Un espacio personal de Diego Navarro

Categoría: Lo social (Página 1 de 2)

Lo que nos rodea como sociedad. Estructuras, problemas y realidades que van más allá de lo individual.

Cuando un problema público se convierte en un seguro privado

Tengo que renovar la medicación de la tiroides. No estoy enfermo, no me pasa nada urgente y tampoco necesito que nadie investigue qué me ocurre. Es simplemente uno de esos tratamientos continuados que cada cierto tiempo requieren que el médico vuelva a renovar la prescripción. Algo bastante rutinario. Llevo varios días entrando para pedir cita con mi médico de Atención Primaria y no hay. Ni pronto ni tarde: sencillamente no aparece ninguna cita disponible dentro del periodo que puedo consultar, que es de un mes.

En mi caso no pasa nada especialmente grave. Puedo esperar, volver a intentarlo mañana, llamar al centro de salud o buscar la manera de solucionarlo antes de quedarme sin medicación. Pero mientras miraba otra vez la pantalla pensé que el problema no era realmente mi tiroides. El problema es que podría estar enfermo. Podría tener fiebre, llevar varios días con un dolor que no sé interpretar, necesitar que alguien me escuche el pecho o tener cualquier problema que no es una urgencia hospitalaria pero que tampoco debería esperar semanas. Para eso estaba, entre otras cosas, el médico de cabecera. Y cuando esa puerta deja de estar disponible, la gente no deja de enfermar. Busca otra puerta.

Después nos sorprendemos de que se llenen los dispositivos de urgencias de Atención Primaria o las urgencias de los hospitales. Seguro que hay quien utiliza mal las urgencias, como utilizamos mal muchas otras cosas, pero creo que a veces hemos construido un relato demasiado sencillo en el que el ciudadano parece ser siempre el responsable del colapso. Quizá habría que preguntarse también qué hace alguien cuando lleva días intentando conseguir una cita y no puede. Si cerramos la entrada normal al sistema, no debería sorprendernos demasiado que terminemos entrando por donde todavía queda una puerta abierta.

Y justo estos días se produjo una coincidencia que me hizo pensar bastante en todo esto. Mientras yo intentaba conseguir cita con mi médico, Recursos Humanos nos envió un correo ofreciéndonos la posibilidad de contratar un seguro médico privado con unas condiciones y un precio reducido por ser trabajadores de la empresa. En mi caso cuesta algo más de 57 euros al mes. Evidentemente una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. La empresa ofrece una ventaja a sus trabajadores y mi centro de salud tiene sus propios problemas. Pero la coincidencia casi parecía una metáfora: llevo días sin conseguir que me atienda la sanidad pública y, de repente, aparece en mi correo una solución que consiste en pagar para que probablemente me atiendan antes.

Y reconozco que durante unos minutos hice las cuentas. Puedo pagar esos 57 euros. No me supondrían tener que elegir entre el seguro y llenar la nevera. Y precisamente lo que estoy echando en falta ahora mismo es lo que esos seguros venden mejor: rapidez, facilidad para coger una cita, poder elegir una consulta y tener la sensación de que cuando necesitas un médico hay alguien al otro lado. No estoy buscando una sanidad mejor, estoy buscando que alguien me atienda, y precisamente ahí está lo que me incomoda.

Soy defensor de la sanidad pública, y eso no significa que tenga que fingir que funciona estupendamente. Al contrario. Creo que una de las peores formas de defender algo es negar sus problemas. Nuestra sanidad pública tiene dificultades evidentes, especialmente en Atención Primaria: faltan profesionales, faltan tiempos, hay agendas imposibles y demasiadas veces la solución parece consistir en pedir un poco más de esfuerzo a quienes ya están dentro. Y esto no ha aparecido de repente ni puede atribuirse cómodamente a un único gobierno o a unas únicas siglas. Durante años, gobiernos de distinto signo han tomado decisiones, aplazado inversiones o permitido que determinados problemas se fueran haciendo estructurales. Podemos discutir responsabilidades, y seguramente unas decisiones han tenido más peso que otras, pero mientras lo hacemos el resultado cotidiano es bastante más sencillo: intentas pedir cita y no la hay.

Mi problema, por tanto, no es que exista la sanidad privada. Ni siquiera creo que una persona haga nada reprochable por contratarla. Si alguien puede permitírselo y considera que le mejora la vida, es perfectamente comprensible que lo haga. Mi preocupación empieza cuando contratarla deja de ser una elección y empieza a convertirse en la respuesta razonable al mal funcionamiento de la pública. Porque entonces ya no estamos hablando simplemente de dos modelos que conviven, sino de algo mucho más peligroso: una sanidad a dos velocidades en la que unos pueden pagar para escapar de las esperas y otros no tienen ninguna salida.

Yo puedo plantearme pagar esos 57 euros. Hay personas que no, y quizá esa sea la parte de todo esto que más me preocupa desde el trabajo social. Porque cuando hablamos de deteriorar un servicio público a veces parece que hablamos de presupuestos, modelos de gestión, competencias autonómicas o discusiones parlamentarias, pero los servicios públicos tienen una función mucho más básica: conseguir que determinadas cosas importantes no dependan del dinero que tengas. Una persona con un buen sueldo podrá contratar un seguro, pagar una consulta, buscar otra opinión o adelantar una prueba. Una persona que vive con una pensión mínima, una prestación, un salario precario o simplemente llega justa a final de mes tendrá que esperar. Y los problemas de salud no esperan mejor porque seas pobre.

