte, con la percepción de que habían realizado menos esfuerzo.

Otra investigación experimental publicada también en 2026 encontró que una persona descrita como alguien que había perdido peso utilizando un GLP-1 recibía una valoración más negativa que otra que había perdido la misma cantidad de peso mediante dieta y ejercicio. Es decir, el mismo resultado puede ser valorado de manera diferente dependiendo del camino que imaginemos que ha seguido la persona para conseguirlo.

Es bastante paradójico. Durante años hemos culpado a las personas con obesidad de no hacer suficiente esfuerzo para adelgazar. Ahora que existe una herramienta que puede facilitar la pérdida de peso, podemos seguir culpándolas, pero por haber utilizado esa herramienta. Parece que necesitamos mantener intacta la idea de que el peso dice algo sobre la persona, sobre su carácter, su disciplina o su capacidad para controlarse.

Y sí, las farmacéuticas también tienen mucho que decir

Sería ingenuo ignorar que detrás de todo esto existe un negocio enorme. Y en este punto creo que es importante no caer en una falsa neutralidad. Las compañías farmacéuticas tienen intereses económicos y el mercado de los medicamentos relacionados con la obesidad y la diabetes se ha convertido en uno de los grandes negocios de la industria. No es una sospecha ni una teoría: los propios resultados económicos de las compañías muestran la dimensión que está alcanzando este mercado. Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, registró en 2025 unas ventas de 82.347 millones de coronas danesas en su área de obesidad, frente a 65.146 millones en 2024. Eli Lilly, fabricante de Mounjaro y Zepbound, ingresó en 2025 unos 22.965 millones de dólares por Mounjaro y otros 13.542 millones por Zepbound.

Por tanto, sí, hay un negocio enorme detrás de estos medicamentos. Y precisamente por eso creo que debemos mirarlo con cierta distancia. Cuando una herramienta médica empieza a generar semejantes cantidades de dinero y, además, aparece en el centro de una sociedad obsesionada con el peso, es razonable preguntarse qué parte pertenece al ámbito sanitario y qué parte empieza a responder a la lógica del mercado.

También deberíamos preguntarnos quién puede acceder a estos tratamientos, cuánto cuestan, qué ocurre cuando una persona los necesita pero no puede pagarlos y qué sucede cuando un medicamento pensado para tratar determinadas condiciones médicas empieza a ser presentado socialmente como una solución para conseguir un determinado cuerpo. La industria no crea por sí sola la obsesión por adelgazar, pero tampoco es ajena a ella. Cuando existe una enorme demanda social por modificar el cuerpo y, al mismo tiempo, aparece un producto capaz de hacerlo de una manera eficaz, la oportunidad comercial es evidente.

Pero tampoco creo que la crítica a las farmacéuticas tenga que llevarnos al extremo contrario. Que una empresa gane muchísimo dinero con un medicamento no significa automáticamente que ese medicamento sea inútil o que todas las personas que lo utilizan estén siendo engañadas. Podemos cuestionar el negocio, exigir regulación, transparencia, investigación independiente y acceso equitativo y, al mismo tiempo, reconocer que puede existir una utilidad médica real. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Lo que sí me preocupa es que terminemos aceptando con demasiada facilidad que una cuestión sanitaria se convierta en un enorme mercado de consumo alrededor del cuerpo. Porque entonces corremos el riesgo de que la pregunta deje de ser ¿qué necesita esta persona para mejorar su salud? y pase a ser ¿qué producto necesita para parecerse al cuerpo que socialmente consideramos deseable?.

De medicamento para la diabetes a fenómeno social

Hay otra cuestión que tampoco deja de resultarme llamativa. Estos medicamentos no nacieron simplemente como una respuesta estética a una sociedad que quería adelgazar. La semaglutida forma parte de una familia de medicamentos desarrollados para intervenir en procesos metabólicos y Ozempic está aprobado para mejorar el control de la glucosa en adultos con diabetes tipo 2, además de la dieta y el ejercicio. La tirzepatida también tiene una indicación específica para la diabetes tipo 2 bajo la marca Mounjaro, mientras que otras formulaciones y marcas de estos principios activos tienen indicaciones relacionadas con el control crónico del peso.

