Un espacio personal de Diego Navarro

Autor: Diego (Página 2 de 4)

Ozempic frente a la idea social de que hay que sufrir para adelgazar

Hay algo que me llama la atención cada vez que aparece una conversación sobre Ozempic, Mounjaro y los medicamentos que han cambiado en poco tiempo la forma en la que hablamos de la pérdida de peso. Me interesan muchas de las cuestiones que rodean a estos medicamentos: si realmente funcionan, cuáles son sus efectos secundarios, qué riesgos pueden tener y, especialmente, el enorme negocio que las compañías farmacéuticas están construyendo alrededor de ellos. Sobre algunas de estas cuestiones, como los efectos secundarios, prefiero no entrar demasiado porque no soy médico y creo que conviene hablar desde el conocimiento que uno tiene. Sobre otras, como el negocio farmacéutico y la manera en que se está desarrollando este mercado, sí tengo una opinión bastante clara. Pero hay otra cuestión que me parece también especialmente interesante: la reacción que provocan en una parte de la sociedad. Parece que no basta con que una persona consiga perder peso. Necesitamos saber cómo lo ha conseguido y, sobre todo, cuánto le ha costado.

Si alguien adelgaza después de meses de dieta, gimnasio, restricciones, hambre y disciplina, solemos considerar que ha hecho las cosas bien. Hay un componente casi moral en ese reconocimiento: ha tenido fuerza de voluntad, se ha sacrificado, ha sido constante y, por tanto, se ha ganado el resultado. Pero si esa misma persona consigue perder peso con ayuda de un medicamento, aparece rápidamente la idea de que ha elegido el camino fácil, como si el valor de adelgazar dependiera también de cuánto sufrimiento hayamos podido observar durante el proceso. Y es precisamente esa reacción la que me interesa explorar, porque detrás de ella hay algo que va bastante más allá de Ozempic o Mounjaro: nuestra manera de entender el cuerpo, la salud, la responsabilidad individual y hasta el mérito.

¿Por qué necesitamos que adelgazar cueste?

Vivimos en una sociedad en la que el esfuerzo tiene un valor enorme. No solamente nos gusta conseguir resultados, sino que tendemos a considerar que los resultados son más legítimos cuando creemos que han requerido sacrificio. Lo hacemos constantemente: admiramos a quien ha trabajado mucho para conseguir algo, desconfiamos de quien parece haberlo obtenido demasiado fácilmente y atribuimos parte del mérito de una persona a la dificultad del camino que ha recorrido. Con el peso corporal ocurre algo especialmente llamativo porque, en nuestra cultura, adelgazar se ha convertido en algo más que una cuestión relacionada con la salud. También se ha convertido en una demostración de disciplina. El cuerpo puede terminar funcionando como una especie de escaparate de nuestra supuesta fuerza de voluntad: un cuerpo delgado puede interpretarse como la prueba visible de que una persona se cuida, se controla y sabe renunciar, mientras que un cuerpo gordo se interpreta demasiadas veces como la prueba contraria.

La psicología social lleva años estudiando esta relación entre esfuerzo y valoración de las personas. Ya en 2016 un estudio encontró que el esfuerzo que las personas atribuían a alguien para perder peso influía en la valoración que hacían de esa persona. Investigaciones más recientes han trasladado esta cuestión directamente a los medicamentos GLP-1. En un estudio publicado en 2025, cuando una persona perdía peso utilizando Ozempic, se consideraba que había realizado menos esfuerzo y que merecía menos reconocimiento que otra que conseguía la misma pérdida de peso mediante dieta y ejercicio. Incluso cuando se explicaba que también había realizado dieta y ejercicio, el uso del medicamento seguía reduciendo la percepción de esfuerzo y de reconocimiento asociada al resultado.

Esto me parece bastante revelador, porque entonces la pregunta deja de ser solamente si una persona está más sana o se encuentra mejor y pasa a ser cuánto creemos que se lo ha trabajado. Y no termino de entender por qué necesitamos que la salud tenga una parte de sufrimiento para considerarla legítima.

El hambre tampoco es solamente una cuestión de voluntad

Aquí aparece una pequeña cuestión médica y psicológica que creo que conviene explicar, precisamente porque ayuda a entender el debate sin convertir el artículo en un texto sobre farmacología. Ozempic no es un quemagrasas. Mounjaro tampoco. La semaglutida, principio activo de Ozempic, es un agonista de los receptores GLP-1: imita la acción de una hormona que participa en la regulación de la glucosa, favorece determinados mecanismos relacionados con la producción de insulina y, a través de su acción sobre el sistema nervioso, interviene en la regulación del apetito y la sensación de saciedad. La tirzepatida, principio activo de Mounjaro, actúa sobre dos sistemas, los receptores GIP y GLP-1. En ambos casos estamos hablando de medicamentos que modifican mecanismos fisiológicos relacionados con el hambre y la ingesta, no de productos que simplemente “queman” la grasa corporal.