Ahí es donde creo que la defensa de la sanidad pública deja de ser una cuestión ideológica en el sentido más pequeño de la palabra y se convierte en una cuestión de igualdad. La sanidad pública no es importante solamente porque sea pública. Es importante porque, al menos en su principio, cuando entramos por la puerta dejamos de ser clientes con distinta capacidad de compra y nos convertimos en pacientes. La enfermedad no pregunta cuánto ganas antes de aparecer y una sociedad mínimamente decente tampoco debería preguntártelo antes de decidir cuánto tienes que esperar para recibir atención.

Además, hay algo curioso en nuestra relación con los seguros privados. Muchas veces hablamos de ellos como si por una cantidad relativamente pequeña al mes compráramos una especie de sanidad paralela completa. Y no es así. Los seguros tienen contratos, límites, copagos, carencias, exclusiones y condiciones. Algunas pruebas necesitan autorización, determinados tratamientos tienen límites y existen problemas de salud cuya cobertura puede ser muy distinta de lo que uno imaginaba cuando vio el precio de la póliza. Es normal: no son un servicio público, son un producto comercial y la aseguradora necesita que ese producto sea rentable.

Quizá no seamos demasiado conscientes de todo lo que eso significa porque en España hay algo detrás que cambia completamente la película: sigue estando la sanidad pública. Podemos contratar un seguro económico para conseguir una cita rápida con un especialista y sentir que tenemos cubierta nuestra salud, pero sabemos que, si las cosas se ponen realmente feas, sigue existiendo un sistema público al que recurrir. Está el hospital público, las urgencias, los tratamientos complejos, las unidades altamente especializadas y toda una estructura que no depende de que nuestra póliza considere rentable o no atender determinado problema. Eso permite que convivamos con bastante tranquilidad con la letra pequeña de los seguros. Si alguna puerta privada se cierra, sabemos que todavía existe otra.

Y creo que ahí está una de las paradojas que pocas veces tenemos en cuenta cuando comparamos ambos modelos. Parte de la tranquilidad con la que podemos contratar seguros baratos, aceptar exclusiones o asumir determinados límites existe precisamente porque detrás está la pública. Si ese respaldo desapareciera, si realmente nuestra salud dependiera por completo de lo que cubriera una póliza privada, probablemente leeríamos de otra manera cada exclusión, cada carencia y cada copago. Importaría muchísimo cuánto cubre realmente un seguro de 57 euros, qué ocurre si desarrollas una enfermedad crónica, qué tratamientos están incluidos, durante cuánto tiempo o cuánto cuesta subir de nivel cuando la póliza básica deja de ser suficiente.

Por eso me cuesta aceptar el argumento de que la solución natural a los problemas de la sanidad pública sea contratar un seguro privado. Puede ser mi solución individual, claro, e incluso puede que un día termine haciéndolo. Pero sería una derrota colectiva bastante extraña: deterioramos un sistema que es de todos, quienes pueden permitírselo compran una salida y después utilizamos esa salida como prueba de que el sistema privado funciona mejor. Mientras tanto, quienes tienen menos recursos, las personas más vulnerables o quienes ya están en situaciones de exclusión continúan dependiendo del mismo sistema público al que cada vez exigimos más mientras le damos menos capacidad para responder.

También me preocupa otra explicación que empieza a aparecer con demasiada facilidad cuando hablamos del deterioro de los servicios públicos: somos más, ha llegado mucha población migrante y por eso todo está saturado. Evidentemente, si una población aumenta hay que adaptar los servicios. Parece una obviedad. Si en un barrio viven veinte mil personas y unos años después viven treinta mil, habrá que tener más médicos, más profesores, más transporte y más recursos sociales. Lo sorprendente sería querer atender a treinta mil personas con los recursos que ya eran justos para veinte mil y después responsabilizar a las diez mil nuevas de que el sistema no funcione.

Convertir a quien llega en la causa del problema resulta mucho más sencillo que preguntarnos por qué los servicios públicos no han crecido al mismo ritmo que las necesidades. La inmigración puede aumentar la demanda, como lo hacen el envejecimiento, la cronicidad o cualquier cambio demográfico, pero una sociedad que crece necesita infraestructuras y servicios que crezcan con ella. El problema no es que haya personas utilizando la sanidad. Para eso existe la sanidad. El problema aparece cuando pretendemos atender más necesidades sin aumentar de forma suficiente los recursos y después buscamos a alguien a quien señalar en la sala de espera.

Yo sigo entrando estos días para ver si aparece una cita y sigo sin haber contratado aquel seguro. Puede que hacerlo fuera lo más práctico. Algo más de 57 euros al mes y probablemente muchas de estas pequeñas situaciones serían más fáciles. Pero hay algo que me sigue chirriando: para resolver un problema provocado por el debilitamiento de un servicio que ya financiamos entre todos, la respuesta que empieza a parecernos normal es pagar una segunda vez por nuestra cuenta.

