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Una forma de mirar lo que pasa. Sin prisa, sin filtros y sin necesidad de tener siempre respuestas.

El problema no es cuánto pagamos de impuestos, sino cuánto cobramos de salario

16 octubre 2026 / Diego / Sin comentarios

Hay una promesa electoral difícil de rechazar: que a final de mes quede más dinero en nuestra cuenta corriente. Más todavía cuando la vivienda se lleva una parte cada vez mayor del sueldo, hacer la compra cuesta mucho más que hace unos años y muchas familias que trabajan tienen dificultades para llegar a final de mes. Si en ese contexto alguien propone bajar el IRPF, reducir el IVA o aumentar las deducciones fiscales, la reacción más inmediata es bastante comprensible: si voy justo y me quitan menos dinero, viviré un poco mejor.

El Partido Popular lleva tiempo defendiendo la deflactación del IRPF para evitar que las subidas nominales de salarios provocadas por la inflación terminen suponiendo una mayor tributación sin un aumento equivalente del poder adquisitivo. En las últimas semanas ha añadido otras propuestas para aumentar la renta disponible de las familias, como ampliar las desgravaciones por hijos o reducir determinados impuestos sobre productos básicos. Vox plantea una reforma mucho más profunda: un mínimo exento de 22.000 euros y esencialmente dos tipos de IRPF, del 15 % hasta los 70.000 euros y del 25 % por encima de esa cantidad. Son propuestas diferentes y sería tramposo analizarlas como si fueran exactamente lo mismo.

Hay incluso una parte del argumento que comparto. Si una persona cobra más euros únicamente porque su salario intenta compensar la inflación, pero con ese dinero puede comprar prácticamente lo mismo que antes, no tiene demasiado sentido tratarla fiscalmente como si se hubiera enriquecido. La llamada progresividad en frío existe y discutir cómo actualizar determinados parámetros del IRPF es perfectamente razonable. Mi problema empieza un paso antes, porque el problema que tenemos no es únicamente que paguemos impuestos. El problema es que hay salarios que han dejado de ser suficientes para sostener el coste de una vida normal.

Si trabajar cuarenta horas semanales no permite pagar tranquilamente una vivienda, llenar la nevera, asumir los suministros, criar hijos, afrontar un imprevisto y guardar algo para el futuro, quizá la primera pregunta debería ser por qué el trabajo se remunera de esa manera. Sin embargo, estamos desplazando poco a poco esa pregunta hacia otra mucho más cómoda: cuánto dinero nos quita el Estado. Y el cambio no es menor, porque una empresa puede mantener exactamente el mismo salario bruto y, si baja el IRPF, el trabajador tendrá más dinero en su cuenta. Su situación inmediata mejora, por supuesto, pero la empresa no ha tenido que aumentar el salario ni asumir un mayor coste laboral. Parte de la solución a la insuficiencia salarial se ha trasladado desde la relación entre empresa y trabajador hacia los ingresos públicos.

Dicho de otra manera: si un sueldo no alcanza y solucionamos el problema haciendo que el Estado recaude menos, no hemos conseguido necesariamente que el trabajo valga más; hemos conseguido que una parte de lo que faltaba deje de financiarse colectivamente. Y creo que ahí las empresas salen claramente beneficiadas del cambio de marco. La discusión deja de centrarse en salarios, convenios colectivos, distribución de beneficios, productividad o capacidad negociadora de los trabajadores. Ya no preguntamos tanto «¿por qué me pagan tan poco?» y empezamos a preguntarnos «¿por qué Hacienda me quita tanto?». Son dos preguntas legítimas, pero no son la misma pregunta y, sobre todo, no conducen al mismo modelo de sociedad.

Yo sí creo en los impuestos. Lo digo expresamente porque tampoco quiero fingir una neutralidad que no tengo. Creo en una fiscalidad progresiva y en unos servicios públicos fuertes. No porque piense que el Estado gestione bien cada euro que recauda, ni porque crea que todo gasto público esté justificado. Hay administraciones ineficientes, estructuras duplicadas, decisiones absurdas y dinero público utilizado de manera difícilmente defendible. Exigir que los impuestos se gasten bien me parece tan importante como defender su existencia, pero una cosa es discutir cómo gastamos mejor y otra muy diferente concluir que la solución consiste simplemente en recaudar menos.

También creo que quien más capacidad económica tiene debe contribuir más. No como un castigo por ganar dinero, sino porque 100 euros no significan lo mismo para quien ingresa 1.300 euros al mes que para quien ingresa 5.000. Esa es precisamente una de las razones de ser de la progresividad fiscal. Aquí también hay que introducir matices. Deflactar los tramos del IRPF no elimina por sí mismo la progresividad, y sería incorrecto decir que cualquier rebaja fiscal es lineal. Pero tampoco podemos hablar de «devolver dinero a las familias» como si todas las familias estuvieran en la misma situación económica. Y cuando Vox propone reducir prácticamente el sistema a un 15 % hasta los 70.000 euros y un 25 % a partir de ahí, está proponiendo una estructura bastante menos progresiva que la existente. Puede defenderse políticamente, por supuesto, pero también obliga a discutir qué capacidad redistributiva perdemos con ese modelo.