Sin embargo, en muy poco tiempo el imaginario social ha conseguido convertir estos medicamentos en algo mucho más sencillo: las inyecciones para adelgazar. La diabetes tipo 2 sigue existiendo, por supuesto, y para quienes conviven con ella estos medicamentos pueden formar parte de un tratamiento médico. Pero esa realidad ha quedado bastante eclipsada en la conversación pública por los famosos que han perdido peso, las fotografías del antes y el después, las discusiones sobre cuántos kilos se pueden perder y la obsesión por conseguir determinados cuerpos.

Y quizá eso también dice bastante de nosotros. Una herramienta terapéutica relacionada con una enfermedad metabólica puede terminar convertida en un fenómeno cultural porque la parte que más nos interesa no es necesariamente la enfermedad, sino el cuerpo que podemos cambiar. La diabetes interesa menos que la báscula.

Incluso existe una paradoja en todo esto. Durante años hemos querido combatir la idea de que la obesidad es simplemente una cuestión de voluntad y hemos intentado entenderla como un problema en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Los medicamentos GLP-1 podrían contribuir a esa mirada más compleja, porque su propio funcionamiento recuerda que el hambre y la regulación del peso tienen una dimensión fisiológica que no se reduce a la voluntad. Pero, al mismo tiempo, el enorme interés social que despiertan puede reforzar otra idea igualmente problemática: que cualquier cuerpo que no encaje en determinado modelo debe ser modificado.

El cuerpo como responsabilidad individual

Quizá aquí esté la parte más social de toda esta historia. Hemos construido una sociedad que habla constantemente de responsabilidad individual. Si tienes una mala situación económica, deberías esforzarte más. Si tienes problemas de salud, deberías cuidarte. Si estás estresado, deberías aprender a gestionarlo. Y si tienes un cuerpo que no encaja en el modelo que consideramos saludable o atractivo, deberías hacer algo para cambiarlo.

Hay algo cómodo en esa explicación porque convierte problemas complejos en decisiones individuales. Si todo depende de lo que haga cada persona, no tenemos que mirar demasiado al entorno, a las condiciones sociales, a la alimentación disponible, a los horarios laborales, a la educación, a la salud mental, a la genética, a las desigualdades económicas o a la propia relación que hemos construido con el cuerpo.

Y con el peso ocurre algo especialmente evidente. El cuerpo se convierte en una especie de currículum visible. Miramos a una persona y creemos poder saber si se cuida, si tiene disciplina, si come bien o si hace ejercicio. Incluso creemos poder saber si merece reconocimiento cuando consigue cambiarlo.

Los medicamentos GLP-1 ponen todo eso en cuestión porque permiten que algunas personas consigan un resultado que antes asociábamos casi exclusivamente al esfuerzo visible. Y quizá por eso generan tanta incomodidad. No porque adelgazar con un medicamento sea necesariamente peor, sino porque rompe una relación que teníamos muy interiorizada entre resultado y sacrificio.

No deberíamos necesitar que alguien sufra para reconocer que está mejor

En el fondo, creo que esta discusión habla de algo bastante más amplio que Ozempic o Mounjaro. Habla de nuestra necesidad de encontrar culpables y de convertir determinadas condiciones de salud en una cuestión de carácter. Nos gusta pensar que cada persona controla completamente su cuerpo porque esa explicación resulta sencilla: si alguien está delgado, ha hecho las cosas bien; si alguien está gordo, no las ha hecho bien; si consigue adelgazar haciendo dieta y ejercicio, ha demostrado que tenía voluntad; si lo consigue con un medicamento, ha tomado un atajo.

Pero la realidad es bastante menos cómoda que eso. Nuestro cuerpo no es un proyecto completamente controlable. La alimentación no es únicamente una suma de decisiones racionales. El hambre no depende exclusivamente de la voluntad. La genética, el metabolismo, el entorno, la salud mental, las condiciones sociales, los hábitos adquiridos y muchos otros factores participan en algo que solemos reducir a una frase tan sencilla como come menos y muévete más.

Por supuesto que existen decisiones personales. Por supuesto que los hábitos importan y, por supuesto, los medicamentos tampoco son una solución mágica ni están exentos de riesgos. Tampoco creo que debamos convertirlos en una especie de milagro médico ni ignorar sus efectos secundarios porque nos interese defender una determinada posición. Precisamente porque son medicamentos, deben utilizarse cuando están indicados y bajo supervisión sanitaria. Pero reconocer todo eso no debería obligarnos a volver a la vieja idea de que quien no consigue adelgazar suficientemente es, sencillamente, alguien que no se ha esforzado lo suficiente.