Quizá algún día termine haciéndolo. No descarto esa contradicción, porque defender lo público tampoco obliga a convertir cada decisión cotidiana en una prueba de pureza ideológica. Si necesito atención y puedo conseguirla, seguramente actuaré como casi todo el mundo y buscaré la forma de resolver mi problema. Pero precisamente por eso quiero una sanidad pública que funcione: porque yo puedo pagar esos 57 euros y habrá quien no pueda hacerlo, y una de las razones por las que existe la sanidad pública es precisamente para que, cuando enfermamos, eso no importe.

Sacamos a Nada de la selva, pero no de la vulnerabilidad

Hace poco escuché la historia de Nada Itrab y, conforme avanzaba, tenía la sensación de que en una sola vida se estaban cruzando casi todos los temas que me interesan y sobre los que suelo escribir: la migración, la pobreza, el choque entre culturas, la vulnerabilidad, la manipulación religiosa, la psicología, el trabajo social, la explotación laboral y sexual, la protección de la infancia, la policía e incluso la política internacional. Es una historia tan extrema que podría parecer construida para una película, pero sucedió de verdad. Comenzó en un barrio de L’Hospitalet de Llobregat, continuó en la selva boliviana y, aunque hubo un rescate espectacular, no terminó cuando Nada regresó a España. Al escucharla, además, hubo una idea que se me quedó especialmente clavada: la indiferencia de quienes ven que algo está sucediendo, saben o intuyen que no está bien y, aun así, continúan con su vida.

Nada llegó desde Marruecos cuando tenía cuatro años. Su familia buscaba aquí una vida mejor, pero acabó viviendo en una situación de pobreza extrema, sin autorización de residencia, en un piso ocupado, sin agua corriente y con enormes dificultades para cubrir las necesidades más básicas. Años después apareció en sus vidas Grover Morales, un vecino boliviano que se mostraba amable, religioso y dispuesto a ayudar. Les llevaba comida, hacía arreglos en la vivienda y fue convirtiéndose en alguien cercano. No irrumpió en la familia mediante la violencia, sino a través de aquello que más necesitaban: apoyo, confianza y una cierta sensación de seguridad.

Esto es importante porque la vulnerabilidad no convierte inevitablemente a nadie en víctima, pero sí ofrece oportunidades a quienes saben aprovecharse de ella. Cuando una familia carece de dinero, papeles, redes sociales y apoyos institucionales, cualquier persona que resuelva una necesidad concreta puede adquirir un poder enorme. La ayuda deja de ser solamente ayuda y puede convertirse en dependencia. Morales supo presentarse como alguien necesario hasta conseguir que los padres de Nada autorizaran ante notario que viajara con él a Bolivia. Supuestamente serían unas vacaciones de una semana, un premio porque la niña había sacado buenas notas. Nada tenía nueve años y nunca había subido a un avión. Para una niña que ocultaba ante sus compañeros que su familia no podía permitirse unas vacaciones, aquel viaje debía de parecer una aventura extraordinaria.

Lo que encontró al llegar fue algo muy distinto. Morales destruyó su pasaporte, la aisló, le cambió el nombre y comenzó a ejercer sobre ella un control cada vez mayor. La llevó hasta una comunidad de Aeminpu, un movimiento religioso mesiánico de origen andino, donde fue sometida a una ceremonia después de la cual él le dijo que ya era su esposa. No fue un matrimonio de conveniencia ni una costumbre cultural que debamos intentar comprender desde el relativismo. Fue un matrimonio infantil forzado, sin ninguna posibilidad de consentimiento, utilizado para justificar la apropiación de una niña. Durante los siete meses siguientes, Nada sufrió agresiones sexuales, violencia física, adoctrinamiento y explotación laboral en plantaciones de coca. Fue obligada a trabajar durante jornadas interminables mientras su captor le hacía creer que con aquel dinero podrían recuperar su pasaporte y regresar a España. La misma capacidad de esfuerzo que hasta entonces había empleado para estudiar la utilizó para sobrevivir.

Sin embargo, cuando Nada habla de lo que vivió, no se refiere únicamente a la violencia de su secuestrador. También recuerda la indiferencia de las personas que fueron apareciendo a su alrededor. Gente que veía a una niña de nueve años en una situación extraña, trabajando, aislada y presentada como la esposa de un adulto, pero que no preguntaba, no intervenía o prefería aceptar la explicación que resultara menos incómoda. A ella le sorprendió comprobar que podía estar rodeada de personas y continuar completamente sola. El peligro no procedía únicamente de quien la agredía, sino también de la tranquilidad con la que los demás conseguían convivir con aquello.

Quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar. Solemos imaginar que, ante una situación extrema, cualquiera haría algo. Pensamos que denunciaríamos, que preguntaríamos o que intentaríamos proteger a la víctima. Sin embargo, la realidad está llena de personas que ven solo una parte, se convencen de que no saben suficiente, consideran que no les corresponde intervenir o esperan que alguien con más autoridad se haga cargo. La indiferencia no siempre consiste en no sentir nada. A veces consiste en sentir cierta incomodidad y encontrar rápidamente una explicación que nos permita seguir adelante sin implicarnos.