Hay algo que me preocupa todavía más que la nómina del próximo mes. Tenemos cierta tendencia a considerar nuestro salario únicamente como la cantidad que aparece ingresada en nuestra cuenta bancaria. Sin embargo, nuestra capacidad de vivir no depende solamente de ese número. También depende de todo aquello que no necesitamos comprar individualmente porque hemos decidido financiarlo entre todos. Cuando necesito un médico y entro en un centro de salud no saco la tarjeta bancaria. Cuando una persona necesita una operación importante no recibe después una factura de decenas de miles de euros. Una familia puede escolarizar a sus hijos aunque no tenga miles de euros disponibles cada curso. Existe una prestación si perdemos nuestro empleo, pensiones cuando envejecemos, servicios sociales cuando aparecen determinadas necesidades, atención a la dependencia, becas, universidades públicas y multitud de servicios e infraestructuras que apenas relacionamos con nuestra nómina.

Todo eso también forma parte de nuestra riqueza y nada de ello es gratis. Lo hemos pagado antes mediante impuestos y cotizaciones, distribuyendo entre millones de personas riesgos y necesidades que individualmente serían imposibles de asumir para una parte enorme de la población. Podemos llamarlo Estado del bienestar, redistribución, salario indirecto o simplemente sociedad. El nombre me importa menos que la idea: hay cosas que podemos permitirnos precisamente porque no tenemos que pagarlas solos. Por eso me preocupa especialmente esa especie de ilusión contable según la cual pagar menos impuestos nos hace automáticamente más ricos. Puede hacernos disponer de más dinero hoy, eso es verdad, pero la siguiente pregunta debería ser qué dejamos de pagar colectivamente mañana.

Los servicios públicos rara vez desaparecen de golpe. Antes se deterioran. Aumentan las listas de espera, hay menos profesionales, se reducen prestaciones, se endurecen requisitos, se tarda más en acceder y la calidad empieza a depender del territorio o del recurso disponible. Entonces ocurre algo perfectamente previsible: allí donde lo público deja un hueco aparece el mercado para cubrirlo. No tengo ningún problema con que exista una sanidad privada, una educación privada, seguros, planes de pensiones o empresas que presten cuidados. El problema aparece cuando dejan de ser una opción y empiezan a convertirse en la única forma razonable de acceder a algo que necesitamos.

Ahí aparece la paradoja. Hemos ganado dinero porque pagamos menos impuestos, pero empezamos a pagar un seguro médico porque no queremos esperar meses para determinadas pruebas, contratamos servicios educativos porque el sistema público no ofrece determinados apoyos, necesitamos ahorrar individualmente para complementar nuestra jubilación o pagamos cuidados privados porque conseguir atención pública a la dependencia se convierte en una carrera de obstáculos. Y quizá un día descubramos que aquello que nos ahorramos en impuestos no alcanza ni remotamente para pagar individualmente todo lo que antes financiábamos entre todos.

Para una persona con ingresos altos el cambio puede funcionar. Puede elegir colegio, seguro médico, residencia, plan de pensiones y servicios privados. Incluso puede preferir ese modelo y me parece perfectamente legítimo que lo defienda. Mi preocupación está en todos los demás, porque el mercado tiene una lógica distinta a la de un servicio público. No pregunta cuánto necesitas algo, sino cuánto puedes pagar por ello. Y por eso yo prefiero una sociedad en la que una operación quirúrgica dependa de que la necesites y no del saldo de tu cuenta corriente.

Ese es, en el fondo, el motivo por el que defiendo los impuestos. No porque me guste pagarlos. Imagino que a casi nadie le entusiasma ver una retención en su nómina. Los defiendo porque creo que hay una enorme diferencia entre ser ciudadano y ser cliente. Como ciudadano puedo tener derecho a algo aunque individualmente nunca pudiera pagarlo. Como cliente tengo derecho fundamentalmente a aquello que puedo comprar.

Por supuesto que existe otra visión legítima. PP y Vox sostienen que es posible reducir impuestos, eliminar gasto que consideran innecesario, mejorar la eficiencia de la Administración y mantener o incluso mejorar los servicios. Esa es una propuesta política que merece discutirse en sus propios términos. Pero precisamente por eso creo que cada gran rebaja fiscal debería venir acompañada de otra pregunta mucho menos atractiva electoralmente: qué dejamos de ingresar y qué vamos a dejar de pagar con ese dinero. Porque bajar un impuesto cabe en un titular. Explicar qué estructura pública podrá sostenerse dentro de diez o veinte años requiere bastante más espacio.

Y vuelvo entonces al principio. Tenemos un problema real de poder adquisitivo. Hay personas que trabajan y no llegan tranquilamente a final de mes. Hay familias que cada vez dedican una proporción mayor de sus ingresos simplemente a vivir. Hay jóvenes que trabajan y no pueden independizarse. Hay empleos que hace años permitían construir una vida y hoy apenas permiten mantenerla. Pero yo no quiero resolver ese problema simplemente haciendo que esas personas paguen menos impuestos. Quiero que cobren más, que los salarios recuperen su relación con el coste real de la vida, que el trabajo permita vivir y no solamente sobrevivir hasta el siguiente ingreso, que cuando una empresa obtiene beneficios exista también una discusión sobre qué parte llega a quienes producen esos beneficios y que la negociación colectiva tenga fuerza suficiente para discutir salarios y condiciones laborales.