Y esto introduce una cuestión psicológica bastante interesante. Durante mucho tiempo hemos hablado del hambre como si fuera exclusivamente una decisión: si tienes hambre, comes; si quieres adelgazar, simplemente decides comer menos. Pero nuestro comportamiento alimentario no funciona de una manera tan sencilla. El hambre, la saciedad, la recompensa asociada a la comida y la regulación de la ingesta están influidos por mecanismos biológicos y psicológicos que no controlamos conscientemente en todo momento. El hecho de que podamos decidir qué comemos no significa que podamos decidir cuándo sentimos hambre del mismo modo que decidimos qué ropa ponernos.

Esto no significa que nuestra conducta no importe ni que las decisiones personales sean irrelevantes. Significa algo mucho más sencillo: que el hecho de que podamos tomar decisiones sobre nuestra alimentación no significa que todo lo relacionado con el hambre dependa exclusivamente de nuestra voluntad. Y quizá deberíamos tenerlo presente antes de juzgar a una persona por no haber conseguido adelgazar mediante una supuesta fuerza de voluntad suficiente.

Si existe un tratamiento, ¿por qué nos molesta que alguien lo utilice?

Aquí es donde creo que la discusión se vuelve especialmente interesante. No estoy planteando que todo el mundo deba utilizar estos medicamentos ni que sean adecuados para cualquier persona que quiera perder unos kilos. Tampoco creo que debamos ignorar sus efectos secundarios, sus contraindicaciones, los problemas que puedan surgir con un uso inadecuado o las consecuencias que puede tener convertirlos en productos de consumo asociados a una determinada estética corporal. Son medicamentos y, como cualquier medicamento, tienen riesgos y beneficios que deben valorarse individualmente.

Pero una cosa es discutir eso y otra muy diferente convertir su utilización en una cuestión moral. Si una persona tiene obesidad y un riesgo elevado de sufrir problemas de salud relacionados con ella, y un tratamiento puede ayudarla a perder peso y mejorar determinados factores de riesgo, ¿por qué debería importarnos si lo ha conseguido con menos esfuerzo del que nosotros consideramos necesario?. A nadie le parece especialmente inmoral que una persona con hipertensión utilice un medicamento para controlar su presión arterial en lugar de demostrar que ha sido capaz de conseguirlo únicamente mediante dieta y ejercicio. Tampoco solemos pensar que alguien con diabetes está haciendo trampas porque necesita medicación para controlar su enfermedad.

Sin embargo, con el peso aparece una exigencia diferente. Parece que no basta con conseguir el resultado. Necesitamos aprobar también el método y, cuanto más difícil haya sido el camino, más mérito le atribuimos. Es como si adelgazar tuviera que superar una especie de examen moral en el que no solo importa llegar a la meta, sino demostrar que hemos sufrido lo suficiente para merecerla.

El problema es cuando convertimos la salud en una cuestión de carácter

Quizá una de las razones por las que esta conversación genera tantas reacciones sea que todavía tenemos una tendencia muy fuerte a interpretar el peso como una característica que depende fundamentalmente de las decisiones individuales. Si pensamos que una persona pesa demasiado porque no se controla, entonces adelgazar mediante dieta y ejercicio parece demostrar que finalmente ha conseguido corregirse. Si utiliza un medicamento, esa narrativa se rompe, porque aparece una ayuda externa que demuestra que quizá la cuestión no era tan sencilla como queríamos pensar.

Y aquí aparece algo que me parece especialmente importante: la utilización de estos medicamentos no está eliminando necesariamente el estigma asociado al peso. De hecho, puede estar creando una nueva forma de juicio. La persona que adelgaza con un GLP-1 puede ser percibida como alguien que ha tomado un atajo, y esa percepción se relaciona con valoraciones más negativas sobre ella. Una investigación publicada en 2026, basada en cuatro estudios realizados en Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido, encontró que las personas que utilizaban medicamentos contra la obesidad eran percibidas como menos morales y también recibían valoraciones más negativas en aspectos como competencia, calidez o merecimiento. Los autores relacionan estos juicios, en parte, con la percepción de que habían realizado menos esfuerzo.

Otra investigación experimental publicada también en 2026 encontró que una persona descrita como alguien que había perdido peso utilizando un GLP-1 recibía una valoración más negativa que otra que había perdido la misma cantidad de peso mediante dieta y ejercicio. Es decir, el mismo resultado puede ser valorado de manera diferente dependiendo del camino que imaginemos que ha seguido la persona para conseguirlo.

Es bastante paradójico. Durante años hemos culpado a las personas con obesidad de no hacer suficiente esfuerzo para adelgazar. Ahora que existe una herramienta que puede facilitar la pérdida de peso, podemos seguir culpándolas, pero por haber utilizado esa herramienta. Parece que necesitamos mantener intacta la idea de que el peso dice algo sobre la persona, sobre su carácter, su disciplina o su capacidad para controlarse.