Quizá el problema sea que seguimos confundiendo salud con mérito. Una persona no debería tener que demostrar cuánto ha sufrido para que reconozcamos que está mejor. Si un tratamiento médico puede ayudar a alguien que lo necesita, utilizarlo no convierte su pérdida de peso en menos legítima. Y si otra persona prefiere hacerlo mediante dieta, ejercicio o cualquier otra estrategia adecuada, tampoco necesita que su esfuerzo sea utilizado para juzgar a quien ha elegido otro camino.

No se trata de defender Ozempic. Tampoco de demonizarlo. Se trata de preguntarnos qué hacemos nosotros con la persona que lo utiliza.

Porque podemos discutir sus efectos, sus riesgos, el papel de las farmacéuticas, el precio de los tratamientos, el acceso desigual o la transformación de estos medicamentos en un fenómeno de consumo. Todo eso merece ser discutido y, en algunos casos, criticado. Pero ninguna de esas discusiones debería convertir a quien necesita un tratamiento en alguien que tiene que justificar moralmente por qué ha decidido utilizarlo.

Al final, quizá la pregunta que deberíamos hacernos no sea por qué algunas personas adelgazan con Ozempic o Mounjaro. Quizá deberíamos preguntarnos por qué nos molesta tanto que alguien pueda mejorar sin sufrir tanto como nosotros creemos que debería sufrir.

Porque si lo que realmente nos importa es la salud, el resultado debería importar bastante más que nuestra necesidad de decidir quién se lo ha ganado.

Ceuta y el precio humano de la crisis migratoria

Las imágenes que han llegado desde Ceuta estos días son difíciles de ignorar. Miles de personas intentando alcanzar territorio español, familias enteras caminando por la playa, menores cruzando a nado, agentes desbordados y una ciudad incapaz de absorber una llegada de semejante magnitud. Es una situación excepcional que ha generado preocupación, incertidumbre y un intenso debate político. Sería ingenuo negar que una entrada masiva de personas plantea un desafío enorme para cualquier país. La gestión de las fronteras es una responsabilidad del Estado y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo debe afrontarse una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, precisamente cuando las emociones son más intensas, es cuando más necesario resulta detenerse a comprender qué está ocurriendo realmente y quiénes son los verdaderos protagonistas de esta historia.

Lo sucedido en Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Todo indica que detrás hay también una crisis diplomática en la que Marruecos ha desempeñado un papel decisivo al relajar o dejar de ejercer el control habitual sobre la frontera durante un tiempo. Cuando miles de personas consiguen cruzar de forma prácticamente simultánea una frontera que normalmente está fuertemente vigilada, resulta evidente que no estamos ante un simple aumento espontáneo de llegadas. Estamos ante un conflicto entre Estados en el que la migración se convierte en un instrumento de presión política. Es una realidad incómoda, pero necesaria para entender el contexto. Las personas migrantes no han diseñado esa estrategia, no controlan las relaciones entre gobiernos ni deciden cuándo se abre o se cierra una frontera. Han sido, una vez más, quienes han quedado atrapados en medio de un pulso que les supera por completo.

Eso no significa que todas las decisiones que toman sean irrelevantes o que la entrada irregular deba contemplarse con indiferencia. Los Estados tienen el derecho y la obligación de proteger sus fronteras, igual que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público. Defender esto no convierte a nadie en xenófobo, del mismo modo que defender la dignidad de las personas migrantes no convierte a nadie en partidario de unas fronteras sin control. El problema aparece cuando el debate deja de centrarse en cómo gestionar una situación compleja y comienza a buscar culpables fáciles.

Y pocas veces hay un culpable más fácil que quien llega sin nada.

Las redes sociales y algunos discursos políticos reaccionan con una velocidad que apenas deja espacio para la reflexión. En cuestión de horas empiezan a circular vídeos sacados de contexto, mensajes que presentan la llegada de miles de personas como una amenaza homogénea e incluso expresiones que dejan de hablar de seres humanos para hablar de masas, invasiones o enemigos. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión sobre la política migratoria, a pedir un mayor control fronterizo o a reclamar cambios legislativos. Todo eso forma parte del debate democrático. Lo preocupante es cuando la discusión deja de dirigirse hacia las políticas y comienza a dirigirse contra las personas.

