Un espacio personal de Diego Navarro

Autor: Diego (Página 2 de 5)

No sabemos qué votarán «los nietos». Y precisamente de eso se trata

Hay algo que me resulta especialmente inquietante de todo lo que está ocurriendo alrededor de la llamada ley de nietos, y no tiene que ver únicamente con la Ley de Memoria Democrática, con lo que hizo el Ministerio de Justicia al desarrollarla o con si una instrucción administrativa interpretó de forma demasiado amplia lo que habían aprobado las Cortes. Esa discusión existe y es legítima. La ley reconoció el derecho a optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles y, posteriormente, la instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció que se presumiría la condición de exiliado para quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Se puede discutir jurídicamente si esa presunción encaja exactamente en lo que dice la ley, porque precisamente de ahí nace buena parte del conflicto. Lo que me resulta mucho más difícil de entender es que, mientras esa discusión jurídica se resuelve, hayamos terminado hablando no solo de quién tiene derecho a la nacionalidad española, sino también de qué podría ocurrir si esas personas votan.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinados efectos de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (el CERA) de quienes han obtenido la nacionalidad al amparo de esta normativa. Conviene decirlo bien porque la diferencia es importante: el Supremo no les ha retirado la nacionalidad española. Estas personas continúan siendo españolas. El litigio afecta al censo y, por tanto, a la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio mientras se resuelve el fondo del asunto. La mayoría de la Sala ha considerado que el importante incremento del CERA puede plantear riesgos para la objetividad y transparencia del proceso electoral y ha relacionado ese aumento con sus posibles efectos sobre las circunscripciones y la representación. La Junta Electoral Central ha terminado acatando la decisión, aunque también dentro de ella se han producido importantes discrepancias sobre el alcance de la medida.

Ahí es donde, para mí, la discusión deja de ser únicamente administrativa y empieza a plantear preguntas mucho más profundas. Si existen dudas sobre cómo se ha aplicado una norma de nacionalidad, habrá que resolverlas. Si una instrucción administrativa excedió lo que aprobó el legislador, corresponde a los tribunales determinarlo. Pero resulta difícil separar de la dimensión política un razonamiento que pone el foco en que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo podría modificar el resultado de unas elecciones, porque eso es precisamente lo que hacen los ciudadanos cuando votan: modificar resultados electorales. Para eso existe el sufragio. La democracia no consiste en conservar una determinada composición del electorado para que el resultado sea previsible, sino en permitir que participen todas las personas que legalmente tienen derecho a hacerlo.

Aquí aparece además una paradoja difícil de ignorar. La nacionalidad de estas personas no ha sido anulada, siguen siendo españolas y, sin embargo, el efecto práctico de la medida cautelar puede ser que no puedan ejercer temporalmente uno de los derechos políticos vinculados a esa condición. Y no es una contradicción que aparezca únicamente en el debate político o mediático. Dentro del propio Supremo existe una discrepancia: la magistrada Alicia Millán sostiene en su voto particular que las medidas acordadas impiden a ciudadanos ejercer un derecho político derivado de una nacionalidad que ha sido reconocida legalmente y que continúa produciendo efectos. Frente al riesgo futuro que aprecia la mayoría, su posición pone el foco en un perjuicio mucho más inmediato: ciudadanos españoles que pueden quedar privados del ejercicio del voto mientras se resuelve el fondo del asunto.

Pero hay otra parte de esta historia que me interesa incluso más porque dice mucho de cómo pensamos políticamente. De fondo sobrevuela una especie de presuposición sobre quiénes son estas personas y qué podrían votar. Son hijos, nietos o descendientes de españoles que se marcharon durante determinados periodos de nuestra historia y, en muchos casos, descendientes del exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura. A partir de ahí parece demasiado fácil dibujar mentalmente el resto de su biografía política: si sus abuelos fueron republicanos o huyeron del franquismo, sus descendientes serán progresistas, votarán a la izquierda y modificarán de determinada manera el resultado electoral. El problema es que las personas no funcionan así y, por mucho que nos simplifique el análisis, tampoco las familias transmiten una ideología como transmiten un apellido.