Y sí, las farmacéuticas también tienen mucho que decir

Sería ingenuo ignorar que detrás de todo esto existe un negocio enorme. Y en este punto creo que es importante no caer en una falsa neutralidad. Las compañías farmacéuticas tienen intereses económicos y el mercado de los medicamentos relacionados con la obesidad y la diabetes se ha convertido en uno de los grandes negocios de la industria. No es una sospecha ni una teoría: los propios resultados económicos de las compañías muestran la dimensión que está alcanzando este mercado. Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, registró en 2025 unas ventas de 82.347 millones de coronas danesas en su área de obesidad, frente a 65.146 millones en 2024. Eli Lilly, fabricante de Mounjaro y Zepbound, ingresó en 2025 unos 22.965 millones de dólares por Mounjaro y otros 13.542 millones por Zepbound.

Por tanto, sí, hay un negocio enorme detrás de estos medicamentos. Y precisamente por eso creo que debemos mirarlo con cierta distancia. Cuando una herramienta médica empieza a generar semejantes cantidades de dinero y, además, aparece en el centro de una sociedad obsesionada con el peso, es razonable preguntarse qué parte pertenece al ámbito sanitario y qué parte empieza a responder a la lógica del mercado.

También deberíamos preguntarnos quién puede acceder a estos tratamientos, cuánto cuestan, qué ocurre cuando una persona los necesita pero no puede pagarlos y qué sucede cuando un medicamento pensado para tratar determinadas condiciones médicas empieza a ser presentado socialmente como una solución para conseguir un determinado cuerpo. La industria no crea por sí sola la obsesión por adelgazar, pero tampoco es ajena a ella. Cuando existe una enorme demanda social por modificar el cuerpo y, al mismo tiempo, aparece un producto capaz de hacerlo de una manera eficaz, la oportunidad comercial es evidente.

Pero tampoco creo que la crítica a las farmacéuticas tenga que llevarnos al extremo contrario. Que una empresa gane muchísimo dinero con un medicamento no significa automáticamente que ese medicamento sea inútil o que todas las personas que lo utilizan estén siendo engañadas. Podemos cuestionar el negocio, exigir regulación, transparencia, investigación independiente y acceso equitativo y, al mismo tiempo, reconocer que puede existir una utilidad médica real. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Lo que sí me preocupa es que terminemos aceptando con demasiada facilidad que una cuestión sanitaria se convierta en un enorme mercado de consumo alrededor del cuerpo. Porque entonces corremos el riesgo de que la pregunta deje de ser ¿qué necesita esta persona para mejorar su salud? y pase a ser ¿qué producto necesita para parecerse al cuerpo que socialmente consideramos deseable?.

De medicamento para la diabetes a fenómeno social

Hay otra cuestión que tampoco deja de resultarme llamativa. Estos medicamentos no nacieron simplemente como una respuesta estética a una sociedad que quería adelgazar. La semaglutida forma parte de una familia de medicamentos desarrollados para intervenir en procesos metabólicos y Ozempic está aprobado para mejorar el control de la glucosa en adultos con diabetes tipo 2, además de la dieta y el ejercicio. La tirzepatida también tiene una indicación específica para la diabetes tipo 2 bajo la marca Mounjaro, mientras que otras formulaciones y marcas de estos principios activos tienen indicaciones relacionadas con el control crónico del peso.

Sin embargo, en muy poco tiempo el imaginario social ha conseguido convertir estos medicamentos en algo mucho más sencillo: las inyecciones para adelgazar. La diabetes tipo 2 sigue existiendo, por supuesto, y para quienes conviven con ella estos medicamentos pueden formar parte de un tratamiento médico. Pero esa realidad ha quedado bastante eclipsada en la conversación pública por los famosos que han perdido peso, las fotografías del antes y el después, las discusiones sobre cuántos kilos se pueden perder y la obsesión por conseguir determinados cuerpos.

Y quizá eso también dice bastante de nosotros. Una herramienta terapéutica relacionada con una enfermedad metabólica puede terminar convertida en un fenómeno cultural porque la parte que más nos interesa no es necesariamente la enfermedad, sino el cuerpo que podemos cambiar. La diabetes interesa menos que la báscula.

Incluso existe una paradoja en todo esto. Durante años hemos querido combatir la idea de que la obesidad es simplemente una cuestión de voluntad y hemos intentado entenderla como un problema en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Los medicamentos GLP-1 podrían contribuir a esa mirada más compleja, porque su propio funcionamiento recuerda que el hambre y la regulación del peso tienen una dimensión fisiológica que no se reduce a la voluntad. Pero, al mismo tiempo, el enorme interés social que despiertan puede reforzar otra idea igualmente problemática: que cualquier cuerpo que no encaje en determinado modelo debe ser modificado.

El cuerpo como responsabilidad individual

Quizá aquí esté la parte más social de toda esta historia. Hemos construido una sociedad que habla constantemente de responsabilidad individual. Si tienes una mala situación económica, deberías esforzarte más. Si tienes problemas de salud, deberías cuidarte. Si estás estresado, deberías aprender a gestionarlo. Y si tienes un cuerpo que no encaja en el modelo que consideramos saludable o atractivo, deberías hacer algo para cambiarlo.