Y después, con esos salarios mejores, quiero seguir pagando impuestos. Porque quiero una sanidad pública que funcione, una educación pública suficientemente buena como para que elegir la privada sea realmente una elección y no una huida, unos servicios sociales capaces de intervenir antes de que las personas caigan del todo, unas pensiones dignas y un sistema de dependencia que no obligue a una familia a preguntarse cuánto patrimonio puede sacrificar para cuidar a alguien.

Seguramente podríamos pagar menos impuestos mañana. Lo que no tengo tan claro es que fuéramos más ricos pasado mañana, porque lo que dejamos de pagar como contribuyentes podemos terminar pagándolo como clientes. Y cuando llegue ese momento habrá personas que podrán pagarlo y otras que simplemente se quedarán fuera.

Cuando una manta se convierte en una amenaza

26 septiembre 2026 / Diego / Sin comentarios

Una manta sirve para quitar el frío. Poco más. No decide una política migratoria, no abre una frontera, no concede un permiso de residencia y no determina quién puede quedarse en un país. Sin embargo, hemos conseguido que una manta roja entregada a una persona que acaba de llegar mojada a una playa pueda convertirse en algo mucho más grande. Para algunos ha dejado de ser un objeto con el que proteger del frío a alguien para convertirse en un símbolo de todo aquello que rechazan.

Llevo tiempo pensando en cómo hemos llegado hasta aquí porque el cambio, visto con cierta perspectiva, resulta llamativo. Durante los meses más duros de la pandemia aplaudíamos desde los balcones y hablábamos de quienes estaban en primera línea. No eran únicamente sanitarios. También estaban quienes atendían a personas mayores, repartían alimentos, acompañaban a quienes se habían quedado solos o intentaban llegar hasta las personas que la emergencia había dejado todavía más atrás. Durante un tiempo cuidar parecía haberse convertido casi en un valor colectivo.

No tardamos demasiado en empezar a ver otra imagen. En Canarias, durante la crisis migratoria de 2020 y 2021, trabajadores y voluntarios de Cruz Roja comenzaron a denunciar insultos, amenazas y situaciones de acoso por atender a las personas que llegaban a las islas. Algunos dejaron de llevar visible el uniforme cuando terminaban su turno y comenzaron a guardar el chaleco en el maletero. Resultaba especialmente significativo el testimonio de un voluntario que recordaba cómo durante la crisis de los cayucos de 2006 las ambulancias eran recibidas con aplausos cuando acudían a una playa. Quince años después, haciendo esencialmente lo mismo, escuchaban gritos de «Cruz Roja criminal».

Hablar simplemente de un creciente odio hacia las ONG quizá sea simplificarlo, porque creo que detrás está ocurriendo algo bastante más profundo. Entre aquellas imágenes había también mantas. Las hemos visto cientos de veces sobre los hombros de personas que acaban de bajar de una embarcación. Lo extraño es que poco a poco también empezamos a escuchar discusiones sobre esas mantas, sobre los bocadillos, sobre las botellas de agua. Objetos insignificantes económicamente adquirían un enorme valor simbólico porque parecían representar algo mucho más importante: alguien estaba recibiendo algo y comenzábamos a preguntarnos si tenía derecho a recibirlo.

La DANA de Valencia volvió a mostrar hasta qué punto había crecido esa desconfianza. Mientras miles de personas trataban de ayudar de todas las formas posibles, comenzaron a circular mensajes que aseguraban que Cruz Roja no estaba allí, que había tardado días en aparecer, que apenas había movilizado personal, que las donaciones no llegaban o que se preocupaba más por las personas migrantes que por quienes acababan de perderlo todo. Una parte importante de aquellas afirmaciones era falsa. Hay registros de la intervención de Cruz Roja desde el mismo 29 de octubre de 2024 y los verificadores documentaron también cómo se reutilizaron imágenes e informaciones de otros contextos para sostener la idea de que la organización abandonaba a los afectados mientras destinaba recursos a otros colectivos.

Por supuesto que esto no significa que haya que defender todo lo que hace una ONG. Me parecería incluso peligroso plantearlo así. Las organizaciones sociales pueden hacerlo mal, pueden burocratizarse, gestionar mal un programa, tomar decisiones equivocadas, gastar mal el dinero o terminar creando estructuras demasiado alejadas de las personas a las que supuestamente sirven. Cuando reciben financiación pública tienen además la obligación de explicar qué hacen con ella y aceptar el mismo escrutinio que debemos exigir a cualquiera que gestione recursos públicos.