La nacionalidad puede transmitirse entre generaciones. Los apellidos también. Podemos heredar historias familiares, relatos, vínculos culturales e incluso recuerdos de acontecimientos que nosotros nunca vivimos, pero la ideología no se hereda jurídicamente ni se transmite genéticamente. Un nieto de un republicano puede ser socialista, conservador, liberal, comunista, anarquista, votar a Vox, al PP, al PSOE, a cualquier otra opción o no votar absolutamente a nadie. Puede sentir una enorme vinculación con España o prácticamente ninguna, y puede pedir la nacionalidad porque forma parte de la historia de su familia, porque quiere recuperar un vínculo que se perdió, porque le facilita vivir o trabajar en Europa o por una combinación de motivos personales que desde aquí ni siquiera conocemos.

Además, obtener la nacionalidad y quedar inscrito en el censo tampoco implica ninguna obligación de votar. Tener derecho al sufragio no significa ejercerlo, y mucho menos significa votar a una determinada opción. Por eso me cuesta aceptar cualquier construcción en la que cientos de miles de personas dejan de ser individuos y pasan a convertirse en una especie de bloque electoral imaginario. No sabemos qué piensan, no sabemos si votarán y, si lo hacen, tampoco sabemos a quién. Y precisamente de eso se trata. El voto es una decisión individual y libre; si pudiéramos anticiparlo colectivamente en función del origen familiar, de quiénes fueron sus abuelos o de por qué adquirieron la nacionalidad, estaríamos negando buena parte de lo que significa el propio derecho al sufragio.

Hay además una confusión histórica que aparece constantemente cuando hablamos de este tema: identificar automáticamente republicano con izquierda. Son conceptos distintos. Ser republicano significa, en lo fundamental, defender una determinada forma de jefatura del Estado frente a la monarquía, mientras que ser de derechas o de izquierdas tiene que ver con posiciones políticas, económicas y sociales mucho más amplias. Se puede ser republicano y conservador, republicano y liberal, republicano y socialista, y también se puede ser monárquico y situarse en posiciones ideológicas muy diferentes. La propia historia española demuestra que ambos ejes no son equivalentes: durante la Segunda República hubo gobiernos y mayorías parlamentarias de tendencias distintas, incluidas fuerzas conservadoras y de derechas, y aquello no convirtió España en una monarquía. Una cosa es decidir cómo se configura la jefatura del Estado y otra muy distinta decidir qué políticas fiscales, laborales, económicas, sociales o territoriales queremos.

Por eso reducir a los descendientes del exilio a «nietos de republicanos» y, desde ahí, imaginar su comportamiento electoral acumula dos simplificaciones sucesivas. Primero se da por supuesto que la historia política de sus abuelos define la de toda la familia y después se identifica republicanismo con voto de izquierdas. Ninguna de las dos cosas tiene por qué ser cierta. Incluso aunque una persona conozca perfectamente la historia política de su abuelo, la reivindique y considere importante recuperar una nacionalidad que su familia perdió, puede haber llegado a conclusiones políticas completamente diferentes ochenta años después. Eso ocurre en cualquier familia española y no hay ninguna razón para pensar que las familias de la emigración o del exilio funcionen de otra manera.

Y todavía hay algo anterior a todo esto. La denominada ley de nietos no debería entenderse únicamente como una fábrica de nuevos electores. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática contempla varios supuestos de acceso a la nacionalidad: personas nacidas fuera de España descendientes de españoles originarios afectados por el exilio, hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución y también hijos mayores de edad de personas a quienes se reconoció la nacionalidad de origen mediante determinados mecanismos anteriores. Llamarla ley de nietos resulta útil para entender de qué estamos hablando, pero también simplifica una realidad jurídica bastante más compleja.

Podemos discutir si la técnica legislativa fue buena, si la instrucción posterior amplió demasiado alguno de los supuestos o si deberían haberse establecido otros mecanismos de prueba. Todo eso forma parte de un debate jurídico perfectamente legítimo. Lo que no debería confundirse con esa discusión es el cálculo sobre qué efecto electoral pueden tener esas personas una vez reconocidas como españolas. Si empezamos a valorar la incorporación de ciudadanos al censo dependiendo de cómo imaginamos que podrían votar, dejamos de preguntarnos únicamente quién cumple los requisitos para ser ciudadano y empezamos a introducir otra pregunta mucho más incómoda: qué ciudadanos nos convienen electoralmente.

