Un espacio personal de Diego Navarro

Autor: Diego (Página 1 de 5)

La soledad no siempre es estar solo

Nos hemos acostumbrado a hablar de la soledad como si fuera, sobre todo, un problema individual. Hablamos de la soledad de las personas mayores, de la de los jóvenes, de quienes viven solos, de quienes no tienen pareja o de quienes pasan demasiado tiempo delante de una pantalla. También hemos aprendido a distinguir entre la soledad elegida y la no deseada, y esa distinción tiene sentido, pero quizá se nos queda corta para explicar todo lo que ocurre cuando una persona se siente desconectada de los demás. Porque la soledad no depende únicamente de cuántas personas tengamos alrededor, ni siquiera de si vivimos solos o acompañados. Tiene una dimensión psicológica evidente, pero también otra profundamente social, y quizá para entenderla de verdad tengamos que dejar de preguntarnos únicamente qué le pasa a la persona que se siente sola y empezar a preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo alrededor de ella.

Hay una serie de frases que repetimos constantemente y que, poco a poco, hemos convertido casi en una especie de manual de madurez emocional: tienes que ser autosuficiente, no debes depender de nadie, tienes que aprender a estar solo, nadie va a venir a salvarte, primero tienes que estar bien contigo mismo. No son necesariamente frases falsas. Todas contienen algo que puede ser útil en determinadas circunstancias. Necesitamos autonomía, capacidad para tomar decisiones y recursos propios para afrontar la vida sin depositar toda nuestra estabilidad en otra persona. El problema aparece cuando transformamos esa autonomía en una obligación de no necesitar a nadie y empezamos a mirar cualquier necesidad afectiva como una debilidad que deberíamos superar. Hemos terminado asociando fortaleza con necesitar poco, cuando en realidad una persona puede ser perfectamente autónoma y, al mismo tiempo, necesitar compañía, afecto, apoyo, cuidado o simplemente saber que hay alguien a quien llamar cuando las cosas se complican.

Quizá aquí hemos confundido dependencia con interdependencia. No es lo mismo no poder vivir sin otra persona que reconocer que nadie construye una vida completamente solo. Tampoco es lo mismo permanecer en una relación porque creemos que fuera de ella no somos capaces de existir que saber apoyarnos en otras personas cuando lo necesitamos. Entre la dependencia absoluta y la autosuficiencia absoluta hay un espacio mucho más humano en el que podemos tomar nuestras propias decisiones, tener una identidad propia y, al mismo tiempo, aceptar que nuestra vida está inevitablemente entrelazada con la de los demás. La alternativa a desaparecer dentro de una relación no debería ser levantar un muro alrededor de nosotros, sino aprender a relacionarnos sin perder quiénes somos.

Esta forma de entender la autosuficiencia tampoco aparece aislada del modelo de sociedad en el que vivimos. Hay algo en el concepto de modernidad líquida, desarrollado por Zygmunt Bauman, que resulta especialmente útil para pensar en todo esto. Bauman utilizó esa idea para describir una realidad en la que muchas de las estructuras que durante mucho tiempo habían parecido sólidas y estables se vuelven más cambiantes, flexibles, inciertas y provisionales. Y eso no afecta únicamente al trabajo, al consumo o a nuestra manera de organizar la vida, sino también a los vínculos que construimos con otras personas. Cuando casi todo puede cambiar rápidamente, cuando acostumbramos a movernos entre empleos, lugares, proyectos y formas de vida, las relaciones tampoco permanecen al margen de esa lógica.

En esa sociedad líquida, por llamarla de una forma más cotidiana, también los vínculos pueden volverse más frágiles, reversibles y provisionales. Bauman llevó esta reflexión al terreno afectivo en Amor líquido, donde analiza precisamente una contradicción que resulta muy reconocible: queremos vincularnos, pero al mismo tiempo tememos quedar demasiado vinculados. Buscamos compañía, intimidad y seguridad, pero también queremos conservar siempre una puerta de salida. Queremos sentirnos importantes para alguien, aunque a veces nos incomode reconocer cuánto puede llegar a importarnos esa persona. De ahí podemos hablar también de relaciones líquidas, vínculos que se construyen y deshacen con mayor facilidad y que conviven con una tensión constante entre nuestro deseo de pertenecer y nuestro miedo a depender.

Eso no significa que las relaciones del pasado fueran necesariamente mejores. Muchas se mantenían por dependencia económica, desigualdad, presión social o porque marcharse sencillamente no era una posibilidad real. Haber ganado libertad para abandonar relaciones que nos hacen daño es un avance, pero tener más facilidad para romper un vínculo no significa necesariamente que hayamos aprendido a construir mejor los vínculos que sí queremos conservar. Quizá una sociedad líquida no produzca necesariamente personas solas, pero sí puede favorecer vidas más cambiantes, vínculos más frágiles y una sensación de provisionalidad que hace más difícil construir esa seguridad emocional que necesitamos.

Quizá una de las grandes paradojas de nuestro tiempo sea precisamente esa. Nunca hemos tenido tantas posibilidades para conocer gente, mantener el contacto y comunicarnos de forma inmediata, pero eso no significa que tengamos más facilidad para construir relaciones profundas. Podemos hablar durante todo el día con decenas de personas y no sentir que hemos hablado realmente con nadie. Podemos tener cientos de contactos en el teléfono y no saber a quién llamar cuando necesitamos contar algo que de verdad importa. Podemos tener pareja, familia, compañeros de trabajo y una vida social aparentemente llena y sentirnos profundamente solos. Por eso estar solo y sentirse solo son cosas distintas. Una persona puede pasar una tarde entera sola, caminar por la montaña, leer, viajar o simplemente estar en casa y disfrutar de ese tiempo sin experimentar ninguna sensación de abandono, mientras que otra puede estar rodeada de personas y sentir que nadie la ve de verdad.