Pero criticar no es lo mismo que sospechar sistemáticamente. Hay una diferencia enorme entre cuestionar una actuación concreta y construir un relato en el que cualquier cosa que haga una organización sirve para confirmar que algo oscuro hay detrás. Si recibe una subvención, vive del dinero público. Si pide donaciones, quiere enriquecerse. Si ayuda a personas migrantes, solo ayuda a extranjeros. Si interviene en una catástrofe que afecta mayoritariamente a españoles, se afirma que no está allí. La conclusión comienza a existir antes que los hechos y cualquier imagen puede utilizarse después para sostenerla.

En Ceuta hemos dado otro paso. Ya no hablamos únicamente de publicaciones en redes sociales o de comentarios debajo de una fotografía. Durante la crisis migratoria de este verano se han producido protestas para impedir que los vehículos de Cruz Roja llevaran comida y agua hasta las personas que permanecían en la playa de El Trampolín, y voluntarios de distintas organizaciones han denunciado insultos, amenazas y hostigamiento simplemente por repartir alimentos. Una responsable de la ONG Luna Blanca lo resumía de una manera difícil de ignorar: les increpaban por dar comida caliente y les decían que dejaran pasar hambre a esas personas para que regresaran a su país.

Ahí es donde para mí cambia la naturaleza del problema. Podemos discutir cuántas personas puede acoger un territorio, cómo deben gestionarse las fronteras, qué política migratoria queremos o qué responsabilidades corresponden a cada administración. Son debates legítimos y además necesarios. Pero cuando una persona pasa hambre delante de nosotros y empezamos a considerar que darle comida dificulta la política migratoria que queremos aplicar, hemos pasado a discutir algo diferente. Ya no estamos hablando solamente de inmigración. Estamos empezando a decidir quién merece ser auxiliado.

Y me preocupa especialmente porque este rechazo a las organizaciones sociales aparece al mismo tiempo que una desconfianza creciente hacia lo público. Llevamos años escuchando que la Administración es lenta, cara, burocrática e ineficiente. Muchas veces lo es y quienes trabajamos cerca de los servicios sociales conocemos perfectamente hasta qué punto una persona puede agotarse pasando de una ventanilla a otra buscando una respuesta. Pero al mismo tiempo despreciamos cada vez más a esa sociedad civil organizada que históricamente ha ocupado parte del espacio al que el Estado no llega.

El modelo español se ha construido precisamente sobre esa convivencia. Tenemos servicios públicos, pero también asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que desarrollan programas de atención, acompañamiento e inclusión financiados en muchas ocasiones mediante recursos públicos. No es una anomalía ni algo que las organizaciones hayan inventado para conseguir subvenciones. La propia legislación española reconoce al Tercer Sector de Acción Social y establece mecanismos de colaboración con las administraciones públicas, al mismo tiempo que recuerda que esa colaboración no puede servir para que las administraciones abandonen sus responsabilidades.

Se puede discutir, y creo que deberíamos hacerlo mucho más, dónde tiene que estar la frontera. Hay servicios que quizá nunca deberían haberse delegado. Hay programas que funcionan año tras año mediante subvenciones temporales cuando responden a necesidades que sabemos perfectamente que seguirán existiendo. Hay profesionales sosteniendo derechos con proyectos que terminan el 31 de diciembre y vuelven a empezar, si hay suerte, unos meses después. Defender el papel de las organizaciones sociales no debería significar aceptar que el Estado pueda retirarse tranquilamente y dejarles a ellas el trabajo.

Pero me inquieta pensar qué ocurre si deslegitimamos las dos cosas al mismo tiempo. Si los servicios públicos son un despilfarro y las organizaciones sociales son chiringuitos subvencionados, solo queda una tercera posibilidad: convertir cada vez más necesidades en productos. Quien pueda pagar cuidados los tendrá. Quien pueda pagar atención psicológica la tendrá. Quien pueda pagar una residencia podrá elegirla. Quien pueda pagar apoyos para afrontar una discapacidad, la crianza o una situación de dependencia tendrá más posibilidades de resolverlas. Y quien no pueda dependerá de su familia, de su entorno o de que alguien decida voluntariamente ayudarle.

No tengo ninguna prueba de que exista un plan organizado para desacreditar a las ONG con el objetivo de sustituir nuestro modelo social por ese otro y no pretendo convertir una preocupación en una teoría de la conspiración. Los cambios sociales tampoco necesitan necesariamente una sala en la que varias personas decidan cómo van a producirse. A veces ocurren de una manera mucho más sencilla. Cambia lo que pensamos de los impuestos, de la pobreza, de quien recibe una ayuda, de los servicios públicos o de quien necesita una prestación y, poco a poco, comienzan a parecernos razonables cosas que algunos años antes no lo habrían parecido.

Es ahí donde llevo tiempo dándole vueltas a otro precedente histórico que creo que merece ser observado con mucho cuidado. Las comparaciones con el nazismo suelen utilizarse con demasiada facilidad y muchas veces sirven precisamente para dejar de pensar. No creo que quien critique a Cruz Roja sea un nazi, ni que repartir mantas en Ceuta nos coloque automáticamente ante una repetición de la Alemania de los años treinta. Lo que me interesa es algo bastante más concreto: qué sucede cuando la solidaridad deja de construirse alrededor de la necesidad y empieza a organizarse alrededor de la pertenencia.