Una democracia puede revisar cómo concede la nacionalidad, exigir documentos, modificar leyes, corregir procedimientos administrativos y someter todas esas decisiones al control de los tribunales. Pero una vez reconocida una nacionalidad válida, los derechos que derivan de ella no deberían mirarse con sospecha porque aumente el número de ciudadanos o porque alguien imagine que esos nuevos electores pueden alterar un resultado. Ese es precisamente el sentido de unas elecciones: que el resultado dependa de lo que decidan quienes tienen derecho a participar y no de una previsión previa sobre lo que sería políticamente más conveniente.

Quizá algunos sean nietos de republicanos y otros no. Algunos conservarán las ideas políticas de sus familias y otros pensarán exactamente lo contrario que sus abuelos. Habrá personas de izquierdas, de derechas, republicanas, monárquicas, indiferentes a la política y seguramente muchas que nunca participen en unas elecciones españolas. Podemos reconocerles una historia familiar, una nacionalidad y unos derechos sin necesidad de atribuirles también una ideología, porque si hay algo que deberíamos asumir cuando reconocemos a alguien como ciudadano es precisamente que, llegado el momento de votar, no sabemos qué hará con ese derecho. Y precisamente de eso se trata.

Sacamos a Nada de la selva, pero no de la vulnerabilidad

Hace poco escuché la historia de Nada Itrab y, conforme avanzaba, tenía la sensación de que en una sola vida se estaban cruzando casi todos los temas que me interesan y sobre los que suelo escribir: la migración, la pobreza, el choque entre culturas, la vulnerabilidad, la manipulación religiosa, la psicología, el trabajo social, la explotación laboral y sexual, la protección de la infancia, la policía e incluso la política internacional. Es una historia tan extrema que podría parecer construida para una película, pero sucedió de verdad. Comenzó en un barrio de L’Hospitalet de Llobregat, continuó en la selva boliviana y, aunque hubo un rescate espectacular, no terminó cuando Nada regresó a España. Al escucharla, además, hubo una idea que se me quedó especialmente clavada: la indiferencia de quienes ven que algo está sucediendo, saben o intuyen que no está bien y, aun así, continúan con su vida.

Nada llegó desde Marruecos cuando tenía cuatro años. Su familia buscaba aquí una vida mejor, pero acabó viviendo en una situación de pobreza extrema, sin autorización de residencia, en un piso ocupado, sin agua corriente y con enormes dificultades para cubrir las necesidades más básicas. Años después apareció en sus vidas Grover Morales, un vecino boliviano que se mostraba amable, religioso y dispuesto a ayudar. Les llevaba comida, hacía arreglos en la vivienda y fue convirtiéndose en alguien cercano. No irrumpió en la familia mediante la violencia, sino a través de aquello que más necesitaban: apoyo, confianza y una cierta sensación de seguridad.

Esto es importante porque la vulnerabilidad no convierte inevitablemente a nadie en víctima, pero sí ofrece oportunidades a quienes saben aprovecharse de ella. Cuando una familia carece de dinero, papeles, redes sociales y apoyos institucionales, cualquier persona que resuelva una necesidad concreta puede adquirir un poder enorme. La ayuda deja de ser solamente ayuda y puede convertirse en dependencia. Morales supo presentarse como alguien necesario hasta conseguir que los padres de Nada autorizaran ante notario que viajara con él a Bolivia. Supuestamente serían unas vacaciones de una semana, un premio porque la niña había sacado buenas notas. Nada tenía nueve años y nunca había subido a un avión. Para una niña que ocultaba ante sus compañeros que su familia no podía permitirse unas vacaciones, aquel viaje debía de parecer una aventura extraordinaria.

Lo que encontró al llegar fue algo muy distinto. Morales destruyó su pasaporte, la aisló, le cambió el nombre y comenzó a ejercer sobre ella un control cada vez mayor. La llevó hasta una comunidad de Aeminpu, un movimiento religioso mesiánico de origen andino, donde fue sometida a una ceremonia después de la cual él le dijo que ya era su esposa. No fue un matrimonio de conveniencia ni una costumbre cultural que debamos intentar comprender desde el relativismo. Fue un matrimonio infantil forzado, sin ninguna posibilidad de consentimiento, utilizado para justificar la apropiación de una niña. Durante los siete meses siguientes, Nada sufrió agresiones sexuales, violencia física, adoctrinamiento y explotación laboral en plantaciones de coca. Fue obligada a trabajar durante jornadas interminables mientras su captor le hacía creer que con aquel dinero podrían recuperar su pasaporte y regresar a España. La misma capacidad de esfuerzo que hasta entonces había empleado para estudiar la utilizó para sobrevivir.