Porque quienes aparecen en esas imágenes tienen historias muy diferentes entre sí. Algunos huyen de conflictos, otros de la pobreza extrema, otros simplemente buscan oportunidades que jamás han encontrado en su país de origen. También habrá quien actúe movido únicamente por el deseo de mejorar su situación económica. Ninguna de esas circunstancias convierte automáticamente cualquier decisión en correcta ni obliga a un Estado a aceptar toda entrada irregular. Pero tampoco justifica que desaparezca algo tan básico como la capacidad de reconocer que seguimos hablando de personas.

Hay una consecuencia de estas crisis que rara vez ocupa los titulares y, sin embargo, se repite una y otra vez. El rechazo no suele quedarse en quienes acaban de cruzar la frontera. Termina extendiéndose sobre miles de personas migrantes que llevan años viviendo en España, trabajando, pagando impuestos, formando familias y participando de la vida cotidiana como cualquier otro vecino. Basta con que el ambiente social se tense para que muchos vuelvan a sentir que tienen que demostrar constantemente que ellos no son «como los de las noticias». Esa necesidad permanente de justificarse es una carga profundamente injusta, porque nadie debería responder por las decisiones o los actos de un colectivo entero únicamente por compartir un origen.

Quizá ese sea uno de los efectos más peligrosos del discurso de odio. No necesita conocer a las personas. Le basta con una etiqueta. Cuando alguien deja de ser Ahmed, Fátima o Moussa para convertirse simplemente en «el inmigrante», ya no importa su historia, su trabajo, sus esfuerzos o los años que lleve construyendo una vida aquí. La individualidad desaparece y solo queda un estereotipo sobre el que resulta muy sencillo proyectar miedos, frustraciones o problemas que tienen causas mucho más profundas.

Como trabajador social, una de las lecciones que más se repite con el paso de los años es que la realidad nunca cabe dentro de los eslóganes. Detrás de cada expediente hay una biografía distinta, decisiones difíciles, errores, aciertos, pérdidas y esperanzas. Las personas no son categorías administrativas ni titulares de prensa. Tampoco son números en una estadística. Cuando olvidamos eso, dejamos de comprender los problemas sociales y empezamos a construir caricaturas que quizá sirvan para ganar un debate, pero nunca para resolver un conflicto.

La crisis de Ceuta exige respuestas políticas serias. España debe proteger sus fronteras, Europa no puede mirar hacia otro lado y Marruecos debe asumir las responsabilidades que le correspondan si, como todo parece indicar, ha utilizado la migración como un mecanismo de presión diplomática. Todo eso merece un debate firme y honesto. Pero ninguna de esas respuestas mejorará si se alimenta el odio hacia quienes ocupan el último eslabón de toda esta cadena.

Al final, los gobiernos seguirán negociando, las relaciones diplomáticas cambiarán y los titulares acabarán siendo sustituidos por otros nuevos. Quienes permanecerán aquí serán las personas que han sobrevivido a este episodio, tanto las que lograron llegar como las que llevan años intentando construir una vida en nuestro país. Ellas serán quienes soporten durante mucho tiempo las consecuencias de unas decisiones que nunca tomaron. Porque cuando las fronteras se convierten en trincheras políticas, los gobiernos juegan sus partidas, pero quienes siempre terminan pagando el precio más alto son quienes jamás tuvieron poder para mover ninguna ficha.

La política no desaparece cuando dejamos de mirarla

A mí no me gusta la política”. Es una frase que llevo escuchando desde hace muchos años. A veces viene acompañada de otras similares: “son todos iguales”, “es un rollo”, “siempre están peleándose” o “yo paso de esos temas”. En cierto modo, es una reacción comprensible. Basta con encender la televisión o abrir cualquier red social para encontrarse con discusiones interminables, declaraciones cruzadas, escándalos y titulares diseñados para generar indignación. No resulta extraño que muchas personas acaben desarrollando una cierta aversión hacia todo lo que huela a política.

Sin embargo, con el paso del tiempo he llegado a pensar que quizá el problema no es la política, sino la imagen que hemos construido de ella. Hemos terminado identificándola casi exclusivamente con los partidos, los líderes o los enfrentamientos parlamentarios, cuando en realidad la política está presente en muchas más cosas de las que imaginamos. Está en la forma en que se financia la sanidad, en las condiciones de acceso a una vivienda, en el funcionamiento de la educación pública, en las ayudas sociales, en los derechos laborales, en las pensiones o en la manera en que se gestionan los impuestos. Aunque decidamos no seguir la actualidad política, todas esas decisiones seguirán afectando a nuestra vida cotidiana.