Hay algo cómodo en esa explicación porque convierte problemas complejos en decisiones individuales. Si todo depende de lo que haga cada persona, no tenemos que mirar demasiado al entorno, a las condiciones sociales, a la alimentación disponible, a los horarios laborales, a la educación, a la salud mental, a la genética, a las desigualdades económicas o a la propia relación que hemos construido con el cuerpo.

Y con el peso ocurre algo especialmente evidente. El cuerpo se convierte en una especie de currículum visible. Miramos a una persona y creemos poder saber si se cuida, si tiene disciplina, si come bien o si hace ejercicio. Incluso creemos poder saber si merece reconocimiento cuando consigue cambiarlo.

Los medicamentos GLP-1 ponen todo eso en cuestión porque permiten que algunas personas consigan un resultado que antes asociábamos casi exclusivamente al esfuerzo visible. Y quizá por eso generan tanta incomodidad. No porque adelgazar con un medicamento sea necesariamente peor, sino porque rompe una relación que teníamos muy interiorizada entre resultado y sacrificio.

No deberíamos necesitar que alguien sufra para reconocer que está mejor

En el fondo, creo que esta discusión habla de algo bastante más amplio que Ozempic o Mounjaro. Habla de nuestra necesidad de encontrar culpables y de convertir determinadas condiciones de salud en una cuestión de carácter. Nos gusta pensar que cada persona controla completamente su cuerpo porque esa explicación resulta sencilla: si alguien está delgado, ha hecho las cosas bien; si alguien está gordo, no las ha hecho bien; si consigue adelgazar haciendo dieta y ejercicio, ha demostrado que tenía voluntad; si lo consigue con un medicamento, ha tomado un atajo.

Pero la realidad es bastante menos cómoda que eso. Nuestro cuerpo no es un proyecto completamente controlable. La alimentación no es únicamente una suma de decisiones racionales. El hambre no depende exclusivamente de la voluntad. La genética, el metabolismo, el entorno, la salud mental, las condiciones sociales, los hábitos adquiridos y muchos otros factores participan en algo que solemos reducir a una frase tan sencilla como come menos y muévete más.

Por supuesto que existen decisiones personales. Por supuesto que los hábitos importan y, por supuesto, los medicamentos tampoco son una solución mágica ni están exentos de riesgos. Tampoco creo que debamos convertirlos en una especie de milagro médico ni ignorar sus efectos secundarios porque nos interese defender una determinada posición. Precisamente porque son medicamentos, deben utilizarse cuando están indicados y bajo supervisión sanitaria. Pero reconocer todo eso no debería obligarnos a volver a la vieja idea de que quien no consigue adelgazar suficientemente es, sencillamente, alguien que no se ha esforzado lo suficiente.

Quizá el problema sea que seguimos confundiendo salud con mérito. Una persona no debería tener que demostrar cuánto ha sufrido para que reconozcamos que está mejor. Si un tratamiento médico puede ayudar a alguien que lo necesita, utilizarlo no convierte su pérdida de peso en menos legítima. Y si otra persona prefiere hacerlo mediante dieta, ejercicio o cualquier otra estrategia adecuada, tampoco necesita que su esfuerzo sea utilizado para juzgar a quien ha elegido otro camino.

No se trata de defender Ozempic. Tampoco de demonizarlo. Se trata de preguntarnos qué hacemos nosotros con la persona que lo utiliza.

Porque podemos discutir sus efectos, sus riesgos, el papel de las farmacéuticas, el precio de los tratamientos, el acceso desigual o la transformación de estos medicamentos en un fenómeno de consumo. Todo eso merece ser discutido y, en algunos casos, criticado. Pero ninguna de esas discusiones debería convertir a quien necesita un tratamiento en alguien que tiene que justificar moralmente por qué ha decidido utilizarlo.

Al final, quizá la pregunta que deberíamos hacernos no sea por qué algunas personas adelgazan con Ozempic o Mounjaro. Quizá deberíamos preguntarnos por qué nos molesta tanto que alguien pueda mejorar sin sufrir tanto como nosotros creemos que debería sufrir.

Porque si lo que realmente nos importa es la salud, el resultado debería importar bastante más que nuestra necesidad de decidir quién se lo ha ganado.

Ceuta y el precio humano de la crisis migratoria

Las imágenes que han llegado desde Ceuta estos días son difíciles de ignorar. Miles de personas intentando alcanzar territorio español, familias enteras caminando por la playa, menores cruzando a nado, agentes desbordados y una ciudad incapaz de absorber una llegada de semejante magnitud. Es una situación excepcional que ha generado preocupación, incertidumbre y un intenso debate político. Sería ingenuo negar que una entrada masiva de personas plantea un desafío enorme para cualquier país. La gestión de las fronteras es una responsabilidad del Estado y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo debe afrontarse una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, precisamente cuando las emociones son más intensas, es cuando más necesario resulta detenerse a comprender qué está ocurriendo realmente y quiénes son los verdaderos protagonistas de esta historia.