Sin embargo, cuando Nada habla de lo que vivió, no se refiere únicamente a la violencia de su secuestrador. También recuerda la indiferencia de las personas que fueron apareciendo a su alrededor. Gente que veía a una niña de nueve años en una situación extraña, trabajando, aislada y presentada como la esposa de un adulto, pero que no preguntaba, no intervenía o prefería aceptar la explicación que resultara menos incómoda. A ella le sorprendió comprobar que podía estar rodeada de personas y continuar completamente sola. El peligro no procedía únicamente de quien la agredía, sino también de la tranquilidad con la que los demás conseguían convivir con aquello.

Quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar. Solemos imaginar que, ante una situación extrema, cualquiera haría algo. Pensamos que denunciaríamos, que preguntaríamos o que intentaríamos proteger a la víctima. Sin embargo, la realidad está llena de personas que ven solo una parte, se convencen de que no saben suficiente, consideran que no les corresponde intervenir o esperan que alguien con más autoridad se haga cargo. La indiferencia no siempre consiste en no sentir nada. A veces consiste en sentir cierta incomodidad y encontrar rápidamente una explicación que nos permita seguir adelante sin implicarnos.

También aquí se mezclan muchas cuestiones que solemos analizar por separado. Hay migración, pero el origen marroquí de Nada no explica lo que le sucedió. Hay religión, pero reducirlo a un enfrentamiento entre creencias sería absurdo: el agresor utilizó una organización religiosa para ejercer el control y, años después, Nada encontró en el islam una fuente de consuelo y una forma de entender el perdón. Hay pobreza, pero la pobreza no secuestra ni agrede a nadie. Lo que hace es reducir las alternativas, aumentar las dependencias y permitir que determinadas amenazas permanezcan ocultas. Y hay un supuesto viaje hacia un lugar que desde Europa llamaríamos despectivamente «el tercer mundo», aunque el engaño se preparó en Barcelona, la familia quedó desprotegida en España y buena parte del abandono posterior también ocurrió aquí. La geografía no sirve para repartir civilización y barbarie de una manera tan cómoda.

Mientras Nada trataba de sobrevivir en Bolivia, se puso en marcha una investigación en la que participaron los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y las autoridades bolivianas. La operación tuvo que atravesar fronteras, burocracias y tensiones políticas entre el Gobierno español y el de Evo Morales. Finalmente, dos agentes de la Guardia Civil consiguieron localizarla en la selva y sacarla con vida. Fue un trabajo policial extraordinario y conviene reconocerlo. Hay ocasiones en las que las instituciones funcionan, sus profesionales se implican y una actuación pública salva literalmente una vida. En marzo de 2014, Nada volvió a Barcelona agarrada de la mano de uno de los agentes que había participado en su rescate. Tenía diez años y seguía preocupada por si tendría que repetir curso. Durante el vuelo, el agente vio cómo guardaba en un bolsillo el pan que había sobrado de la comida. Había salido de la selva, pero su cuerpo y su cabeza continuaban preparados para sobrevivir.

Podríamos pensar que a partir de ese momento comenzó su recuperación. Sin embargo, lo que empezó fue otra etapa de desprotección, esta vez mucho menos llamativa y sin helicópteros, operaciones internacionales ni cámaras esperando en el aeropuerto. Nada fue separada de sus padres y pasó por dos centros de protección de menores. Aquella decisión podía resultar comprensible ante la gravedad de lo sucedido y la situación familiar, pero proteger a una niña no consiste solamente en apartarla temporalmente del peligro. Requiere ofrecerle estabilidad, vínculos seguros, atención psicológica, continuidad educativa y un proyecto de vida que no dependa únicamente de su capacidad para resistir. Después de varios años en centros, alrededor de los catorce fue devuelta al mismo entorno familiar precario del que había salido, pese a que sus padres habían sido condenados por abandono. Volvió a convivir con el miedo, la violencia, la falta de recursos y la inseguridad residencial.