Ahí está, para mí, una de las claves que a veces perdemos cuando hablamos de soledad. No siempre faltan personas; a veces falta conexión. No siempre necesitamos ampliar nuestro círculo social; a veces necesitamos que alguno de nuestros vínculos tenga suficiente profundidad como para permitirnos mostrarnos sin estar representando constantemente un papel. Por eso respuestas como «sal más», «conoce gente» o «apúntate a alguna actividad» pueden quedarse muy cortas. Pueden ayudar, por supuesto, pero el problema de una persona que se siente sola no siempre es que tenga pocas relaciones, sino que quizá ninguna de ellas le proporciona una verdadera sensación de seguridad, pertenencia o intimidad. Estar acompañado no significa necesariamente sentirse acompañado, igual que comunicarnos constantemente no significa necesariamente sentirnos conectados.

Y probablemente esa forma de relacionarnos con los demás empiece mucho antes de que podamos siquiera ponerle palabras. Antes de aprender a estar solos aprendemos si podemos confiar en que alguien estará cuando lo necesitemos. Las primeras personas que nos cuidan nos enseñan, sin explicárnoslo, qué podemos esperar del mundo y de los demás. Aprendemos qué ocurre cuando lloramos, cuando tenemos miedo, cuando necesitamos consuelo o cuando buscamos cercanía. Aprendemos si nuestras necesidades encuentran una respuesta más o menos estable o si, por el contrario, pedir ayuda acaba asociado a rechazo, indiferencia o inseguridad. La teoría del apego ayuda a comprender parte de ese proceso, no porque nuestras primeras experiencias determinen de manera inevitable todas nuestras relaciones futuras, sino porque contribuyen a construir una determinada expectativa sobre lo que significa acercarnos a alguien y dejar que alguien se acerque a nosotros.

Eso también obliga a mirar de otra manera algunas formas de autosuficiencia que solemos admirar. Hay personas que no piden ayuda, que parecen no necesitar a nadie y que han construido su identidad alrededor de ser capaces de resolverlo todo solas. Puede ser una muestra real de autonomía, pero también puede ser una forma de protección. A veces el «no necesito a nadie» no nace de haber aprendido a estar bien solo, sino de haber aprendido que necesitar a alguien puede doler demasiado. Si las personas de las que dependíamos en determinados momentos de nuestra vida no estaban disponibles, nos rechazaban o eran imprevisibles, podemos terminar aprendiendo que la forma más segura de no ser abandonados consiste en no depender emocionalmente de nadie. Desde fuera puede parecer fortaleza; por dentro puede haber miedo, desconfianza o la convicción de que abrirse demasiado a otra persona siempre termina teniendo un coste.

Por eso me parece importante no convertir el aprendizaje de estar solo en otro mandato. Saber estar solo es importante, pero no porque debamos prepararnos para vivir sin nadie. Es importante porque hay momentos en los que necesitamos distancia, silencio, intimidad y espacio propio, y porque una relación saludable no debería convertirse en el lugar del que depende toda nuestra identidad. También hay situaciones en las que quedarse solo es mucho mejor que permanecer acompañado. Una persona que sufre maltrato, violencia, manipulación o una relación profundamente destructiva puede necesitar precisamente alejarse, aunque hacerlo implique atravesar inicialmente una enorme sensación de vacío. Defender la importancia de los vínculos no significa defender cualquier vínculo, del mismo modo que reconocer nuestra necesidad de otras personas no significa que debamos mantener cerca a quienes nos hacen daño.

La cuestión quizá esté en poder elegir. Poder estar solo sin sentir que hemos sido abandonados, poder estar acompañado sin sentir que hemos dejado de pertenecernos y poder marcharnos de una relación cuando permanecer en ella significa destruirnos. La soledad puede ser descanso, espacio, protección o simplemente una forma de estar en el mundo durante un tiempo. El problema aparece cuando deja de ser una elección y se convierte en desconexión, cuando queremos establecer vínculos y no sabemos cómo, cuando estamos rodeados y no encontramos un lugar donde sentirnos realmente seguros o cuando asumimos que necesitar a alguien es una debilidad que tenemos que ocultar.

Además, la soledad no se queda únicamente en nuestros pensamientos. Aunque aislamiento social y soledad subjetiva no sean exactamente lo mismo, ambos pueden relacionarse con consecuencias importantes para el bienestar psicológico y físico. El estrés, el sueño, el estado de ánimo y nuestra manera de afrontar las dificultades pueden verse afectados cuando sentimos que no disponemos de apoyo o pertenencia. Nuestro cuerpo tampoco es indiferente a las relaciones. Puede parecer extraño hablar de algo tan intangible como sentirse acompañado y, al mismo tiempo, reconocer que esa percepción puede tener efectos muy concretos, pero somos animales sociales y nuestra sensación de seguridad se ha construido siempre en relación con otros. Por eso no es tan sencillo separar lo psicológico de lo físico ni pensar que la soledad es solo una idea que podemos corregir cambiando nuestra actitud.

Sin embargo, seguimos abordando gran parte de este malestar desde una perspectiva casi exclusivamente individual. Si te sientes solo, trabaja tu autoestima. Si no tienes pareja, aprende a estar contigo mismo. Si no tienes amigos, sal más. Si algo te supera, desarrolla resiliencia. Si estás mal, haz terapia. Muchas de esas respuestas pueden ser útiles y la terapia puede ser necesaria en determinados momentos, pero algo empieza a fallar cuando utilizamos soluciones individuales para explicar cualquier problema sin preguntarnos qué condiciones sociales lo están favoreciendo. Hemos construido ciudades en las que muchas veces apenas conocemos a nuestros vecinos, trabajos que consumen buena parte de nuestro tiempo y energía, relaciones marcadas por la movilidad y la provisionalidad y una vida cotidiana en la que podemos estar disponibles para todo el mundo sin estar realmente presentes para nadie.

Y después, cuando alguien no puede más, le decimos que tiene que aprender a gestionarlo mejor. Es una lógica que se repite en muchos otros ámbitos: convertimos problemas que tienen componentes sociales en defectos o dificultades del individuo y luego le pedimos que se adapte mejor a las condiciones que los producen. Quizá una parte de la soledad contemporánea tenga que ver con eso. No con que las personas hayan perdido de repente la capacidad de relacionarse, sino con que hemos ido construyendo un modelo de vida donde cada vez hay menos tiempo, menos estabilidad y menos espacios para mantener vínculos que necesitan precisamente tiempo, presencia y continuidad. Una sociedad líquida puede ofrecernos más libertad y más posibilidades de movimiento, pero también puede hacer que tengamos menos lugares donde sentir que pertenecemos de verdad.