Lo sucedido en Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Todo indica que detrás hay también una crisis diplomática en la que Marruecos ha desempeñado un papel decisivo al relajar o dejar de ejercer el control habitual sobre la frontera durante un tiempo. Cuando miles de personas consiguen cruzar de forma prácticamente simultánea una frontera que normalmente está fuertemente vigilada, resulta evidente que no estamos ante un simple aumento espontáneo de llegadas. Estamos ante un conflicto entre Estados en el que la migración se convierte en un instrumento de presión política. Es una realidad incómoda, pero necesaria para entender el contexto. Las personas migrantes no han diseñado esa estrategia, no controlan las relaciones entre gobiernos ni deciden cuándo se abre o se cierra una frontera. Han sido, una vez más, quienes han quedado atrapados en medio de un pulso que les supera por completo.

Eso no significa que todas las decisiones que toman sean irrelevantes o que la entrada irregular deba contemplarse con indiferencia. Los Estados tienen el derecho y la obligación de proteger sus fronteras, igual que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público. Defender esto no convierte a nadie en xenófobo, del mismo modo que defender la dignidad de las personas migrantes no convierte a nadie en partidario de unas fronteras sin control. El problema aparece cuando el debate deja de centrarse en cómo gestionar una situación compleja y comienza a buscar culpables fáciles.

Y pocas veces hay un culpable más fácil que quien llega sin nada.

Las redes sociales y algunos discursos políticos reaccionan con una velocidad que apenas deja espacio para la reflexión. En cuestión de horas empiezan a circular vídeos sacados de contexto, mensajes que presentan la llegada de miles de personas como una amenaza homogénea e incluso expresiones que dejan de hablar de seres humanos para hablar de masas, invasiones o enemigos. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión sobre la política migratoria, a pedir un mayor control fronterizo o a reclamar cambios legislativos. Todo eso forma parte del debate democrático. Lo preocupante es cuando la discusión deja de dirigirse hacia las políticas y comienza a dirigirse contra las personas.

Porque quienes aparecen en esas imágenes tienen historias muy diferentes entre sí. Algunos huyen de conflictos, otros de la pobreza extrema, otros simplemente buscan oportunidades que jamás han encontrado en su país de origen. También habrá quien actúe movido únicamente por el deseo de mejorar su situación económica. Ninguna de esas circunstancias convierte automáticamente cualquier decisión en correcta ni obliga a un Estado a aceptar toda entrada irregular. Pero tampoco justifica que desaparezca algo tan básico como la capacidad de reconocer que seguimos hablando de personas.

Hay una consecuencia de estas crisis que rara vez ocupa los titulares y, sin embargo, se repite una y otra vez. El rechazo no suele quedarse en quienes acaban de cruzar la frontera. Termina extendiéndose sobre miles de personas migrantes que llevan años viviendo en España, trabajando, pagando impuestos, formando familias y participando de la vida cotidiana como cualquier otro vecino. Basta con que el ambiente social se tense para que muchos vuelvan a sentir que tienen que demostrar constantemente que ellos no son «como los de las noticias». Esa necesidad permanente de justificarse es una carga profundamente injusta, porque nadie debería responder por las decisiones o los actos de un colectivo entero únicamente por compartir un origen.

Quizá ese sea uno de los efectos más peligrosos del discurso de odio. No necesita conocer a las personas. Le basta con una etiqueta. Cuando alguien deja de ser Ahmed, Fátima o Moussa para convertirse simplemente en «el inmigrante», ya no importa su historia, su trabajo, sus esfuerzos o los años que lleve construyendo una vida aquí. La individualidad desaparece y solo queda un estereotipo sobre el que resulta muy sencillo proyectar miedos, frustraciones o problemas que tienen causas mucho más profundas.

Como trabajador social, una de las lecciones que más se repite con el paso de los años es que la realidad nunca cabe dentro de los eslóganes. Detrás de cada expediente hay una biografía distinta, decisiones difíciles, errores, aciertos, pérdidas y esperanzas. Las personas no son categorías administrativas ni titulares de prensa. Tampoco son números en una estadística. Cuando olvidamos eso, dejamos de comprender los problemas sociales y empezamos a construir caricaturas que quizá sirvan para ganar un debate, pero nunca para resolver un conflicto.

La crisis de Ceuta exige respuestas políticas serias. España debe proteger sus fronteras, Europa no puede mirar hacia otro lado y Marruecos debe asumir las responsabilidades que le correspondan si, como todo parece indicar, ha utilizado la migración como un mecanismo de presión diplomática. Todo eso merece un debate firme y honesto. Pero ninguna de esas respuestas mejorará si se alimenta el odio hacia quienes ocupan el último eslabón de toda esta cadena.