El Partido Nazi tuvo sus propias estructuras de asistencia incluso antes de llegar al poder. La Nationalsozialistische Volkswohlfahrt nació en Berlín en 1931 como una pequeña organización de ayuda vinculada al partido y destinada inicialmente a personas necesitadas de su propio entorno. Después de la llegada de Hitler al poder en 1933 fue transformada en una enorme organización de bienestar extendida por Alemania. Al mismo tiempo, el régimen fue controlando las organizaciones sociales existentes, cerrando algunas e integrando otras dentro de un sistema en el que la ayuda quedaba sometida a la concepción nazi de quién pertenecía a la comunidad nacional.

El Winterhilfswerk, el conocido Auxilio de Invierno, proporciona quizá la imagen más clara. Recaudaba dinero y distribuía alimentos y otros productos entre personas necesitadas, pero no era simplemente una organización benéfica. Formaba parte de la construcción propagandística de la Volksgemeinschaft, esa comunidad nacional que el régimen presentaba como un pueblo unido y solidario. La documentación histórica muestra cómo aquellas campañas combinaban asistencia real con propaganda y con una determinada idea de quién formaba parte de esa comunidad.

Ahí encuentro una cuestión que sí me parece útil traer hasta el presente sin necesidad de comparar dos momentos históricos que son evidentemente distintos. La solidaridad puede entenderse como una respuesta ante la necesidad de una persona o puede entenderse como un privilegio que concedemos a quienes reconocemos como miembros de nuestro grupo. En el primer caso vemos a alguien que tiene frío y le damos una manta. En el segundo empezamos por preguntarnos quién es, de dónde viene, por qué está aquí y si merece recibirla.

Quizá por eso me impresionan tanto las mantas. Una manta roja sobre los hombros de alguien que acaba de llegar a una playa no resuelve prácticamente nada. Esa persona seguirá teniendo delante una frontera, un procedimiento administrativo, posiblemente una orden de devolución o una solicitud de protección internacional, meses de incertidumbre y una vida que tendrá que intentar reconstruir. La manta únicamente consigue que durante un rato tenga menos frío, pero hemos sido capaces de convertir incluso ese gesto mínimo en un campo de batalla.

Podemos fiscalizar a Cruz Roja y a cualquier otra organización. Podemos reclamar que las administraciones hagan directamente aquello que les corresponde, cuestionar subvenciones, exigir transparencia y discutir todas las políticas migratorias que queramos. Nada de eso debería incomodarnos en una democracia. Lo que sí debería hacerlo es llegar al punto en el que alguien considere que dar comida a una persona hambrienta o cubrir con una manta a una persona que tiene frío constituye una amenaza.

Porque entonces quizá la manta no sea realmente el problema. Quizá lo que estamos discutiendo, aunque todavía no siempre lo formulemos así, es quién tiene derecho a formar parte de ese nosotros al que estamos dispuestos a cuidar. Y la historia debería habernos enseñado que, cuando una sociedad empieza a dedicar demasiados esfuerzos a decidir quiénes son los nuestros, siempre termina apareciendo una segunda pregunta mucho más peligrosa: qué hacemos con todos los demás.

No sabemos qué votarán «los nietos». Y precisamente de eso se trata

21 septiembre 2026 / Diego / 1 comentario

Hay algo que me resulta especialmente inquietante de todo lo que está ocurriendo alrededor de la llamada ley de nietos, y no tiene que ver únicamente con la Ley de Memoria Democrática, con lo que hizo el Ministerio de Justicia al desarrollarla o con si una instrucción administrativa interpretó de forma demasiado amplia lo que habían aprobado las Cortes. Esa discusión existe y es legítima. La ley reconoció el derecho a optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles y, posteriormente, la instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció que se presumiría la condición de exiliado para quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Se puede discutir jurídicamente si esa presunción encaja exactamente en lo que dice la ley, porque precisamente de ahí nace buena parte del conflicto. Lo que me resulta mucho más difícil de entender es que, mientras esa discusión jurídica se resuelve, hayamos terminado hablando no solo de quién tiene derecho a la nacionalidad española, sino también de qué podría ocurrir si esas personas votan.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinados efectos de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (el CERA) de quienes han obtenido la nacionalidad al amparo de esta normativa. Conviene decirlo bien porque la diferencia es importante: el Supremo no les ha retirado la nacionalidad española. Estas personas continúan siendo españolas. El litigio afecta al censo y, por tanto, a la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio mientras se resuelve el fondo del asunto. La mayoría de la Sala ha considerado que el importante incremento del CERA puede plantear riesgos para la objetividad y transparencia del proceso electoral y ha relacionado ese aumento con sus posibles efectos sobre las circunscripciones y la representación. La Junta Electoral Central ha terminado acatando la decisión, aunque también dentro de ella se han producido importantes discrepancias sobre el alcance de la medida.