Incluso nuestra forma de comunicarnos refleja esa contradicción. Nunca había sido tan fácil enviar un mensaje y, sin embargo, eso no significa que sea más fácil sentirse escuchado. Podemos saber qué está haciendo alguien en cada momento sin saber cómo está realmente. Podemos mantener relaciones durante años a través de pequeñas interacciones cotidianas y descubrir un día que no sabemos qué contarle a esa persona cuando nos sucede algo importante. Hemos conseguido estar permanentemente conectados, pero conexión y vínculo no son exactamente lo mismo. Una tecnología puede facilitar que dos personas entren en contacto, pero no puede garantizar que se cuiden, se comprendan o se sientan seguras una junto a la otra.

Quizá por eso deberíamos revisar algunas de las frases con las que hemos construido una determinada idea de fortaleza. No dependas de nadie. Sé autosuficiente. Aprende a estar solo. Nadie va a venir a salvarte. Entiendo de dónde vienen y entiendo también por qué en algunos momentos pueden ayudarnos. Hay personas que necesitan escuchar que pueden marcharse, que pueden reconstruirse sin quien las está dañando o que su vida no termina cuando termina una relación. Pero una cosa es aprender que podemos sobrevivir sin una persona concreta y otra muy diferente convencernos de que una vida saludable consiste en no necesitar a nadie.

Necesitamos a otras personas. Necesitamos vínculos, cuidado, afecto, intimidad y pertenencia. Necesitamos sentir que importamos para alguien y saber que podemos acudir a otra persona cuando nuestros propios recursos no bastan. Reconocerlo no nos hace menos autónomos, menos maduros ni menos fuertes. Tal vez la verdadera autonomía no consista en demostrar que podemos con todo solos, sino en poder decidir cuándo necesitamos ayuda, a quién se la pedimos, qué relaciones queremos conservar y de cuáles necesitamos alejarnos.

Quizá por eso el problema de la soledad no pueda reducirse a enseñar a las personas a estar solas. A veces estar solo es justamente lo que necesitamos. Lo preocupante es construir una sociedad donde cada vez nos resulte más fácil vivir desconectados y, al mismo tiempo, convencernos de que si esa desconexión nos duele es porque todavía no hemos aprendido a ser suficientemente autosuficientes. Tal vez deberíamos empezar a plantearlo justo al revés: no tenemos que aprender a no necesitar a nadie, sino aprender a necesitar sin someternos, a querer sin poseer, a acompañar sin controlar y a estar solos sin sentirnos abandonados. Porque necesitar a otras personas no es un fallo en nuestra independencia. Es, sencillamente, una parte de ser humanos.

El problema no es cuánto pagamos de impuestos, sino cuánto cobramos de salario

Hay una promesa electoral difícil de rechazar: que a final de mes quede más dinero en nuestra cuenta corriente. Más todavía cuando la vivienda se lleva una parte cada vez mayor del sueldo, hacer la compra cuesta mucho más que hace unos años y muchas familias que trabajan tienen dificultades para llegar a final de mes. Si en ese contexto alguien propone bajar el IRPF, reducir el IVA o aumentar las deducciones fiscales, la reacción más inmediata es bastante comprensible: si voy justo y me quitan menos dinero, viviré un poco mejor.

El Partido Popular lleva tiempo defendiendo la deflactación del IRPF para evitar que las subidas nominales de salarios provocadas por la inflación terminen suponiendo una mayor tributación sin un aumento equivalente del poder adquisitivo. En las últimas semanas ha añadido otras propuestas para aumentar la renta disponible de las familias, como ampliar las desgravaciones por hijos o reducir determinados impuestos sobre productos básicos. Vox plantea una reforma mucho más profunda: un mínimo exento de 22.000 euros y esencialmente dos tipos de IRPF, del 15 % hasta los 70.000 euros y del 25 % por encima de esa cantidad. Son propuestas diferentes y sería tramposo analizarlas como si fueran exactamente lo mismo.

Hay incluso una parte del argumento que comparto. Si una persona cobra más euros únicamente porque su salario intenta compensar la inflación, pero con ese dinero puede comprar prácticamente lo mismo que antes, no tiene demasiado sentido tratarla fiscalmente como si se hubiera enriquecido. La llamada progresividad en frío existe y discutir cómo actualizar determinados parámetros del IRPF es perfectamente razonable. Mi problema empieza un paso antes, porque el problema que tenemos no es únicamente que paguemos impuestos. El problema es que hay salarios que han dejado de ser suficientes para sostener el coste de una vida normal.

Si trabajar cuarenta horas semanales no permite pagar tranquilamente una vivienda, llenar la nevera, asumir los suministros, criar hijos, afrontar un imprevisto y guardar algo para el futuro, quizá la primera pregunta debería ser por qué el trabajo se remunera de esa manera. Sin embargo, estamos desplazando poco a poco esa pregunta hacia otra mucho más cómoda: cuánto dinero nos quita el Estado. Y el cambio no es menor, porque una empresa puede mantener exactamente el mismo salario bruto y, si baja el IRPF, el trabajador tendrá más dinero en su cuenta. Su situación inmediata mejora, por supuesto, pero la empresa no ha tenido que aumentar el salario ni asumir un mayor coste laboral. Parte de la solución a la insuficiencia salarial se ha trasladado desde la relación entre empresa y trabajador hacia los ingresos públicos.

Dicho de otra manera: si un sueldo no alcanza y solucionamos el problema haciendo que el Estado recaude menos, no hemos conseguido necesariamente que el trabajo valga más; hemos conseguido que una parte de lo que faltaba deje de financiarse colectivamente. Y creo que ahí las empresas salen claramente beneficiadas del cambio de marco. La discusión deja de centrarse en salarios, convenios colectivos, distribución de beneficios, productividad o capacidad negociadora de los trabajadores. Ya no preguntamos tanto «¿por qué me pagan tan poco?» y empezamos a preguntarnos «¿por qué Hacienda me quita tanto?». Son dos preguntas legítimas, pero no son la misma pregunta y, sobre todo, no conducen al mismo modelo de sociedad.