También aquí se mezclan muchas cuestiones que solemos analizar por separado. Hay migración, pero el origen marroquí de Nada no explica lo que le sucedió. Hay religión, pero reducirlo a un enfrentamiento entre creencias sería absurdo: el agresor utilizó una organización religiosa para ejercer el control y, años después, Nada encontró en el islam una fuente de consuelo y una forma de entender el perdón. Hay pobreza, pero la pobreza no secuestra ni agrede a nadie. Lo que hace es reducir las alternativas, aumentar las dependencias y permitir que determinadas amenazas permanezcan ocultas. Y hay un supuesto viaje hacia un lugar que desde Europa llamaríamos despectivamente «el tercer mundo», aunque el engaño se preparó en Barcelona, la familia quedó desprotegida en España y buena parte del abandono posterior también ocurrió aquí. La geografía no sirve para repartir civilización y barbarie de una manera tan cómoda.

Mientras Nada trataba de sobrevivir en Bolivia, se puso en marcha una investigación en la que participaron los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y las autoridades bolivianas. La operación tuvo que atravesar fronteras, burocracias y tensiones políticas entre el Gobierno español y el de Evo Morales. Finalmente, dos agentes de la Guardia Civil consiguieron localizarla en la selva y sacarla con vida. Fue un trabajo policial extraordinario y conviene reconocerlo. Hay ocasiones en las que las instituciones funcionan, sus profesionales se implican y una actuación pública salva literalmente una vida. En marzo de 2014, Nada volvió a Barcelona agarrada de la mano de uno de los agentes que había participado en su rescate. Tenía diez años y seguía preocupada por si tendría que repetir curso. Durante el vuelo, el agente vio cómo guardaba en un bolsillo el pan que había sobrado de la comida. Había salido de la selva, pero su cuerpo y su cabeza continuaban preparados para sobrevivir.

Podríamos pensar que a partir de ese momento comenzó su recuperación. Sin embargo, lo que empezó fue otra etapa de desprotección, esta vez mucho menos llamativa y sin helicópteros, operaciones internacionales ni cámaras esperando en el aeropuerto. Nada fue separada de sus padres y pasó por dos centros de protección de menores. Aquella decisión podía resultar comprensible ante la gravedad de lo sucedido y la situación familiar, pero proteger a una niña no consiste solamente en apartarla temporalmente del peligro. Requiere ofrecerle estabilidad, vínculos seguros, atención psicológica, continuidad educativa y un proyecto de vida que no dependa únicamente de su capacidad para resistir. Después de varios años en centros, alrededor de los catorce fue devuelta al mismo entorno familiar precario del que había salido, pese a que sus padres habían sido condenados por abandono. Volvió a convivir con el miedo, la violencia, la falta de recursos y la inseguridad residencial.

Además, la administración que había asumido su protección no regularizó adecuadamente su situación documental. Nada llevaba en España desde los cuatro años y había sido reconocida como víctima de trata, pero llegó a la mayoría de edad sin una residencia que le permitiera trabajar con normalidad o solicitar determinadas becas. Habíamos conseguido traerla desde el interior de Bolivia, pero no darle unos papeles en el país en el que había crecido. Habíamos organizado una compleja operación policial para localizarla, pero no una intervención social suficientemente estable para evitar que volviera a pasar hambre, a dormir con miedo o a sentirse atrapada en su propia casa.

Al escuchar esta segunda parte resulta difícil no encontrar una continuidad con aquello que Nada cuenta sobre Bolivia. Ya no estaba delante la misma indiferencia ni se producía en las mismas circunstancias, pero el mecanismo se parecía demasiado. Allí hubo personas que vieron a una niña viviendo algo que no era normal y continuaron con sus vidas. En España hubo instituciones, profesionales y una sociedad que conocían, al menos parcialmente, su extrema vulnerabilidad, pero tampoco consiguieron ofrecerle una protección continuada. No afirmo que todas las personas que intervinieron miraran hacia otro lado. Sabemos que algunos policías, docentes y otros profesionales se preocuparon sinceramente por ella. Precisamente por eso sus actuaciones destacan tanto. El problema es que una vida no puede depender de que, dentro de un sistema que debería protegerla, aparezca de vez en cuando alguien dispuesto a ir más allá.

Desde el trabajo social, esa es quizá la parte de la historia que más me interpela. Nosotros también podemos acostumbrarnos a conocer situaciones muy graves sin llegar a verlas por completo. Podemos intervenir sobre una necesidad, rellenar un informe, realizar una derivación y confiar en que otra persona continuará el proceso. No siempre es indiferencia personal y muchas veces existen cargas de trabajo, falta de recursos, competencias administrativas fragmentadas o límites profesionales muy reales. Pero para quien necesita ayuda, la diferencia entre la indiferencia y un sistema incapaz de responder puede resultar bastante pequeña. El resultado es el mismo: su sufrimiento es conocido, queda registrado en algún lugar y, aun así, continúa.