Al final, los gobiernos seguirán negociando, las relaciones diplomáticas cambiarán y los titulares acabarán siendo sustituidos por otros nuevos. Quienes permanecerán aquí serán las personas que han sobrevivido a este episodio, tanto las que lograron llegar como las que llevan años intentando construir una vida en nuestro país. Ellas serán quienes soporten durante mucho tiempo las consecuencias de unas decisiones que nunca tomaron. Porque cuando las fronteras se convierten en trincheras políticas, los gobiernos juegan sus partidas, pero quienes siempre terminan pagando el precio más alto son quienes jamás tuvieron poder para mover ninguna ficha.

Bajas laborales: cuando el trabajo enferma, pero nadie mira a la empresa

Hay palabras que no son inocentes. Palabras que, a fuerza de repetirse, terminan construyendo una determinada forma de mirar la realidad. Absentismo laboral es una de ellas. Cada cierto tiempo aparecen titulares, informes empresariales y discursos preocupados por el aumento de las ausencias al trabajo. Se habla de costes, productividad, competitividad y jornadas perdidas. Y en medio de todas esas cifras, con demasiada frecuencia, acaba apareciendo también la persona que está de baja médica, como si estar enfermo fuera simplemente no haber ido a trabajar.

Una baja laboral no es una decisión unilateral del trabajador de quedarse en casa. Es una situación de incapacidad temporal reconocida porque, durante un periodo determinado, una persona no se encuentra en condiciones de desempeñar su trabajo. Puede deberse a una enfermedad común, a un accidente, a una enfermedad profesional o a otras situaciones contempladas por nuestro sistema de protección social. No es un privilegio concedido por la empresa ni una muestra de falta de compromiso. Es un mecanismo de protección de la salud y un derecho vinculado a nuestro sistema de Seguridad Social.

Confundir una baja laboral con el absentismo es uno de los errores más frecuentes del debate público. Una incapacidad temporal reconocida médicamente no es una conducta irresponsable ni una falta de compromiso con el trabajo: es un derecho del trabajador cuando su estado de salud le impide desempeñar su actividad. Equipararla a quien decide no acudir a su puesto sin causa justificada no solo es jurídicamente incorrecto, sino que además contribuye a estigmatizar a quienes realmente están enfermos.

Esto no significa negar que puedan existir fraudes o abusos. Existen, como existen en prácticamente cualquier ámbito de la vida social, empresarial o institucional. Pero convertir la excepción en la explicación general es una forma interesada de construir el problema. Cuando una persona falta injustificadamente a su puesto de trabajo estamos ante una situación muy diferente de aquella en la que un profesional sanitario determina que no puede trabajar. Meter ambas realidades en el mismo saco puede ser útil para determinadas estadísticas, pero socialmente tiene consecuencias: convierte la enfermedad en sospecha. Y esa sospecha, además, nunca se reparte por igual.

Cuando aumentan las bajas laborales, una de las primeras preguntas suele ser qué les ocurre a los trabajadores. Se habla de su salud, de su capacidad para afrontar la presión, de su resiliencia, de sus problemas personales, de sus hábitos o de su manera de gestionar las emociones. La mirada se dirige inmediatamente hacia el individuo. Es él quien enferma y, por tanto, parece lógico concluir que el problema está en él. Sin embargo, hay una pregunta que hacemos con mucha menos frecuencia: ¿qué está ocurriendo en los lugares de trabajo?.

Esta cuestión resulta especialmente importante cuando hablamos del aumento de los problemas de salud mental relacionados, directa o indirectamente, con el trabajo. Ansiedad, depresión, agotamiento emocional, insomnio, miedo constante a equivocarse, sensación de no llegar nunca, conflictos enquistados, acoso, falta de reconocimiento, incertidumbre permanente o la obligación de trabajar durante años dentro de dinámicas profundamente deterioradas. No todo malestar psicológico tiene su origen en el empleo, evidentemente. Sería tan simplista afirmar eso como sostener lo contrario. Pero tampoco podemos seguir tratando el entorno laboral como si fuera un escenario neutro en el que las personas simplemente entran con sus problemas desde casa. El trabajo puede proteger la salud mental, pero también puede deteriorarla.

Hay organizaciones en las que la sobrecarga se ha convertido en normalidad, equipos que funcionan permanentemente al límite y responsabilidades que aumentan sin que aumenten los recursos. Hay mandos que confunden dirigir con controlar, culturas empresariales donde reconocer que no se puede más se interpreta como debilidad y conflictos que nunca se resuelven, sino que simplemente se dejan pudrir. En esos entornos, muchos trabajadores aprenden a callar porque saben que señalar un problema puede convertirlos precisamente en el problema. Y cuando finalmente alguien enferma, el sistema vuelve a individualizar lo ocurrido.

La persona recibe una baja médica. Acude a terapia, si puede acceder a ella. Aprende técnicas para gestionar la ansiedad. Trabaja su autoestima, sus límites, su capacidad de afrontamiento o su regulación emocional. Quizá toma medicación y quizá pasa semanas o meses intentando recuperarse. Todo el esfuerzo se concentra en conseguir que esa persona vuelva a estar en condiciones de regresar al mismo lugar del que salió enferma, mientras la organización puede continuar exactamente igual.