Yo sí creo en los impuestos. Lo digo expresamente porque tampoco quiero fingir una neutralidad que no tengo. Creo en una fiscalidad progresiva y en unos servicios públicos fuertes. No porque piense que el Estado gestione bien cada euro que recauda, ni porque crea que todo gasto público esté justificado. Hay administraciones ineficientes, estructuras duplicadas, decisiones absurdas y dinero público utilizado de manera difícilmente defendible. Exigir que los impuestos se gasten bien me parece tan importante como defender su existencia, pero una cosa es discutir cómo gastamos mejor y otra muy diferente concluir que la solución consiste simplemente en recaudar menos.

También creo que quien más capacidad económica tiene debe contribuir más. No como un castigo por ganar dinero, sino porque 100 euros no significan lo mismo para quien ingresa 1.300 euros al mes que para quien ingresa 5.000. Esa es precisamente una de las razones de ser de la progresividad fiscal. Aquí también hay que introducir matices. Deflactar los tramos del IRPF no elimina por sí mismo la progresividad, y sería incorrecto decir que cualquier rebaja fiscal es lineal. Pero tampoco podemos hablar de «devolver dinero a las familias» como si todas las familias estuvieran en la misma situación económica. Y cuando Vox propone reducir prácticamente el sistema a un 15 % hasta los 70.000 euros y un 25 % a partir de ahí, está proponiendo una estructura bastante menos progresiva que la existente. Puede defenderse políticamente, por supuesto, pero también obliga a discutir qué capacidad redistributiva perdemos con ese modelo.

Hay algo que me preocupa todavía más que la nómina del próximo mes. Tenemos cierta tendencia a considerar nuestro salario únicamente como la cantidad que aparece ingresada en nuestra cuenta bancaria. Sin embargo, nuestra capacidad de vivir no depende solamente de ese número. También depende de todo aquello que no necesitamos comprar individualmente porque hemos decidido financiarlo entre todos. Cuando necesito un médico y entro en un centro de salud no saco la tarjeta bancaria. Cuando una persona necesita una operación importante no recibe después una factura de decenas de miles de euros. Una familia puede escolarizar a sus hijos aunque no tenga miles de euros disponibles cada curso. Existe una prestación si perdemos nuestro empleo, pensiones cuando envejecemos, servicios sociales cuando aparecen determinadas necesidades, atención a la dependencia, becas, universidades públicas y multitud de servicios e infraestructuras que apenas relacionamos con nuestra nómina.

Todo eso también forma parte de nuestra riqueza y nada de ello es gratis. Lo hemos pagado antes mediante impuestos y cotizaciones, distribuyendo entre millones de personas riesgos y necesidades que individualmente serían imposibles de asumir para una parte enorme de la población. Podemos llamarlo Estado del bienestar, redistribución, salario indirecto o simplemente sociedad. El nombre me importa menos que la idea: hay cosas que podemos permitirnos precisamente porque no tenemos que pagarlas solos. Por eso me preocupa especialmente esa especie de ilusión contable según la cual pagar menos impuestos nos hace automáticamente más ricos. Puede hacernos disponer de más dinero hoy, eso es verdad, pero la siguiente pregunta debería ser qué dejamos de pagar colectivamente mañana.

Los servicios públicos rara vez desaparecen de golpe. Antes se deterioran. Aumentan las listas de espera, hay menos profesionales, se reducen prestaciones, se endurecen requisitos, se tarda más en acceder y la calidad empieza a depender del territorio o del recurso disponible. Entonces ocurre algo perfectamente previsible: allí donde lo público deja un hueco aparece el mercado para cubrirlo. No tengo ningún problema con que exista una sanidad privada, una educación privada, seguros, planes de pensiones o empresas que presten cuidados. El problema aparece cuando dejan de ser una opción y empiezan a convertirse en la única forma razonable de acceder a algo que necesitamos.

Ahí aparece la paradoja. Hemos ganado dinero porque pagamos menos impuestos, pero empezamos a pagar un seguro médico porque no queremos esperar meses para determinadas pruebas, contratamos servicios educativos porque el sistema público no ofrece determinados apoyos, necesitamos ahorrar individualmente para complementar nuestra jubilación o pagamos cuidados privados porque conseguir atención pública a la dependencia se convierte en una carrera de obstáculos. Y quizá un día descubramos que aquello que nos ahorramos en impuestos no alcanza ni remotamente para pagar individualmente todo lo que antes financiábamos entre todos.

Para una persona con ingresos altos el cambio puede funcionar. Puede elegir colegio, seguro médico, residencia, plan de pensiones y servicios privados. Incluso puede preferir ese modelo y me parece perfectamente legítimo que lo defienda. Mi preocupación está en todos los demás, porque el mercado tiene una lógica distinta a la de un servicio público. No pregunta cuánto necesitas algo, sino cuánto puedes pagar por ello. Y por eso yo prefiero una sociedad en la que una operación quirúrgica dependa de que la necesites y no del saldo de tu cuenta corriente.

Ese es, en el fondo, el motivo por el que defiendo los impuestos. No porque me guste pagarlos. Imagino que a casi nadie le entusiasma ver una retención en su nómina. Los defiendo porque creo que hay una enorme diferencia entre ser ciudadano y ser cliente. Como ciudadano puedo tener derecho a algo aunque individualmente nunca pudiera pagarlo. Como cliente tengo derecho fundamentalmente a aquello que puedo comprar.

Por supuesto que existe otra visión legítima. PP y Vox sostienen que es posible reducir impuestos, eliminar gasto que consideran innecesario, mejorar la eficiencia de la Administración y mantener o incluso mejorar los servicios. Esa es una propuesta política que merece discutirse en sus propios términos. Pero precisamente por eso creo que cada gran rebaja fiscal debería venir acompañada de otra pregunta mucho menos atractiva electoralmente: qué dejamos de ingresar y qué vamos a dejar de pagar con ese dinero. Porque bajar un impuesto cabe en un titular. Explicar qué estructura pública podrá sostenerse dentro de diez o veinte años requiere bastante más espacio.