Además, la administración que había asumido su protección no regularizó adecuadamente su situación documental. Nada llevaba en España desde los cuatro años y había sido reconocida como víctima de trata, pero llegó a la mayoría de edad sin una residencia que le permitiera trabajar con normalidad o solicitar determinadas becas. Habíamos conseguido traerla desde el interior de Bolivia, pero no darle unos papeles en el país en el que había crecido. Habíamos organizado una compleja operación policial para localizarla, pero no una intervención social suficientemente estable para evitar que volviera a pasar hambre, a dormir con miedo o a sentirse atrapada en su propia casa.

Al escuchar esta segunda parte resulta difícil no encontrar una continuidad con aquello que Nada cuenta sobre Bolivia. Ya no estaba delante la misma indiferencia ni se producía en las mismas circunstancias, pero el mecanismo se parecía demasiado. Allí hubo personas que vieron a una niña viviendo algo que no era normal y continuaron con sus vidas. En España hubo instituciones, profesionales y una sociedad que conocían, al menos parcialmente, su extrema vulnerabilidad, pero tampoco consiguieron ofrecerle una protección continuada. No afirmo que todas las personas que intervinieron miraran hacia otro lado. Sabemos que algunos policías, docentes y otros profesionales se preocuparon sinceramente por ella. Precisamente por eso sus actuaciones destacan tanto. El problema es que una vida no puede depender de que, dentro de un sistema que debería protegerla, aparezca de vez en cuando alguien dispuesto a ir más allá.

Desde el trabajo social, esa es quizá la parte de la historia que más me interpela. Nosotros también podemos acostumbrarnos a conocer situaciones muy graves sin llegar a verlas por completo. Podemos intervenir sobre una necesidad, rellenar un informe, realizar una derivación y confiar en que otra persona continuará el proceso. No siempre es indiferencia personal y muchas veces existen cargas de trabajo, falta de recursos, competencias administrativas fragmentadas o límites profesionales muy reales. Pero para quien necesita ayuda, la diferencia entre la indiferencia y un sistema incapaz de responder puede resultar bastante pequeña. El resultado es el mismo: su sufrimiento es conocido, queda registrado en algún lugar y, aun así, continúa.

Estamos acostumbrados a hablar de rescates como si fueran un momento concreto: abrir una puerta, detener a un agresor o sacar a alguien de un lugar peligroso. Sin embargo, el rescate verdadero suele comenzar después. Rescatar también es conseguir una vivienda segura, tramitar una autorización de residencia, acompañar un proceso terapéutico, mantener un entorno educativo estable y ofrecer una persona de referencia que no desaparezca cada vez que cambia el recurso, el profesional o el expediente. La protección no puede medirse únicamente por haber evitado el peor desenlace. Que una persona sobreviva no significa que la intervención haya funcionado.

Desde mi interés por la psicología, también me resulta especialmente duro pensar en cómo Nada tuvo que ordenar lo que le había sucedido. Durante años habló muy poco de Bolivia y llegó a interpretar aquello como una especie de viaje que había salido mal. No era una mentira consciente, sino una forma de colocar a distancia algo demasiado doloroso para poder integrarlo. Según ha contado ella misma, aprendió a explicar los hechos desde la parte más lógica de su mente mientras mantenía desconectadas las emociones. La disociación, el silencio y la aparente frialdad no son pruebas de que el trauma haya desaparecido. A veces son precisamente las herramientas que permiten continuar viviendo cuando todavía no existen condiciones seguras para mirar atrás.

La educación fue uno de los lugares en los que Nada encontró esa seguridad. Se esforzó por obtener las mejores notas, ganó un premio por un trabajo escolar y consiguió llegar a la universidad. Es tentador convertir esta parte en una historia de superación personal: si alguien que ha vivido todo aquello pudo estudiar, cualquiera podría hacerlo. Pero esa lectura sería profundamente injusta. Su capacidad, su inteligencia y su esfuerzo son admirables, aunque no pueden utilizarse para esconder todo lo que le faltó. La resiliencia explica que una persona haya conseguido mantenerse en pie, no que las condiciones que la rodeaban fueran aceptables. Celebrar su fortaleza sin señalar los fallos del sistema sería otra forma de mirar hacia otro lado.