Esta es una de las contradicciones que más deberíamos cuestionar. Podemos invertir enormes esfuerzos en reparar individualmente a trabajadores dañados sin preguntarnos seriamente qué elementos del entorno contribuyeron a ese daño. La persona tiene que cambiar, adaptarse, fortalecerse y aprender nuevas herramientas. La empresa, en cambio, puede limitarse a esperar su reincorporación. Y cuando llega la vuelta, con demasiada frecuencia, quien regresa después de una baja relacionada con su salud mental vuelve al mismo puesto, a la misma carga de trabajo, al mismo responsable, al mismo conflicto y a las mismas dinámicas que existían antes de marcharse.

Incluso puede regresar bajo una nueva mirada: la del trabajador frágil, problemático o poco fiable. A veces no hace falta que nadie lo diga expresamente. Se percibe en los comentarios, en determinadas decisiones o en esa pregunta aparentemente inocente sobre si ahora será capaz de aguantar. Y quizá esa palabra, aguantar, explique buena parte del problema.

Hemos normalizado que un buen trabajador es quien aguanta, quien sigue adelante aunque esté agotado, quien no se queja, quien no coge una baja, quien responde mensajes fuera de horario y quien asume más tareas porque «todos estamos igual». Hemos llegado a convertir el deterioro de la propia salud en una demostración de compromiso profesional. Parece que cuanto más soporta una persona antes de romperse, mejor trabajador ha sido.

Desde una perspectiva sindical, defender el derecho a la baja no consiste en celebrar que las personas enfermen ni en ignorar el impacto que las ausencias pueden tener sobre los equipos. Precisamente porque una baja afecta también a los compañeros, resulta imprescindible mirar cómo se gestionan las plantillas. Cuando una ausencia provoca que el resto tenga que asumir una carga insoportable, el problema no es que el trabajador enfermo haya ejercido su derecho a recuperarse. El problema es una organización que funciona sin margen suficiente para asumir algo tan previsible como que las personas, en algún momento de su vida laboral, pueden enfermar.

Culpabilizar al compañero que está de baja puede ser cómodo. Evita preguntarse por qué una sola ausencia desestabiliza todo un servicio, por qué no se sustituye a quien falta, por qué las plantillas trabajan permanentemente bajo mínimos o por qué determinadas dinámicas se mantienen durante años aunque todo el mundo sepa que están generando sufrimiento. También evita una pregunta todavía más incómoda: ¿cuántas bajas podrían evitarse si actuáramos antes?.

Actuar antes de que la ansiedad impida levantarse de la cama, antes de que el agotamiento se convierta en incapacidad, antes de que un conflicto laboral termine destruyendo psicológicamente a una persona y antes de que alguien necesite meses para recuperarse de un entorno al que después tendrá que regresar. Porque, en demasiadas ocasiones, la intervención comienza cuando el daño ya está hecho y se dirige casi exclusivamente hacia quien lo ha sufrido.

La prevención de riesgos laborales no debería detenerse en los accidentes físicos, las posturas, las pantallas o la ergonomía. Los riesgos psicosociales existen. La organización del trabajo, el liderazgo, la carga laboral, la autonomía, el reconocimiento, la incertidumbre, los conflictos y las relaciones de poder importan. Y cuando estos factores enferman de manera repetida a las personas, dejar toda la responsabilidad de la recuperación sobre el trabajador no es prevención. Es esperar a que alguien se rompa para intentar arreglarlo después.

Necesitamos dejar de mirar las bajas laborales únicamente como un número que reducir. Una empresa puede conseguir reducir determinadas ausencias generando miedo, presión o culpabilidad, y eso no significa que tenga trabajadores más sanos. Puede significar simplemente que tiene personas enfermas trabajando. El verdadero objetivo no debería ser que la gente coja menos bajas a cualquier precio, sino que menos personas enfermen a causa del trabajo y que, cuando enfermen, puedan recuperarse sin ser tratadas como sospechosas, desleales o culpables de un problema de productividad.

Una baja médica no es un fracaso moral del trabajador. Y cuando las bajas aumentan de forma persistente en un equipo, un servicio o una organización, quizá haya que dejar de preguntarse únicamente qué les pasa a quienes enferman. Quizá haya llegado el momento de preguntarse también qué está pasando dentro de la empresa.

La política no desaparece cuando dejamos de mirarla

A mí no me gusta la política”. Es una frase que llevo escuchando desde hace muchos años. A veces viene acompañada de otras similares: “son todos iguales”, “es un rollo”, “siempre están peleándose” o “yo paso de esos temas”. En cierto modo, es una reacción comprensible. Basta con encender la televisión o abrir cualquier red social para encontrarse con discusiones interminables, declaraciones cruzadas, escándalos y titulares diseñados para generar indignación. No resulta extraño que muchas personas acaben desarrollando una cierta aversión hacia todo lo que huela a política.