Y vuelvo entonces al principio. Tenemos un problema real de poder adquisitivo. Hay personas que trabajan y no llegan tranquilamente a final de mes. Hay familias que cada vez dedican una proporción mayor de sus ingresos simplemente a vivir. Hay jóvenes que trabajan y no pueden independizarse. Hay empleos que hace años permitían construir una vida y hoy apenas permiten mantenerla. Pero yo no quiero resolver ese problema simplemente haciendo que esas personas paguen menos impuestos. Quiero que cobren más, que los salarios recuperen su relación con el coste real de la vida, que el trabajo permita vivir y no solamente sobrevivir hasta el siguiente ingreso, que cuando una empresa obtiene beneficios exista también una discusión sobre qué parte llega a quienes producen esos beneficios y que la negociación colectiva tenga fuerza suficiente para discutir salarios y condiciones laborales.

Y después, con esos salarios mejores, quiero seguir pagando impuestos. Porque quiero una sanidad pública que funcione, una educación pública suficientemente buena como para que elegir la privada sea realmente una elección y no una huida, unos servicios sociales capaces de intervenir antes de que las personas caigan del todo, unas pensiones dignas y un sistema de dependencia que no obligue a una familia a preguntarse cuánto patrimonio puede sacrificar para cuidar a alguien.

Seguramente podríamos pagar menos impuestos mañana. Lo que no tengo tan claro es que fuéramos más ricos pasado mañana, porque lo que dejamos de pagar como contribuyentes podemos terminar pagándolo como clientes. Y cuando llegue ese momento habrá personas que podrán pagarlo y otras que simplemente se quedarán fuera.

Cuando un problema público se convierte en un seguro privado

Tengo que renovar la medicación de la tiroides. No estoy enfermo, no me pasa nada urgente y tampoco necesito que nadie investigue qué me ocurre. Es simplemente uno de esos tratamientos continuados que cada cierto tiempo requieren que el médico vuelva a renovar la prescripción. Algo bastante rutinario. Llevo varios días entrando para pedir cita con mi médico de Atención Primaria y no hay. Ni pronto ni tarde: sencillamente no aparece ninguna cita disponible dentro del periodo que puedo consultar, que es de un mes.

En mi caso no pasa nada especialmente grave. Puedo esperar, volver a intentarlo mañana, llamar al centro de salud o buscar la manera de solucionarlo antes de quedarme sin medicación. Pero mientras miraba otra vez la pantalla pensé que el problema no era realmente mi tiroides. El problema es que podría estar enfermo. Podría tener fiebre, llevar varios días con un dolor que no sé interpretar, necesitar que alguien me escuche el pecho o tener cualquier problema que no es una urgencia hospitalaria pero que tampoco debería esperar semanas. Para eso estaba, entre otras cosas, el médico de cabecera. Y cuando esa puerta deja de estar disponible, la gente no deja de enfermar. Busca otra puerta.

Después nos sorprendemos de que se llenen los dispositivos de urgencias de Atención Primaria o las urgencias de los hospitales. Seguro que hay quien utiliza mal las urgencias, como utilizamos mal muchas otras cosas, pero creo que a veces hemos construido un relato demasiado sencillo en el que el ciudadano parece ser siempre el responsable del colapso. Quizá habría que preguntarse también qué hace alguien cuando lleva días intentando conseguir una cita y no puede. Si cerramos la entrada normal al sistema, no debería sorprendernos demasiado que terminemos entrando por donde todavía queda una puerta abierta.

Y justo estos días se produjo una coincidencia que me hizo pensar bastante en todo esto. Mientras yo intentaba conseguir cita con mi médico, Recursos Humanos nos envió un correo ofreciéndonos la posibilidad de contratar un seguro médico privado con unas condiciones y un precio reducido por ser trabajadores de la empresa. En mi caso cuesta algo más de 57 euros al mes. Evidentemente una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. La empresa ofrece una ventaja a sus trabajadores y mi centro de salud tiene sus propios problemas. Pero la coincidencia casi parecía una metáfora: llevo días sin conseguir que me atienda la sanidad pública y, de repente, aparece en mi correo una solución que consiste en pagar para que probablemente me atiendan antes.

Y reconozco que durante unos minutos hice las cuentas. Puedo pagar esos 57 euros. No me supondrían tener que elegir entre el seguro y llenar la nevera. Y precisamente lo que estoy echando en falta ahora mismo es lo que esos seguros venden mejor: rapidez, facilidad para coger una cita, poder elegir una consulta y tener la sensación de que cuando necesitas un médico hay alguien al otro lado. No estoy buscando una sanidad mejor, estoy buscando que alguien me atienda, y precisamente ahí está lo que me incomoda.

Soy defensor de la sanidad pública, y eso no significa que tenga que fingir que funciona estupendamente. Al contrario. Creo que una de las peores formas de defender algo es negar sus problemas. Nuestra sanidad pública tiene dificultades evidentes, especialmente en Atención Primaria: faltan profesionales, faltan tiempos, hay agendas imposibles y demasiadas veces la solución parece consistir en pedir un poco más de esfuerzo a quienes ya están dentro. Y esto no ha aparecido de repente ni puede atribuirse cómodamente a un único gobierno o a unas únicas siglas. Durante años, gobiernos de distinto signo han tomado decisiones, aplazado inversiones o permitido que determinados problemas se fueran haciendo estructurales. Podemos discutir responsabilidades, y seguramente unas decisiones han tenido más peso que otras, pero mientras lo hacemos el resultado cotidiano es bastante más sencillo: intentas pedir cita y no la hay.

Mi problema, por tanto, no es que exista la sanidad privada. Ni siquiera creo que una persona haga nada reprochable por contratarla. Si alguien puede permitírselo y considera que le mejora la vida, es perfectamente comprensible que lo haga. Mi preocupación empieza cuando contratarla deja de ser una elección y empieza a convertirse en la respuesta razonable al mal funcionamiento de la pública. Porque entonces ya no estamos hablando simplemente de dos modelos que conviven, sino de algo mucho más peligroso: una sanidad a dos velocidades en la que unos pueden pagar para escapar de las esperas y otros no tienen ninguna salida.