Ahí es donde, para mí, la discusión deja de ser únicamente administrativa y empieza a plantear preguntas mucho más profundas. Si existen dudas sobre cómo se ha aplicado una norma de nacionalidad, habrá que resolverlas. Si una instrucción administrativa excedió lo que aprobó el legislador, corresponde a los tribunales determinarlo. Pero resulta difícil separar de la dimensión política un razonamiento que pone el foco en que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo podría modificar el resultado de unas elecciones, porque eso es precisamente lo que hacen los ciudadanos cuando votan: modificar resultados electorales. Para eso existe el sufragio. La democracia no consiste en conservar una determinada composición del electorado para que el resultado sea previsible, sino en permitir que participen todas las personas que legalmente tienen derecho a hacerlo.

Aquí aparece además una paradoja difícil de ignorar. La nacionalidad de estas personas no ha sido anulada, siguen siendo españolas y, sin embargo, el efecto práctico de la medida cautelar puede ser que no puedan ejercer temporalmente uno de los derechos políticos vinculados a esa condición. Y no es una contradicción que aparezca únicamente en el debate político o mediático. Dentro del propio Supremo existe una discrepancia: la magistrada Alicia Millán sostiene en su voto particular que las medidas acordadas impiden a ciudadanos ejercer un derecho político derivado de una nacionalidad que ha sido reconocida legalmente y que continúa produciendo efectos. Frente al riesgo futuro que aprecia la mayoría, su posición pone el foco en un perjuicio mucho más inmediato: ciudadanos españoles que pueden quedar privados del ejercicio del voto mientras se resuelve el fondo del asunto.

Pero hay otra parte de esta historia que me interesa incluso más porque dice mucho de cómo pensamos políticamente. De fondo sobrevuela una especie de presuposición sobre quiénes son estas personas y qué podrían votar. Son hijos, nietos o descendientes de españoles que se marcharon durante determinados periodos de nuestra historia y, en muchos casos, descendientes del exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura. A partir de ahí parece demasiado fácil dibujar mentalmente el resto de su biografía política: si sus abuelos fueron republicanos o huyeron del franquismo, sus descendientes serán progresistas, votarán a la izquierda y modificarán de determinada manera el resultado electoral. El problema es que las personas no funcionan así y, por mucho que nos simplifique el análisis, tampoco las familias transmiten una ideología como transmiten un apellido.

La nacionalidad puede transmitirse entre generaciones. Los apellidos también. Podemos heredar historias familiares, relatos, vínculos culturales e incluso recuerdos de acontecimientos que nosotros nunca vivimos, pero la ideología no se hereda jurídicamente ni se transmite genéticamente. Un nieto de un republicano puede ser socialista, conservador, liberal, comunista, anarquista, votar a Vox, al PP, al PSOE, a cualquier otra opción o no votar absolutamente a nadie. Puede sentir una enorme vinculación con España o prácticamente ninguna, y puede pedir la nacionalidad porque forma parte de la historia de su familia, porque quiere recuperar un vínculo que se perdió, porque le facilita vivir o trabajar en Europa o por una combinación de motivos personales que desde aquí ni siquiera conocemos.

Además, obtener la nacionalidad y quedar inscrito en el censo tampoco implica ninguna obligación de votar. Tener derecho al sufragio no significa ejercerlo, y mucho menos significa votar a una determinada opción. Por eso me cuesta aceptar cualquier construcción en la que cientos de miles de personas dejan de ser individuos y pasan a convertirse en una especie de bloque electoral imaginario. No sabemos qué piensan, no sabemos si votarán y, si lo hacen, tampoco sabemos a quién. Y precisamente de eso se trata. El voto es una decisión individual y libre; si pudiéramos anticiparlo colectivamente en función del origen familiar, de quiénes fueron sus abuelos o de por qué adquirieron la nacionalidad, estaríamos negando buena parte de lo que significa el propio derecho al sufragio.

Hay además una confusión histórica que aparece constantemente cuando hablamos de este tema: identificar automáticamente republicano con izquierda. Son conceptos distintos. Ser republicano significa, en lo fundamental, defender una determinada forma de jefatura del Estado frente a la monarquía, mientras que ser de derechas o de izquierdas tiene que ver con posiciones políticas, económicas y sociales mucho más amplias. Se puede ser republicano y conservador, republicano y liberal, republicano y socialista, y también se puede ser monárquico y situarse en posiciones ideológicas muy diferentes. La propia historia española demuestra que ambos ejes no son equivalentes: durante la Segunda República hubo gobiernos y mayorías parlamentarias de tendencias distintas, incluidas fuerzas conservadoras y de derechas, y aquello no convirtió España en una monarquía. Una cosa es decidir cómo se configura la jefatura del Estado y otra muy distinta decidir qué políticas fiscales, laborales, económicas, sociales o territoriales queremos.

Por eso reducir a los descendientes del exilio a «nietos de republicanos» y, desde ahí, imaginar su comportamiento electoral acumula dos simplificaciones sucesivas. Primero se da por supuesto que la historia política de sus abuelos define la de toda la familia y después se identifica republicanismo con voto de izquierdas. Ninguna de las dos cosas tiene por qué ser cierta. Incluso aunque una persona conozca perfectamente la historia política de su abuelo, la reivindique y considere importante recuperar una nacionalidad que su familia perdió, puede haber llegado a conclusiones políticas completamente diferentes ochenta años después. Eso ocurre en cualquier familia española y no hay ninguna razón para pensar que las familias de la emigración o del exilio funcionen de otra manera.