A finales de 2022, la periodista Neus Sala quiso saber qué había sido de aquella niña a la que la policía había rescatado casi una década antes. La encontró estudiando, dando clases particulares y viviendo todavía en una enorme precariedad. Nada seguía sin papeles y sin los apoyos que necesitaba. Sala la ayudó a regularizar su situación, encontrar atención psicológica y acceder a una alternativa residencial. Su relación terminó convirtiéndose en algo mucho más personal que un trabajo periodístico y juntas han escrito Yo soy Nada. La historia de un secuestro y dos rescates. El segundo rescate no fue una operación policial, sino el inicio de un acompañamiento que permitió a Nada comprender su propia historia y empezar a construir una vida fuera de aquel entorno.

Pero esta segunda parte tampoco debería dejarnos tranquilos. Es bonito que una persona se implique y cambie la vida de otra, pero resulta preocupante que derechos tan básicos dependan de un encuentro casual y de la insistencia de alguien con contactos, conocimientos y voluntad de ayudar. Si Neus Sala no hubiera preguntado qué había pasado con aquella niña, ¿cuánto tiempo más habría permanecido Nada en la misma situación? El apoyo individual puede reparar parte del daño, pero no puede sustituir a un sistema de protección. Una vida no debería depender de tener la suerte de encontrarse con la persona adecuada.

Uso el plural en el título de forma consciente. Digo que sacamos a Nada de la selva porque aquella operación fue realizada por instituciones que también son nuestras y por profesionales que actuaron en nombre de la sociedad. Y digo que no supimos sacarla de la vulnerabilidad porque tampoco quiero observar el fracaso como si perteneciera únicamente a una administración lejana. Fallaron organismos concretos y habrá que determinar sus responsabilidades, pero también existe una forma colectiva de mirar estos casos. Nos conmueve el secuestro, admiramos el rescate y después perdemos el interés cuando comienza la parte lenta, cotidiana y menos visible de la recuperación.

Nada no quiere que el dolor se convierta en su identidad. Estudia Derecho y Relaciones Internacionales y quiere emplear su experiencia para defender a otras víctimas de trata y abuso. Tiene derecho a decidir cómo cuenta su historia y qué hace con ella, sin quedar condenada para siempre a ser «la niña secuestrada en Bolivia». Su vida no debe servir únicamente para emocionarnos ni para construir un relato extraordinario de supervivencia. También debería obligarnos a revisar qué entendemos por proteger y por qué tantas veces confundimos sacar a alguien del peligro con haber resuelto su vida.

Sacamos a Nada de la selva, y eso fue extraordinario. Lo que no supimos fue acompañarla después, garantizar sus derechos y ofrecerle la seguridad necesaria para dejar de vivir en modo supervivencia. Quizá porque rescatar durante unas horas puede ser una hazaña, mientras que cuidar durante años exige recursos, coordinación, profesionales, paciencia y una responsabilidad que no desaparezca cuando dejan de mirar las cámaras. La indiferencia que marcó su cautiverio no terminó completamente con su regreso a España, sino que adquirió formas menos evidentes y más fáciles de justificar. Ahí es donde la historia de Nada deja de ser solamente la historia excepcional de una niña y se convierte en una pregunta bastante incómoda para todos nosotros: cuántas cosas somos capaces de ver sin llegar realmente a mirarlas.

Cuando una palabra decide lo que vemos

Hay palabras que parecen describir una realidad cuando, en realidad, ya nos están diciendo cómo debemos interpretarla. Elegimos una palabra, la colocamos delante de un hecho y tenemos la sensación de que simplemente le hemos puesto nombre, como si el lenguaje fuera una especie de etiqueta transparente. Pero las palabras nunca llegan solas. Arrastran significados, recuerdos, imágenes, emociones y otras palabras que ni siquiera necesitamos pronunciar. Por eso me ha venido mucho a la cabeza estos días escuchar hablar de la «invasión» de Ceuta.

El 30 y 31 de julio entraron irregularmente en la ciudad alrededor de 72.000 personas desde Marruecos. La cifra resulta difícil incluso de imaginar en una ciudad pequeña y con una población de un tamaño parecido. Aquello desbordó capacidades administrativas, servicios sociales, recursos de protección de menores, seguridad y buena parte de la vida cotidiana de Ceuta. Negar que existió un problema enorme sería tan poco honesto como negar que un movimiento semejante de personas necesita control, planificación y una respuesta por parte del Estado. La cuestión no está en fingir que no pasó nada, sino en preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de llamarlo entrada masiva, crisis migratoria o crisis fronteriza y empezamos a llamarlo invasión.