Estamos acostumbrados a hablar de rescates como si fueran un momento concreto: abrir una puerta, detener a un agresor o sacar a alguien de un lugar peligroso. Sin embargo, el rescate verdadero suele comenzar después. Rescatar también es conseguir una vivienda segura, tramitar una autorización de residencia, acompañar un proceso terapéutico, mantener un entorno educativo estable y ofrecer una persona de referencia que no desaparezca cada vez que cambia el recurso, el profesional o el expediente. La protección no puede medirse únicamente por haber evitado el peor desenlace. Que una persona sobreviva no significa que la intervención haya funcionado.

Desde mi interés por la psicología, también me resulta especialmente duro pensar en cómo Nada tuvo que ordenar lo que le había sucedido. Durante años habló muy poco de Bolivia y llegó a interpretar aquello como una especie de viaje que había salido mal. No era una mentira consciente, sino una forma de colocar a distancia algo demasiado doloroso para poder integrarlo. Según ha contado ella misma, aprendió a explicar los hechos desde la parte más lógica de su mente mientras mantenía desconectadas las emociones. La disociación, el silencio y la aparente frialdad no son pruebas de que el trauma haya desaparecido. A veces son precisamente las herramientas que permiten continuar viviendo cuando todavía no existen condiciones seguras para mirar atrás.

La educación fue uno de los lugares en los que Nada encontró esa seguridad. Se esforzó por obtener las mejores notas, ganó un premio por un trabajo escolar y consiguió llegar a la universidad. Es tentador convertir esta parte en una historia de superación personal: si alguien que ha vivido todo aquello pudo estudiar, cualquiera podría hacerlo. Pero esa lectura sería profundamente injusta. Su capacidad, su inteligencia y su esfuerzo son admirables, aunque no pueden utilizarse para esconder todo lo que le faltó. La resiliencia explica que una persona haya conseguido mantenerse en pie, no que las condiciones que la rodeaban fueran aceptables. Celebrar su fortaleza sin señalar los fallos del sistema sería otra forma de mirar hacia otro lado.

A finales de 2022, la periodista Neus Sala quiso saber qué había sido de aquella niña a la que la policía había rescatado casi una década antes. La encontró estudiando, dando clases particulares y viviendo todavía en una enorme precariedad. Nada seguía sin papeles y sin los apoyos que necesitaba. Sala la ayudó a regularizar su situación, encontrar atención psicológica y acceder a una alternativa residencial. Su relación terminó convirtiéndose en algo mucho más personal que un trabajo periodístico y juntas han escrito Yo soy Nada. La historia de un secuestro y dos rescates. El segundo rescate no fue una operación policial, sino el inicio de un acompañamiento que permitió a Nada comprender su propia historia y empezar a construir una vida fuera de aquel entorno.

Pero esta segunda parte tampoco debería dejarnos tranquilos. Es bonito que una persona se implique y cambie la vida de otra, pero resulta preocupante que derechos tan básicos dependan de un encuentro casual y de la insistencia de alguien con contactos, conocimientos y voluntad de ayudar. Si Neus Sala no hubiera preguntado qué había pasado con aquella niña, ¿cuánto tiempo más habría permanecido Nada en la misma situación? El apoyo individual puede reparar parte del daño, pero no puede sustituir a un sistema de protección. Una vida no debería depender de tener la suerte de encontrarse con la persona adecuada.

Uso el plural en el título de forma consciente. Digo que sacamos a Nada de la selva porque aquella operación fue realizada por instituciones que también son nuestras y por profesionales que actuaron en nombre de la sociedad. Y digo que no supimos sacarla de la vulnerabilidad porque tampoco quiero observar el fracaso como si perteneciera únicamente a una administración lejana. Fallaron organismos concretos y habrá que determinar sus responsabilidades, pero también existe una forma colectiva de mirar estos casos. Nos conmueve el secuestro, admiramos el rescate y después perdemos el interés cuando comienza la parte lenta, cotidiana y menos visible de la recuperación.

Nada no quiere que el dolor se convierta en su identidad. Estudia Derecho y Relaciones Internacionales y quiere emplear su experiencia para defender a otras víctimas de trata y abuso. Tiene derecho a decidir cómo cuenta su historia y qué hace con ella, sin quedar condenada para siempre a ser «la niña secuestrada en Bolivia». Su vida no debe servir únicamente para emocionarnos ni para construir un relato extraordinario de supervivencia. También debería obligarnos a revisar qué entendemos por proteger y por qué tantas veces confundimos sacar a alguien del peligro con haber resuelto su vida.

Sacamos a Nada de la selva, y eso fue extraordinario. Lo que no supimos fue acompañarla después, garantizar sus derechos y ofrecerle la seguridad necesaria para dejar de vivir en modo supervivencia. Quizá porque rescatar durante unas horas puede ser una hazaña, mientras que cuidar durante años exige recursos, coordinación, profesionales, paciencia y una responsabilidad que no desaparezca cuando dejan de mirar las cámaras. La indiferencia que marcó su cautiverio no terminó completamente con su regreso a España, sino que adquirió formas menos evidentes y más fáciles de justificar. Ahí es donde la historia de Nada deja de ser solamente la historia excepcional de una niña y se convierte en una pregunta bastante incómoda para todos nosotros: cuántas cosas somos capaces de ver sin llegar realmente a mirarlas.