Y todavía hay algo anterior a todo esto. La denominada ley de nietos no debería entenderse únicamente como una fábrica de nuevos electores. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática contempla varios supuestos de acceso a la nacionalidad: personas nacidas fuera de España descendientes de españoles originarios afectados por el exilio, hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución y también hijos mayores de edad de personas a quienes se reconoció la nacionalidad de origen mediante determinados mecanismos anteriores. Llamarla ley de nietos resulta útil para entender de qué estamos hablando, pero también simplifica una realidad jurídica bastante más compleja.

Podemos discutir si la técnica legislativa fue buena, si la instrucción posterior amplió demasiado alguno de los supuestos o si deberían haberse establecido otros mecanismos de prueba. Todo eso forma parte de un debate jurídico perfectamente legítimo. Lo que no debería confundirse con esa discusión es el cálculo sobre qué efecto electoral pueden tener esas personas una vez reconocidas como españolas. Si empezamos a valorar la incorporación de ciudadanos al censo dependiendo de cómo imaginamos que podrían votar, dejamos de preguntarnos únicamente quién cumple los requisitos para ser ciudadano y empezamos a introducir otra pregunta mucho más incómoda: qué ciudadanos nos convienen electoralmente.

Una democracia puede revisar cómo concede la nacionalidad, exigir documentos, modificar leyes, corregir procedimientos administrativos y someter todas esas decisiones al control de los tribunales. Pero una vez reconocida una nacionalidad válida, los derechos que derivan de ella no deberían mirarse con sospecha porque aumente el número de ciudadanos o porque alguien imagine que esos nuevos electores pueden alterar un resultado. Ese es precisamente el sentido de unas elecciones: que el resultado dependa de lo que decidan quienes tienen derecho a participar y no de una previsión previa sobre lo que sería políticamente más conveniente.

Quizá algunos sean nietos de republicanos y otros no. Algunos conservarán las ideas políticas de sus familias y otros pensarán exactamente lo contrario que sus abuelos. Habrá personas de izquierdas, de derechas, republicanas, monárquicas, indiferentes a la política y seguramente muchas que nunca participen en unas elecciones españolas. Podemos reconocerles una historia familiar, una nacionalidad y unos derechos sin necesidad de atribuirles también una ideología, porque si hay algo que deberíamos asumir cuando reconocemos a alguien como ciudadano es precisamente que, llegado el momento de votar, no sabemos qué hará con ese derecho. Y precisamente de eso se trata.

Cuando una palabra decide lo que vemos

4 septiembre 2026 / Diego / Sin comentarios

Hay palabras que parecen describir una realidad cuando, en realidad, ya nos están diciendo cómo debemos interpretarla. Elegimos una palabra, la colocamos delante de un hecho y tenemos la sensación de que simplemente le hemos puesto nombre, como si el lenguaje fuera una especie de etiqueta transparente. Pero las palabras nunca llegan solas. Arrastran significados, recuerdos, imágenes, emociones y otras palabras que ni siquiera necesitamos pronunciar. Por eso me ha venido mucho a la cabeza estos días escuchar hablar de la «invasión» de Ceuta.

El 30 y 31 de julio entraron irregularmente en la ciudad alrededor de 72.000 personas desde Marruecos. La cifra resulta difícil incluso de imaginar en una ciudad pequeña y con una población de un tamaño parecido. Aquello desbordó capacidades administrativas, servicios sociales, recursos de protección de menores, seguridad y buena parte de la vida cotidiana de Ceuta. Negar que existió un problema enorme sería tan poco honesto como negar que un movimiento semejante de personas necesita control, planificación y una respuesta por parte del Estado. La cuestión no está en fingir que no pasó nada, sino en preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de llamarlo entrada masiva, crisis migratoria o crisis fronteriza y empezamos a llamarlo invasión.

Puede parecer una discusión semántica, y en cierto modo lo es, pero precisamente por eso importa. Una invasión necesita invasores. Si hay invasores tiene que existir alguien invadido. Aparece un territorio amenazado, una frontera que defender y, casi inevitablemente, un enemigo. Nada de esto necesita ser explicado después porque la palabra ha hecho buena parte del trabajo por nosotros. Una palabra puede contener una conclusión antes incluso de que hayamos empezado a discutir los hechos, y ahí está una de las cosas que más me interesan del lenguaje: no solo sirve para contar lo que vemos, también puede preparar la forma en la que vamos a verlo.

La psicología del lenguaje lleva mucho tiempo estudiando algo que experimentamos constantemente aunque no sepamos ponerle nombre. Las palabras no funcionan como pequeñas etiquetas independientes almacenadas en nuestro cerebro. Cuando escuchamos una palabra activamos conceptos relacionados, experiencias anteriores, emociones y determinados modos de interpretar lo que viene después. No procesamos «invasión» como ocho letras y una definición de diccionario. Aparecen ejércitos, fronteras, ocupaciones, amenazas, resistencia y defensa. Por eso el lenguaje político importa tanto: no siempre es necesario falsear un hecho para condicionar cómo lo interpretamos, porque a veces basta con escoger cuidadosamente la palabra adecuada.