Puede parecer una discusión semántica, y en cierto modo lo es, pero precisamente por eso importa. Una invasión necesita invasores. Si hay invasores tiene que existir alguien invadido. Aparece un territorio amenazado, una frontera que defender y, casi inevitablemente, un enemigo. Nada de esto necesita ser explicado después porque la palabra ha hecho buena parte del trabajo por nosotros. Una palabra puede contener una conclusión antes incluso de que hayamos empezado a discutir los hechos, y ahí está una de las cosas que más me interesan del lenguaje: no solo sirve para contar lo que vemos, también puede preparar la forma en la que vamos a verlo.

La psicología del lenguaje lleva mucho tiempo estudiando algo que experimentamos constantemente aunque no sepamos ponerle nombre. Las palabras no funcionan como pequeñas etiquetas independientes almacenadas en nuestro cerebro. Cuando escuchamos una palabra activamos conceptos relacionados, experiencias anteriores, emociones y determinados modos de interpretar lo que viene después. No procesamos «invasión» como ocho letras y una definición de diccionario. Aparecen ejércitos, fronteras, ocupaciones, amenazas, resistencia y defensa. Por eso el lenguaje político importa tanto: no siempre es necesario falsear un hecho para condicionar cómo lo interpretamos, porque a veces basta con escoger cuidadosamente la palabra adecuada.

Quizá aquí se me mezclan dos aficiones, Chomsky y la psicología del lenguaje, pero siempre me ha fascinado que podamos discutir durante horas sobre una realidad sin reparar en que alguien eligió antes las palabras con las que íbamos a discutirla. Chomsky dedicó buena parte de su trabajo a mostrar hasta qué punto el lenguaje es una capacidad extraordinariamente compleja y creativa, y otra parte de su vida intelectual a preguntarse quién establece los términos en los que discutimos públicamente sobre el mundo. No hace falta convertir esto en una clase de lingüística para encontrar algo interesante ahí: antes incluso de empezar una discusión, puede haberse decidido ya el terreno sobre el que vamos a mantenerla. No vemos exactamente lo mismo cuando miramos a una persona que cruza una frontera que cuando miramos a un invasor, aunque físicamente tengamos delante a la misma persona.

Y esto tampoco significa idealizar a quien migra. Entre quienes llegaron a Ceuta habrá personas buenas y malas, como las hay entre quienes ya vivían allí. Habrá quien haya cometido delitos y quien nunca haya cometido ninguno, personas egoístas y solidarias, violentas y pacíficas, educadas y desagradables. Migrar no convierte a nadie en mejor persona, pero tampoco lo convierte en peor. Parece una obviedad, aunque buena parte del debate público funciona precisamente olvidándola. Cuando hablamos de miles de personas tendemos a convertirlas en una masa homogénea y dejamos de ver individuos, y ese paso resulta especialmente peligroso cuando la palabra elegida para nombrar a esa masa ya incorpora una carga de amenaza.

La migración puede provocar problemas reales. Una llegada de decenas de miles de personas en apenas unas horas a un territorio pequeño es un problema de gestión de primera magnitud, y quien vive en Ceuta tiene derecho a preocuparse por su seguridad, por sus servicios públicos, por los recursos disponibles y por cómo puede afectar una situación extraordinaria a su vida cotidiana. Reconocer esto no es xenofobia. Lo peligroso empieza cuando damos el siguiente salto y dejamos de hablar del problema que genera una determinada situación para convertir a un colectivo entero en el problema. La migración puede generar conflictos, tensiones y dificultades objetivas, pero eso no convierte automáticamente a cada persona migrante en una amenaza.

Tampoco deberíamos confundir responsabilidades. Estos días se discute sobre el posible papel de Marruecos en lo ocurrido y sobre si pudo existir algún grado de permisividad o utilización política de la frontera. Habrá que esclarecerlo y, si existió una utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política, exigir las responsabilidades correspondientes. Pero incluso en ese supuesto seguiríamos necesitando distinguir algo elemental: quien utiliza a una persona como instrumento y la persona utilizada como instrumento no son necesariamente el mismo actor. Convertir al migrante en soldado porque alguien pueda haber utilizado su migración con una finalidad política vuelve a ser una decisión lingüística antes que una descripción de esa persona.