Sin embargo, con el paso del tiempo he llegado a pensar que quizá el problema no es la política, sino la imagen que hemos construido de ella. Hemos terminado identificándola casi exclusivamente con los partidos, los líderes o los enfrentamientos parlamentarios, cuando en realidad la política está presente en muchas más cosas de las que imaginamos. Está en la forma en que se financia la sanidad, en las condiciones de acceso a una vivienda, en el funcionamiento de la educación pública, en las ayudas sociales, en los derechos laborales, en las pensiones o en la manera en que se gestionan los impuestos. Aunque decidamos no seguir la actualidad política, todas esas decisiones seguirán afectando a nuestra vida cotidiana.

Quizá por eso nunca he entendido del todo la idea de que desinteresarse por la política sea una forma de mantenerse al margen. En realidad ocurre justo lo contrario. Podemos decidir no prestar atención, no leer noticias o no participar en ninguna conversación sobre estos asuntos, pero las decisiones continuarán tomándose igualmente. La diferencia es que, si dejamos de interesarnos por ellas, tendremos menos herramientas para comprender por qué cambian determinadas normas, desaparecen ciertos servicios o aparecen otros nuevos.

No creo que todo el mundo deba leer leyes, estudiar ciencia política o seguir cada sesión parlamentaria. Sería una exigencia poco realista. Pero sí pienso que merece la pena conservar una cierta curiosidad por entender qué hay detrás de las decisiones públicas. Preguntarse quién propone una medida, cuál es el problema que intenta resolver, qué consecuencias puede tener, quién gana y quién pierde con ella o qué alternativas existen. Son preguntas sencillas que, sin embargo, ayudan mucho más a comprender la realidad que cualquier eslogan.

Hay otro aspecto que me preocupa especialmente y que, probablemente, tiene mucho que ver con la forma en la que hoy consumimos información. Vivimos rodeados de titulares, vídeos de pocos segundos y publicaciones que simplifican asuntos enormemente complejos. Cada día recibimos decenas de mensajes que pretenden resumir en una frase una ley de cientos de páginas o una decisión política con implicaciones económicas, sociales y jurídicas muy amplias. Poco a poco hemos ido acostumbrándonos a opinar antes de comprender.

No es extraño escuchar debates sobre una norma que casi nadie ha leído o sobre una propuesta que muy pocos conocen más allá del titular que apareció en su red social favorita. En ocasiones incluso discutimos sobre una noticia que nunca llegó a ser cierta, pero cuyo titular circuló lo suficiente como para quedarse grabado en la memoria colectiva. El problema no es solo la desinformación; el problema es que dejamos de sentir la necesidad de ir un poco más allá y averiguar qué dice realmente el texto, cuál es el contexto o qué ideología inspira esa decisión.

Porque todas las decisiones políticas responden a una determinada manera de entender la sociedad. No existen medidas completamente neutras. Detrás de cada ley, de cada reforma y de cada presupuesto hay una idea sobre cuál debe ser el papel del Estado, cómo deben repartirse los recursos, qué derechos deben priorizarse o qué problemas se consideran más urgentes que otros. Es posible estar de acuerdo o en desacuerdo con esa visión, pero para poder formarse una opinión resulta necesario conocerla primero. Cuando solo nos quedamos con el titular, muchas veces terminamos juzgando las consecuencias sin haber comprendido las ideas que las sostienen.

La desafección política también tiene otra consecuencia menos evidente. Cuanto menor es el interés de la ciudadanía por lo que hacen sus instituciones, menor suele ser el nivel de exigencia al que están sometidos quienes toman decisiones. No significa que todos los gobiernos actúen igual, ni que todas las personas que ocupan responsabilidades públicas lo hagan de mala fe. Significa simplemente que cualquier sistema democrático funciona mejor cuando existe una ciudadanía informada, capaz de preguntar, contrastar y exigir explicaciones. La vigilancia pública no depende únicamente de los medios de comunicación o de la oposición política; depende también de millones de personas que dedican un pequeño esfuerzo a entender lo que ocurre.

Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta la política, no pienso que esté rechazando un tema de conversación. Pienso que, probablemente sin pretenderlo, está renunciando a comprender una parte importante de las decisiones que condicionan su propia vida. Y me parece una lástima, porque la política no pertenece a los políticos. Pertenece a toda la sociedad.

No hace falta militar en un partido, acudir a manifestaciones o pasar horas discutiendo en redes sociales para interesarse por la política. Basta con no conformarse siempre con el primer titular, con mantener el hábito de hacerse preguntas y con aceptar que casi todos los asuntos importantes tienen más matices de los que caben en una publicación de doscientas palabras.

Quizá nunca consigamos que la política deje de generar desencanto. Es probable que siga produciendo frustración, decepciones y desacuerdos. Pero entre el entusiasmo incondicional y la indiferencia absoluta existe un espacio muy valioso: el del interés crítico. Ese interés que no consiste en creer a unos u otros, sino en intentar comprender antes de formar una opinión. Y, en tiempos donde la información viaja cada vez más deprisa y la atención dura cada vez menos, quizá esa sea una de las formas más útiles de participación ciudadana que todavía nos quedan.

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Entre trámites y vidas · Diego Navarro

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