Bajas laborales: cuando el trabajo enferma, pero nadie mira a la empresa

Hay palabras que no son inocentes. Palabras que, a fuerza de repetirse, terminan construyendo una determinada forma de mirar la realidad. Absentismo laboral es una de ellas. Cada cierto tiempo aparecen titulares, informes empresariales y discursos preocupados por el aumento de las ausencias al trabajo. Se habla de costes, productividad, competitividad y jornadas perdidas. Y en medio de todas esas cifras, con demasiada frecuencia, acaba apareciendo también la persona que está de baja médica, como si estar enfermo fuera simplemente no haber ido a trabajar.

Una baja laboral no es una decisión unilateral del trabajador de quedarse en casa. Es una situación de incapacidad temporal reconocida porque, durante un periodo determinado, una persona no se encuentra en condiciones de desempeñar su trabajo. Puede deberse a una enfermedad común, a un accidente, a una enfermedad profesional o a otras situaciones contempladas por nuestro sistema de protección social. No es un privilegio concedido por la empresa ni una muestra de falta de compromiso. Es un mecanismo de protección de la salud y un derecho vinculado a nuestro sistema de Seguridad Social.

Confundir una baja laboral con el absentismo es uno de los errores más frecuentes del debate público. Una incapacidad temporal reconocida médicamente no es una conducta irresponsable ni una falta de compromiso con el trabajo: es un derecho del trabajador cuando su estado de salud le impide desempeñar su actividad. Equipararla a quien decide no acudir a su puesto sin causa justificada no solo es jurídicamente incorrecto, sino que además contribuye a estigmatizar a quienes realmente están enfermos.

Esto no significa negar que puedan existir fraudes o abusos. Existen, como existen en prácticamente cualquier ámbito de la vida social, empresarial o institucional. Pero convertir la excepción en la explicación general es una forma interesada de construir el problema. Cuando una persona falta injustificadamente a su puesto de trabajo estamos ante una situación muy diferente de aquella en la que un profesional sanitario determina que no puede trabajar. Meter ambas realidades en el mismo saco puede ser útil para determinadas estadísticas, pero socialmente tiene consecuencias: convierte la enfermedad en sospecha. Y esa sospecha, además, nunca se reparte por igual.

Cuando aumentan las bajas laborales, una de las primeras preguntas suele ser qué les ocurre a los trabajadores. Se habla de su salud, de su capacidad para afrontar la presión, de su resiliencia, de sus problemas personales, de sus hábitos o de su manera de gestionar las emociones. La mirada se dirige inmediatamente hacia el individuo. Es él quien enferma y, por tanto, parece lógico concluir que el problema está en él. Sin embargo, hay una pregunta que hacemos con mucha menos frecuencia: ¿qué está ocurriendo en los lugares de trabajo?.

Esta cuestión resulta especialmente importante cuando hablamos del aumento de los problemas de salud mental relacionados, directa o indirectamente, con el trabajo. Ansiedad, depresión, agotamiento emocional, insomnio, miedo constante a equivocarse, sensación de no llegar nunca, conflictos enquistados, acoso, falta de reconocimiento, incertidumbre permanente o la obligación de trabajar durante años dentro de dinámicas profundamente deterioradas. No todo malestar psicológico tiene su origen en el empleo, evidentemente. Sería tan simplista afirmar eso como sostener lo contrario. Pero tampoco podemos seguir tratando el entorno laboral como si fuera un escenario neutro en el que las personas simplemente entran con sus problemas desde casa. El trabajo puede proteger la salud mental, pero también puede deteriorarla.

Hay organizaciones en las que la sobrecarga se ha convertido en normalidad, equipos que funcionan permanentemente al límite y responsabilidades que aumentan sin que aumenten los recursos. Hay mandos que confunden dirigir con controlar, culturas empresariales donde reconocer que no se puede más se interpreta como debilidad y conflictos que nunca se resuelven, sino que simplemente se dejan pudrir. En esos entornos, muchos trabajadores aprenden a callar porque saben que señalar un problema puede convertirlos precisamente en el problema. Y cuando finalmente alguien enferma, el sistema vuelve a individualizar lo ocurrido.

La persona recibe una baja médica. Acude a terapia, si puede acceder a ella. Aprende técnicas para gestionar la ansiedad. Trabaja su autoestima, sus límites, su capacidad de afrontamiento o su regulación emocional. Quizá toma medicación y quizá pasa semanas o meses intentando recuperarse. Todo el esfuerzo se concentra en conseguir que esa persona vuelva a estar en condiciones de regresar al mismo lugar del que salió enferma, mientras la organización puede continuar exactamente igual.

Esta es una de las contradicciones que más deberíamos cuestionar. Podemos invertir enormes esfuerzos en reparar individualmente a trabajadores dañados sin preguntarnos seriamente qué elementos del entorno contribuyeron a ese daño. La persona tiene que cambiar, adaptarse, fortalecerse y aprender nuevas herramientas. La empresa, en cambio, puede limitarse a esperar su reincorporación. Y cuando llega la vuelta, con demasiada frecuencia, quien regresa después de una baja relacionada con su salud mental vuelve al mismo puesto, a la misma carga de trabajo, al mismo responsable, al mismo conflicto y a las mismas dinámicas que existían antes de marcharse.