Yo puedo plantearme pagar esos 57 euros. Hay personas que no, y quizá esa sea la parte de todo esto que más me preocupa desde el trabajo social. Porque cuando hablamos de deteriorar un servicio público a veces parece que hablamos de presupuestos, modelos de gestión, competencias autonómicas o discusiones parlamentarias, pero los servicios públicos tienen una función mucho más básica: conseguir que determinadas cosas importantes no dependan del dinero que tengas. Una persona con un buen sueldo podrá contratar un seguro, pagar una consulta, buscar otra opinión o adelantar una prueba. Una persona que vive con una pensión mínima, una prestación, un salario precario o simplemente llega justa a final de mes tendrá que esperar. Y los problemas de salud no esperan mejor porque seas pobre.

Ahí es donde creo que la defensa de la sanidad pública deja de ser una cuestión ideológica en el sentido más pequeño de la palabra y se convierte en una cuestión de igualdad. La sanidad pública no es importante solamente porque sea pública. Es importante porque, al menos en su principio, cuando entramos por la puerta dejamos de ser clientes con distinta capacidad de compra y nos convertimos en pacientes. La enfermedad no pregunta cuánto ganas antes de aparecer y una sociedad mínimamente decente tampoco debería preguntártelo antes de decidir cuánto tienes que esperar para recibir atención.

Además, hay algo curioso en nuestra relación con los seguros privados. Muchas veces hablamos de ellos como si por una cantidad relativamente pequeña al mes compráramos una especie de sanidad paralela completa. Y no es así. Los seguros tienen contratos, límites, copagos, carencias, exclusiones y condiciones. Algunas pruebas necesitan autorización, determinados tratamientos tienen límites y existen problemas de salud cuya cobertura puede ser muy distinta de lo que uno imaginaba cuando vio el precio de la póliza. Es normal: no son un servicio público, son un producto comercial y la aseguradora necesita que ese producto sea rentable.

Quizá no seamos demasiado conscientes de todo lo que eso significa porque en España hay algo detrás que cambia completamente la película: sigue estando la sanidad pública. Podemos contratar un seguro económico para conseguir una cita rápida con un especialista y sentir que tenemos cubierta nuestra salud, pero sabemos que, si las cosas se ponen realmente feas, sigue existiendo un sistema público al que recurrir. Está el hospital público, las urgencias, los tratamientos complejos, las unidades altamente especializadas y toda una estructura que no depende de que nuestra póliza considere rentable o no atender determinado problema. Eso permite que convivamos con bastante tranquilidad con la letra pequeña de los seguros. Si alguna puerta privada se cierra, sabemos que todavía existe otra.

Y creo que ahí está una de las paradojas que pocas veces tenemos en cuenta cuando comparamos ambos modelos. Parte de la tranquilidad con la que podemos contratar seguros baratos, aceptar exclusiones o asumir determinados límites existe precisamente porque detrás está la pública. Si ese respaldo desapareciera, si realmente nuestra salud dependiera por completo de lo que cubriera una póliza privada, probablemente leeríamos de otra manera cada exclusión, cada carencia y cada copago. Importaría muchísimo cuánto cubre realmente un seguro de 57 euros, qué ocurre si desarrollas una enfermedad crónica, qué tratamientos están incluidos, durante cuánto tiempo o cuánto cuesta subir de nivel cuando la póliza básica deja de ser suficiente.

Por eso me cuesta aceptar el argumento de que la solución natural a los problemas de la sanidad pública sea contratar un seguro privado. Puede ser mi solución individual, claro, e incluso puede que un día termine haciéndolo. Pero sería una derrota colectiva bastante extraña: deterioramos un sistema que es de todos, quienes pueden permitírselo compran una salida y después utilizamos esa salida como prueba de que el sistema privado funciona mejor. Mientras tanto, quienes tienen menos recursos, las personas más vulnerables o quienes ya están en situaciones de exclusión continúan dependiendo del mismo sistema público al que cada vez exigimos más mientras le damos menos capacidad para responder.

También me preocupa otra explicación que empieza a aparecer con demasiada facilidad cuando hablamos del deterioro de los servicios públicos: somos más, ha llegado mucha población migrante y por eso todo está saturado. Evidentemente, si una población aumenta hay que adaptar los servicios. Parece una obviedad. Si en un barrio viven veinte mil personas y unos años después viven treinta mil, habrá que tener más médicos, más profesores, más transporte y más recursos sociales. Lo sorprendente sería querer atender a treinta mil personas con los recursos que ya eran justos para veinte mil y después responsabilizar a las diez mil nuevas de que el sistema no funcione.

Convertir a quien llega en la causa del problema resulta mucho más sencillo que preguntarnos por qué los servicios públicos no han crecido al mismo ritmo que las necesidades. La inmigración puede aumentar la demanda, como lo hacen el envejecimiento, la cronicidad o cualquier cambio demográfico, pero una sociedad que crece necesita infraestructuras y servicios que crezcan con ella. El problema no es que haya personas utilizando la sanidad. Para eso existe la sanidad. El problema aparece cuando pretendemos atender más necesidades sin aumentar de forma suficiente los recursos y después buscamos a alguien a quien señalar en la sala de espera.

Yo sigo entrando estos días para ver si aparece una cita y sigo sin haber contratado aquel seguro. Puede que hacerlo fuera lo más práctico. Algo más de 57 euros al mes y probablemente muchas de estas pequeñas situaciones serían más fáciles. Pero hay algo que me sigue chirriando: para resolver un problema provocado por el debilitamiento de un servicio que ya financiamos entre todos, la respuesta que empieza a parecernos normal es pagar una segunda vez por nuestra cuenta.

Quizá algún día termine haciéndolo. No descarto esa contradicción, porque defender lo público tampoco obliga a convertir cada decisión cotidiana en una prueba de pureza ideológica. Si necesito atención y puedo conseguirla, seguramente actuaré como casi todo el mundo y buscaré la forma de resolver mi problema. Pero precisamente por eso quiero una sanidad pública que funcione: porque yo puedo pagar esos 57 euros y habrá quien no pueda hacerlo, y una de las razones por las que existe la sanidad pública es precisamente para que, cuando enfermamos, eso no importe.