Quizá por eso nunca he entendido del todo la idea de que desinteresarse por la política sea una forma de mantenerse al margen. En realidad ocurre justo lo contrario. Podemos decidir no prestar atención, no leer noticias o no participar en ninguna conversación sobre estos asuntos, pero las decisiones continuarán tomándose igualmente. La diferencia es que, si dejamos de interesarnos por ellas, tendremos menos herramientas para comprender por qué cambian determinadas normas, desaparecen ciertos servicios o aparecen otros nuevos.

No creo que todo el mundo deba leer leyes, estudiar ciencia política o seguir cada sesión parlamentaria. Sería una exigencia poco realista. Pero sí pienso que merece la pena conservar una cierta curiosidad por entender qué hay detrás de las decisiones públicas. Preguntarse quién propone una medida, cuál es el problema que intenta resolver, qué consecuencias puede tener, quién gana y quién pierde con ella o qué alternativas existen. Son preguntas sencillas que, sin embargo, ayudan mucho más a comprender la realidad que cualquier eslogan.

Hay otro aspecto que me preocupa especialmente y que, probablemente, tiene mucho que ver con la forma en la que hoy consumimos información. Vivimos rodeados de titulares, vídeos de pocos segundos y publicaciones que simplifican asuntos enormemente complejos. Cada día recibimos decenas de mensajes que pretenden resumir en una frase una ley de cientos de páginas o una decisión política con implicaciones económicas, sociales y jurídicas muy amplias. Poco a poco hemos ido acostumbrándonos a opinar antes de comprender.

No es extraño escuchar debates sobre una norma que casi nadie ha leído o sobre una propuesta que muy pocos conocen más allá del titular que apareció en su red social favorita. En ocasiones incluso discutimos sobre una noticia que nunca llegó a ser cierta, pero cuyo titular circuló lo suficiente como para quedarse grabado en la memoria colectiva. El problema no es solo la desinformación; el problema es que dejamos de sentir la necesidad de ir un poco más allá y averiguar qué dice realmente el texto, cuál es el contexto o qué ideología inspira esa decisión.

Porque todas las decisiones políticas responden a una determinada manera de entender la sociedad. No existen medidas completamente neutras. Detrás de cada ley, de cada reforma y de cada presupuesto hay una idea sobre cuál debe ser el papel del Estado, cómo deben repartirse los recursos, qué derechos deben priorizarse o qué problemas se consideran más urgentes que otros. Es posible estar de acuerdo o en desacuerdo con esa visión, pero para poder formarse una opinión resulta necesario conocerla primero. Cuando solo nos quedamos con el titular, muchas veces terminamos juzgando las consecuencias sin haber comprendido las ideas que las sostienen.

La desafección política también tiene otra consecuencia menos evidente. Cuanto menor es el interés de la ciudadanía por lo que hacen sus instituciones, menor suele ser el nivel de exigencia al que están sometidos quienes toman decisiones. No significa que todos los gobiernos actúen igual, ni que todas las personas que ocupan responsabilidades públicas lo hagan de mala fe. Significa simplemente que cualquier sistema democrático funciona mejor cuando existe una ciudadanía informada, capaz de preguntar, contrastar y exigir explicaciones. La vigilancia pública no depende únicamente de los medios de comunicación o de la oposición política; depende también de millones de personas que dedican un pequeño esfuerzo a entender lo que ocurre.

Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta la política, no pienso que esté rechazando un tema de conversación. Pienso que, probablemente sin pretenderlo, está renunciando a comprender una parte importante de las decisiones que condicionan su propia vida. Y me parece una lástima, porque la política no pertenece a los políticos. Pertenece a toda la sociedad.

No hace falta militar en un partido, acudir a manifestaciones o pasar horas discutiendo en redes sociales para interesarse por la política. Basta con no conformarse siempre con el primer titular, con mantener el hábito de hacerse preguntas y con aceptar que casi todos los asuntos importantes tienen más matices de los que caben en una publicación de doscientas palabras.

Quizá nunca consigamos que la política deje de generar desencanto. Es probable que siga produciendo frustración, decepciones y desacuerdos. Pero entre el entusiasmo incondicional y la indiferencia absoluta existe un espacio muy valioso: el del interés crítico. Ese interés que no consiste en creer a unos u otros, sino en intentar comprender antes de formar una opinión. Y, en tiempos donde la información viaja cada vez más deprisa y la atención dura cada vez menos, quizá esa sea una de las formas más útiles de participación ciudadana que todavía nos quedan.

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