Incluso puede regresar bajo una nueva mirada: la del trabajador frágil, problemático o poco fiable. A veces no hace falta que nadie lo diga expresamente. Se percibe en los comentarios, en determinadas decisiones o en esa pregunta aparentemente inocente sobre si ahora será capaz de aguantar. Y quizá esa palabra, aguantar, explique buena parte del problema.

Hemos normalizado que un buen trabajador es quien aguanta, quien sigue adelante aunque esté agotado, quien no se queja, quien no coge una baja, quien responde mensajes fuera de horario y quien asume más tareas porque «todos estamos igual». Hemos llegado a convertir el deterioro de la propia salud en una demostración de compromiso profesional. Parece que cuanto más soporta una persona antes de romperse, mejor trabajador ha sido.

Desde una perspectiva sindical, defender el derecho a la baja no consiste en celebrar que las personas enfermen ni en ignorar el impacto que las ausencias pueden tener sobre los equipos. Precisamente porque una baja afecta también a los compañeros, resulta imprescindible mirar cómo se gestionan las plantillas. Cuando una ausencia provoca que el resto tenga que asumir una carga insoportable, el problema no es que el trabajador enfermo haya ejercido su derecho a recuperarse. El problema es una organización que funciona sin margen suficiente para asumir algo tan previsible como que las personas, en algún momento de su vida laboral, pueden enfermar.

Culpabilizar al compañero que está de baja puede ser cómodo. Evita preguntarse por qué una sola ausencia desestabiliza todo un servicio, por qué no se sustituye a quien falta, por qué las plantillas trabajan permanentemente bajo mínimos o por qué determinadas dinámicas se mantienen durante años aunque todo el mundo sepa que están generando sufrimiento. También evita una pregunta todavía más incómoda: ¿cuántas bajas podrían evitarse si actuáramos antes?.

Actuar antes de que la ansiedad impida levantarse de la cama, antes de que el agotamiento se convierta en incapacidad, antes de que un conflicto laboral termine destruyendo psicológicamente a una persona y antes de que alguien necesite meses para recuperarse de un entorno al que después tendrá que regresar. Porque, en demasiadas ocasiones, la intervención comienza cuando el daño ya está hecho y se dirige casi exclusivamente hacia quien lo ha sufrido.

La prevención de riesgos laborales no debería detenerse en los accidentes físicos, las posturas, las pantallas o la ergonomía. Los riesgos psicosociales existen. La organización del trabajo, el liderazgo, la carga laboral, la autonomía, el reconocimiento, la incertidumbre, los conflictos y las relaciones de poder importan. Y cuando estos factores enferman de manera repetida a las personas, dejar toda la responsabilidad de la recuperación sobre el trabajador no es prevención. Es esperar a que alguien se rompa para intentar arreglarlo después.

Necesitamos dejar de mirar las bajas laborales únicamente como un número que reducir. Una empresa puede conseguir reducir determinadas ausencias generando miedo, presión o culpabilidad, y eso no significa que tenga trabajadores más sanos. Puede significar simplemente que tiene personas enfermas trabajando. El verdadero objetivo no debería ser que la gente coja menos bajas a cualquier precio, sino que menos personas enfermen a causa del trabajo y que, cuando enfermen, puedan recuperarse sin ser tratadas como sospechosas, desleales o culpables de un problema de productividad.

Una baja médica no es un fracaso moral del trabajador. Y cuando las bajas aumentan de forma persistente en un equipo, un servicio o una organización, quizá haya que dejar de preguntarse únicamente qué les pasa a quienes enferman. Quizá haya llegado el momento de preguntarse también qué está pasando dentro de la empresa.

De vecinos a clientes: el precio de dejar de hacer barrio

Cada vez que se anuncia un nuevo centro comercial no puedo evitar hacerme la misma pregunta: ¿de verdad este es el modelo de ciudad que queremos?

No tengo nada contra el comercio. Todos compramos. Todos consumimos. Yo también disfruto entrando de vez en cuando en una librería, una tienda de tecnología o pasando una tarde en un centro comercial. Lo que cuestiono no es el comercio, sino que hayamos terminado identificando el progreso de una ciudad con su capacidad para vender más cosas. Como si el desarrollo urbano pudiera medirse, sobre todo, por los metros cuadrados dedicados al consumo.

Por eso, cuando leí que Plaza Imperial se transformará en Plaza Park, no pensé en las tiendas que podrían abrir ni en las marcas que llegarán. La primera pregunta que me hice fue mucho más sencilla: ¿de verdad Zaragoza necesita otro gran espacio comercial?

No tengo una respuesta absoluta. Es posible que Plaza Park funcione y que dentro de unos años demuestre que mis dudas eran infundadas. Pero también creo que es legítimo hacerse preguntas. Plaza Imperial también nació rodeado de expectativas. Durante un tiempo funcionó, hasta que la crisis económica, la apertura de Puerto Venecia y la pérdida progresiva de operadores acabaron convirtiéndolo en el símbolo de un fracaso que pocos habían previsto. Hoy se insiste en que las circunstancias son distintas, que la plataforma logística PLAZA ha crecido, que Costco atraerá nuevos clientes y que el formato comercial ha cambiado. Todo eso puede ser cierto. Sin embargo, muchas de esas fortalezas ya existían cuando abrió Plaza Imperial y no fueron suficientes para consolidarlo. Tal vez ahora sí lo sean. O tal vez no. Lo que me cuesta creer es que el debate deba reducirse únicamente a si esta vez el proyecto funcionará mejor que el anterior.