Cuando una manta se convierte en una amenaza

Una manta sirve para quitar el frío. Poco más. No decide una política migratoria, no abre una frontera, no concede un permiso de residencia y no determina quién puede quedarse en un país. Sin embargo, hemos conseguido que una manta roja entregada a una persona que acaba de llegar mojada a una playa pueda convertirse en algo mucho más grande. Para algunos ha dejado de ser un objeto con el que proteger del frío a alguien para convertirse en un símbolo de todo aquello que rechazan.

Llevo tiempo pensando en cómo hemos llegado hasta aquí porque el cambio, visto con cierta perspectiva, resulta llamativo. Durante los meses más duros de la pandemia aplaudíamos desde los balcones y hablábamos de quienes estaban en primera línea. No eran únicamente sanitarios. También estaban quienes atendían a personas mayores, repartían alimentos, acompañaban a quienes se habían quedado solos o intentaban llegar hasta las personas que la emergencia había dejado todavía más atrás. Durante un tiempo cuidar parecía haberse convertido casi en un valor colectivo.

No tardamos demasiado en empezar a ver otra imagen. En Canarias, durante la crisis migratoria de 2020 y 2021, trabajadores y voluntarios de Cruz Roja comenzaron a denunciar insultos, amenazas y situaciones de acoso por atender a las personas que llegaban a las islas. Algunos dejaron de llevar visible el uniforme cuando terminaban su turno y comenzaron a guardar el chaleco en el maletero. Resultaba especialmente significativo el testimonio de un voluntario que recordaba cómo durante la crisis de los cayucos de 2006 las ambulancias eran recibidas con aplausos cuando acudían a una playa. Quince años después, haciendo esencialmente lo mismo, escuchaban gritos de «Cruz Roja criminal».

Hablar simplemente de un creciente odio hacia las ONG quizá sea simplificarlo, porque creo que detrás está ocurriendo algo bastante más profundo. Entre aquellas imágenes había también mantas. Las hemos visto cientos de veces sobre los hombros de personas que acaban de bajar de una embarcación. Lo extraño es que poco a poco también empezamos a escuchar discusiones sobre esas mantas, sobre los bocadillos, sobre las botellas de agua. Objetos insignificantes económicamente adquirían un enorme valor simbólico porque parecían representar algo mucho más importante: alguien estaba recibiendo algo y comenzábamos a preguntarnos si tenía derecho a recibirlo.

La DANA de Valencia volvió a mostrar hasta qué punto había crecido esa desconfianza. Mientras miles de personas trataban de ayudar de todas las formas posibles, comenzaron a circular mensajes que aseguraban que Cruz Roja no estaba allí, que había tardado días en aparecer, que apenas había movilizado personal, que las donaciones no llegaban o que se preocupaba más por las personas migrantes que por quienes acababan de perderlo todo. Una parte importante de aquellas afirmaciones era falsa. Hay registros de la intervención de Cruz Roja desde el mismo 29 de octubre de 2024 y los verificadores documentaron también cómo se reutilizaron imágenes e informaciones de otros contextos para sostener la idea de que la organización abandonaba a los afectados mientras destinaba recursos a otros colectivos.

Por supuesto que esto no significa que haya que defender todo lo que hace una ONG. Me parecería incluso peligroso plantearlo así. Las organizaciones sociales pueden hacerlo mal, pueden burocratizarse, gestionar mal un programa, tomar decisiones equivocadas, gastar mal el dinero o terminar creando estructuras demasiado alejadas de las personas a las que supuestamente sirven. Cuando reciben financiación pública tienen además la obligación de explicar qué hacen con ella y aceptar el mismo escrutinio que debemos exigir a cualquiera que gestione recursos públicos.

Pero criticar no es lo mismo que sospechar sistemáticamente. Hay una diferencia enorme entre cuestionar una actuación concreta y construir un relato en el que cualquier cosa que haga una organización sirve para confirmar que algo oscuro hay detrás. Si recibe una subvención, vive del dinero público. Si pide donaciones, quiere enriquecerse. Si ayuda a personas migrantes, solo ayuda a extranjeros. Si interviene en una catástrofe que afecta mayoritariamente a españoles, se afirma que no está allí. La conclusión comienza a existir antes que los hechos y cualquier imagen puede utilizarse después para sostenerla.

En Ceuta hemos dado otro paso. Ya no hablamos únicamente de publicaciones en redes sociales o de comentarios debajo de una fotografía. Durante la crisis migratoria de este verano se han producido protestas para impedir que los vehículos de Cruz Roja llevaran comida y agua hasta las personas que permanecían en la playa de El Trampolín, y voluntarios de distintas organizaciones han denunciado insultos, amenazas y hostigamiento simplemente por repartir alimentos. Una responsable de la ONG Luna Blanca lo resumía de una manera difícil de ignorar: les increpaban por dar comida caliente y les decían que dejaran pasar hambre a esas personas para que regresaran a su país.

Ahí es donde para mí cambia la naturaleza del problema. Podemos discutir cuántas personas puede acoger un territorio, cómo deben gestionarse las fronteras, qué política migratoria queremos o qué responsabilidades corresponden a cada administración. Son debates legítimos y además necesarios. Pero cuando una persona pasa hambre delante de nosotros y empezamos a considerar que darle comida dificulta la política migratoria que queremos aplicar, hemos pasado a discutir algo diferente. Ya no estamos hablando solamente de inmigración. Estamos empezando a decidir quién merece ser auxiliado.

Y me preocupa especialmente porque este rechazo a las organizaciones sociales aparece al mismo tiempo que una desconfianza creciente hacia lo público. Llevamos años escuchando que la Administración es lenta, cara, burocrática e ineficiente. Muchas veces lo es y quienes trabajamos cerca de los servicios sociales conocemos perfectamente hasta qué punto una persona puede agotarse pasando de una ventanilla a otra buscando una respuesta. Pero al mismo tiempo despreciamos cada vez más a esa sociedad civil organizada que históricamente ha ocupado parte del espacio al que el Estado no llega.