Quizá aquí se me mezclan dos aficiones, Chomsky y la psicología del lenguaje, pero siempre me ha fascinado que podamos discutir durante horas sobre una realidad sin reparar en que alguien eligió antes las palabras con las que íbamos a discutirla. Chomsky dedicó buena parte de su trabajo a mostrar hasta qué punto el lenguaje es una capacidad extraordinariamente compleja y creativa, y otra parte de su vida intelectual a preguntarse quién establece los términos en los que discutimos públicamente sobre el mundo. No hace falta convertir esto en una clase de lingüística para encontrar algo interesante ahí: antes incluso de empezar una discusión, puede haberse decidido ya el terreno sobre el que vamos a mantenerla. No vemos exactamente lo mismo cuando miramos a una persona que cruza una frontera que cuando miramos a un invasor, aunque físicamente tengamos delante a la misma persona.

Y esto tampoco significa idealizar a quien migra. Entre quienes llegaron a Ceuta habrá personas buenas y malas, como las hay entre quienes ya vivían allí. Habrá quien haya cometido delitos y quien nunca haya cometido ninguno, personas egoístas y solidarias, violentas y pacíficas, educadas y desagradables. Migrar no convierte a nadie en mejor persona, pero tampoco lo convierte en peor. Parece una obviedad, aunque buena parte del debate público funciona precisamente olvidándola. Cuando hablamos de miles de personas tendemos a convertirlas en una masa homogénea y dejamos de ver individuos, y ese paso resulta especialmente peligroso cuando la palabra elegida para nombrar a esa masa ya incorpora una carga de amenaza.

La migración puede provocar problemas reales. Una llegada de decenas de miles de personas en apenas unas horas a un territorio pequeño es un problema de gestión de primera magnitud, y quien vive en Ceuta tiene derecho a preocuparse por su seguridad, por sus servicios públicos, por los recursos disponibles y por cómo puede afectar una situación extraordinaria a su vida cotidiana. Reconocer esto no es xenofobia. Lo peligroso empieza cuando damos el siguiente salto y dejamos de hablar del problema que genera una determinada situación para convertir a un colectivo entero en el problema. La migración puede generar conflictos, tensiones y dificultades objetivas, pero eso no convierte automáticamente a cada persona migrante en una amenaza.

Tampoco deberíamos confundir responsabilidades. Estos días se discute sobre el posible papel de Marruecos en lo ocurrido y sobre si pudo existir algún grado de permisividad o utilización política de la frontera. Habrá que esclarecerlo y, si existió una utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política, exigir las responsabilidades correspondientes. Pero incluso en ese supuesto seguiríamos necesitando distinguir algo elemental: quien utiliza a una persona como instrumento y la persona utilizada como instrumento no son necesariamente el mismo actor. Convertir al migrante en soldado porque alguien pueda haber utilizado su migración con una finalidad política vuelve a ser una decisión lingüística antes que una descripción de esa persona.

Y aquí inevitablemente termino pensando en Orwell. En 1984, la Neolengua pretendía reducir progresivamente el vocabulario porque, si desaparecían determinadas palabras, también resultaría cada vez más difícil formular determinados pensamientos. Es una distopía llevada al extremo y sería absurdo afirmar que utilizar una palabra como «invasión» nos sitúa en el mundo imaginado por Orwell. Pero su intuición continúa siendo incómodamente útil, porque quizá no siempre necesitemos eliminar palabras para estrechar la forma en la que pensamos. A veces basta con conseguir que unas sustituyan a otras de forma sistemática y terminen ocupando todo el espacio.

Una persona pasa a ser un ilegal, un grupo de personas se convierte en una oleada, una entrada masiva se transforma en una invasión y quienes cruzan una frontera pasan a ser invasores. Cada cambio parece pequeño, pero poco a poco cambia también aquello que nos parece razonable hacer con esas personas. Y este mecanismo no funciona únicamente con la inmigración. Llamar «incidente» a una tragedia, «daños colaterales» a civiles muertos, «ajuste» a un recorte o «flexibilización» a la pérdida de determinadas condiciones laborales también modifica aquello que estamos viendo. El lenguaje puede utilizarse para exagerar una amenaza, pero también para hacerla desaparecer o convertir en técnico aquello que tiene consecuencias profundamente humanas.

Por eso quizá la cuestión no sea encontrar palabras completamente neutras, porque probablemente no existan. La cuestión es ser conscientes de lo que hacemos cuando elegimos unas y descartamos otras, y de qué ideas estamos introduciendo de contrabando junto a cada palabra. Podemos discutir sobre inmigración, exigir fronteras controladas, mejores políticas migratorias, más recursos para Ceuta, cooperación europea, responsabilidades al Gobierno español o explicaciones a Marruecos. Podemos estar en desacuerdo en casi todo y seguir teniendo una conversación legítima. Pero convendría saber, al menos, cuándo estamos describiendo la realidad y cuándo una palabra ha empezado a decidir por nosotros qué realidad debemos ver.

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