Porque Zaragoza ya dispone de una oferta comercial enorme para una ciudad de su tamaño. Puerto Venecia se ha consolidado como uno de los principales destinos comerciales de España, La Torre Outlet continúa creciendo y a ello se suman GranCasa, Augusta, Aragonia, el comercio urbano y otros parques comerciales. Por eso la cuestión no es solo si existe demanda para otro gran espacio de consumo, sino qué idea de ciudad estamos reforzando cada vez que celebramos una inversión de estas características como si fuera, por sí misma, una buena noticia.

Reconozco que cada vez me cuesta más mirar un centro comercial únicamente como un lugar para comprar. Con el paso de los años he terminado viéndolos también como un espejo de la sociedad. Cuando paseo por ellos ya no me fijo solo en los escaparates o en las bolsas que lleva la gente. Me descubro observando a las personas. Me pregunto quién ha ido porque realmente necesitaba comprar algo y quién simplemente buscaba un lugar donde pasar la tarde. Hay adolescentes que se reúnen allí porque apenas encuentran otros espacios donde estar sin que nadie les moleste. Hay personas mayores que recorren una y otra vez las galerías porque son lugares cómodos, seguros y climatizados. Hay familias que convierten la visita en el plan del fin de semana aunque sepan que no pueden permitirse muchas de las cosas que ven en los escaparates. Y también hay quienes salen cargados de bolsas sin mirar el precio. Todos comparten el mismo espacio, pero no viven la misma realidad.

Quizá esa mirada tenga mucho que ver con mi profesión. Llevo más de veinte años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad y, cuando hablo con ellas, casi nunca me dicen que su barrio necesite una tienda más. Hablan de otras cosas. De un banco donde sentarse sin que nadie les eche, de una biblioteca donde estudiar, de un centro cívico con más actividades, de un parque donde los niños puedan jugar o de un local vecinal donde reunirse. Hablan, en definitiva, de espacios donde sentirse parte de la ciudad sin que nadie espere que compren algo.

Poco a poco hemos ido sustituyendo las plazas por galerías comerciales, el comercio de proximidad por grandes superficies y la vida de barrio por espacios donde nuestra principal identidad ya no es la de vecinos, sino la de clientes. Quizá suene exagerado, pero a veces tengo la sensación de que hemos dejado de preguntarnos qué ciudad queremos construir y nos limitamos a preguntarnos dónde abrirá la próxima tienda. Y esa diferencia no es menor, porque una ciudad pensada para el consumo no siempre coincide con una ciudad pensada para las personas.

Lo que más me preocupa no es Plaza Park. Es el modelo que representa. Una forma muy concreta de entender el desarrollo urbano en la que progreso parece ser sinónimo de consumo, crecimiento significa más superficie comercial y vida social equivale a espacios privados donde todo está pensado para que permanezcamos el mayor tiempo posible comprando. Un modelo que, además, suele sostenerse sobre sectores donde el empleo existe, sí, pero con demasiada frecuencia se caracteriza por salarios modestos, elevada temporalidad, jornadas parciales y una notable rotación de plantilla, una realidad que también forma parte del debate aunque casi nunca aparezca en las inauguraciones.

No es que construir un parque comercial sea negativo por sí mismo. Lo preocupante es que rara vez imaginamos el futuro de una ciudad desde otros lugares. Nos entusiasma la llegada de una gran superficie, pero cuesta encontrar el mismo entusiasmo cuando se habla de abrir una biblioteca de referencia, un gran centro cultural, un museo, una red de centros cívicos más viva o un proyecto que fortalezca la vida comunitaria. Como si el progreso solo pudiera medirse en metros cuadrados de tiendas, en nuevas franquicias o en cifras de visitantes.

No creo que el futuro de Zaragoza pueda seguir midiéndose por el número de centros comerciales que inaugura. Creo que debería medirse por la capacidad de construir una ciudad donde el consumo no ocupe el centro de la vida colectiva. Una ciudad con más barrio, más espacios públicos de calidad, más cultura, más comercio de proximidad y más lugares donde encontrarnos sin que consumir sea la condición para permanecer allí. Porque una ciudad no debería medirse solo por lo que vende, sino también por la comunidad que es capaz de construir.

Puede que Plaza Park sea un éxito comercial. De verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que, incluso si lo fuera, seguiría haciéndome la misma pregunta: ¿es esa la idea de progreso que queremos para nuestras ciudades?

El día que inauguremos una biblioteca, un centro comunitario, un gran parque urbano o un proyecto que fortalezca la vida en los barrios con la misma ilusión con la que inauguramos un centro comercial, quizá podamos empezar a decir que hemos entendido qué significa realmente construir ciudad.

Y quizá, solo quizá, ese día también habremos conseguido que nuestras ciudades vuelvan a ser lugares donde, antes que clientes, volvamos a sentirnos vecinos.

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