El modelo español se ha construido precisamente sobre esa convivencia. Tenemos servicios públicos, pero también asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que desarrollan programas de atención, acompañamiento e inclusión financiados en muchas ocasiones mediante recursos públicos. No es una anomalía ni algo que las organizaciones hayan inventado para conseguir subvenciones. La propia legislación española reconoce al Tercer Sector de Acción Social y establece mecanismos de colaboración con las administraciones públicas, al mismo tiempo que recuerda que esa colaboración no puede servir para que las administraciones abandonen sus responsabilidades.

Se puede discutir, y creo que deberíamos hacerlo mucho más, dónde tiene que estar la frontera. Hay servicios que quizá nunca deberían haberse delegado. Hay programas que funcionan año tras año mediante subvenciones temporales cuando responden a necesidades que sabemos perfectamente que seguirán existiendo. Hay profesionales sosteniendo derechos con proyectos que terminan el 31 de diciembre y vuelven a empezar, si hay suerte, unos meses después. Defender el papel de las organizaciones sociales no debería significar aceptar que el Estado pueda retirarse tranquilamente y dejarles a ellas el trabajo.

Pero me inquieta pensar qué ocurre si deslegitimamos las dos cosas al mismo tiempo. Si los servicios públicos son un despilfarro y las organizaciones sociales son chiringuitos subvencionados, solo queda una tercera posibilidad: convertir cada vez más necesidades en productos. Quien pueda pagar cuidados los tendrá. Quien pueda pagar atención psicológica la tendrá. Quien pueda pagar una residencia podrá elegirla. Quien pueda pagar apoyos para afrontar una discapacidad, la crianza o una situación de dependencia tendrá más posibilidades de resolverlas. Y quien no pueda dependerá de su familia, de su entorno o de que alguien decida voluntariamente ayudarle.

No tengo ninguna prueba de que exista un plan organizado para desacreditar a las ONG con el objetivo de sustituir nuestro modelo social por ese otro y no pretendo convertir una preocupación en una teoría de la conspiración. Los cambios sociales tampoco necesitan necesariamente una sala en la que varias personas decidan cómo van a producirse. A veces ocurren de una manera mucho más sencilla. Cambia lo que pensamos de los impuestos, de la pobreza, de quien recibe una ayuda, de los servicios públicos o de quien necesita una prestación y, poco a poco, comienzan a parecernos razonables cosas que algunos años antes no lo habrían parecido.

Es ahí donde llevo tiempo dándole vueltas a otro precedente histórico que creo que merece ser observado con mucho cuidado. Las comparaciones con el nazismo suelen utilizarse con demasiada facilidad y muchas veces sirven precisamente para dejar de pensar. No creo que quien critique a Cruz Roja sea un nazi, ni que repartir mantas en Ceuta nos coloque automáticamente ante una repetición de la Alemania de los años treinta. Lo que me interesa es algo bastante más concreto: qué sucede cuando la solidaridad deja de construirse alrededor de la necesidad y empieza a organizarse alrededor de la pertenencia.

El Partido Nazi tuvo sus propias estructuras de asistencia incluso antes de llegar al poder. La Nationalsozialistische Volkswohlfahrt nació en Berlín en 1931 como una pequeña organización de ayuda vinculada al partido y destinada inicialmente a personas necesitadas de su propio entorno. Después de la llegada de Hitler al poder en 1933 fue transformada en una enorme organización de bienestar extendida por Alemania. Al mismo tiempo, el régimen fue controlando las organizaciones sociales existentes, cerrando algunas e integrando otras dentro de un sistema en el que la ayuda quedaba sometida a la concepción nazi de quién pertenecía a la comunidad nacional.

El Winterhilfswerk, el conocido Auxilio de Invierno, proporciona quizá la imagen más clara. Recaudaba dinero y distribuía alimentos y otros productos entre personas necesitadas, pero no era simplemente una organización benéfica. Formaba parte de la construcción propagandística de la Volksgemeinschaft, esa comunidad nacional que el régimen presentaba como un pueblo unido y solidario. La documentación histórica muestra cómo aquellas campañas combinaban asistencia real con propaganda y con una determinada idea de quién formaba parte de esa comunidad.

Ahí encuentro una cuestión que sí me parece útil traer hasta el presente sin necesidad de comparar dos momentos históricos que son evidentemente distintos. La solidaridad puede entenderse como una respuesta ante la necesidad de una persona o puede entenderse como un privilegio que concedemos a quienes reconocemos como miembros de nuestro grupo. En el primer caso vemos a alguien que tiene frío y le damos una manta. En el segundo empezamos por preguntarnos quién es, de dónde viene, por qué está aquí y si merece recibirla.

Quizá por eso me impresionan tanto las mantas. Una manta roja sobre los hombros de alguien que acaba de llegar a una playa no resuelve prácticamente nada. Esa persona seguirá teniendo delante una frontera, un procedimiento administrativo, posiblemente una orden de devolución o una solicitud de protección internacional, meses de incertidumbre y una vida que tendrá que intentar reconstruir. La manta únicamente consigue que durante un rato tenga menos frío, pero hemos sido capaces de convertir incluso ese gesto mínimo en un campo de batalla.

Podemos fiscalizar a Cruz Roja y a cualquier otra organización. Podemos reclamar que las administraciones hagan directamente aquello que les corresponde, cuestionar subvenciones, exigir transparencia y discutir todas las políticas migratorias que queramos. Nada de eso debería incomodarnos en una democracia. Lo que sí debería hacerlo es llegar al punto en el que alguien considere que dar comida a una persona hambrienta o cubrir con una manta a una persona que tiene frío constituye una amenaza.

Porque entonces quizá la manta no sea realmente el problema. Quizá lo que estamos discutiendo, aunque todavía no siempre lo formulemos así, es quién tiene derecho a formar parte de ese nosotros al que estamos dispuestos a cuidar. Y la historia debería habernos enseñado que, cuando una sociedad empieza a dedicar demasiados esfuerzos a decidir quiénes son los nuestros, siempre termina apareciendo una segunda pregunta mucho más peligrosa: qué hacemos con todos los demás.

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