Y aquí inevitablemente termino pensando en Orwell. En 1984, la Neolengua pretendía reducir progresivamente el vocabulario porque, si desaparecían determinadas palabras, también resultaría cada vez más difícil formular determinados pensamientos. Es una distopía llevada al extremo y sería absurdo afirmar que utilizar una palabra como «invasión» nos sitúa en el mundo imaginado por Orwell. Pero su intuición continúa siendo incómodamente útil, porque quizá no siempre necesitemos eliminar palabras para estrechar la forma en la que pensamos. A veces basta con conseguir que unas sustituyan a otras de forma sistemática y terminen ocupando todo el espacio.

Una persona pasa a ser un ilegal, un grupo de personas se convierte en una oleada, una entrada masiva se transforma en una invasión y quienes cruzan una frontera pasan a ser invasores. Cada cambio parece pequeño, pero poco a poco cambia también aquello que nos parece razonable hacer con esas personas. Y este mecanismo no funciona únicamente con la inmigración. Llamar «incidente» a una tragedia, «daños colaterales» a civiles muertos, «ajuste» a un recorte o «flexibilización» a la pérdida de determinadas condiciones laborales también modifica aquello que estamos viendo. El lenguaje puede utilizarse para exagerar una amenaza, pero también para hacerla desaparecer o convertir en técnico aquello que tiene consecuencias profundamente humanas.

Por eso quizá la cuestión no sea encontrar palabras completamente neutras, porque probablemente no existan. La cuestión es ser conscientes de lo que hacemos cuando elegimos unas y descartamos otras, y de qué ideas estamos introduciendo de contrabando junto a cada palabra. Podemos discutir sobre inmigración, exigir fronteras controladas, mejores políticas migratorias, más recursos para Ceuta, cooperación europea, responsabilidades al Gobierno español o explicaciones a Marruecos. Podemos estar en desacuerdo en casi todo y seguir teniendo una conversación legítima. Pero convendría saber, al menos, cuándo estamos describiendo la realidad y cuándo una palabra ha empezado a decidir por nosotros qué realidad debemos ver.

La sociedad de los mínimos

Vivimos en una sociedad que dice valorar el esfuerzo. Lo repetimos constantemente: que las cosas importantes cuestan, que hay que trabajar duro, que quien se esfuerza acaba consiguiendo lo que se propone. Hemos convertido el sacrificio en una especie de medida moral. Cuando alguien consigue algo que consideramos valioso, buscamos detrás una historia de esfuerzo que nos permita pensar que se lo merece. Y cuando alguien no lo consigue, muchas veces hacemos la operación contraria: suponemos que no se esforzó lo suficiente. Sin embargo, cuando observamos cómo funcionan realmente muchos de los sistemas que organizan nuestra vida, encontramos algo bastante diferente: en la mayoría de ellos, el esfuerzo no es lo que se mide. Lo que se mide es el resultado.

Pensemos en algo tan sencillo como los estudios. Un estudiante puede pasar tres meses estudiando para un examen, comprender la asignatura, leer más allá de lo que aparece en los apuntes y dedicar horas a intentar entender aquello que no termina de comprender. Otro puede estudiar dos días, memorizar exactamente lo que suele aparecer en el examen y olvidarlo todo una semana después. Si el primero suspende y el segundo saca un diez, el sistema ya ha decidido quién ha obtenido un mejor resultado. El primero ha suspendido y el segundo ha aprobado. Da igual, a efectos de la calificación, cuánto tiempo ha dedicado cada uno, cuánto ha aprendido realmente o cuánto conocimiento conservará dentro de unos meses. La prueba tiene un objetivo concreto y ambos serán valorados en función de cómo respondan a ella.

Puede ocurrir incluso algo más paradójico. Imaginemos a una persona que conoce prácticamente toda la asignatura, pero que, ante la cantidad enorme de contenidos que tiene que estudiar, considera que determinados temas son secundarios y decide dedicarles menos tiempo. El examen pregunta precisamente por aquello que dejó de lado y suspende. Otra persona conoce mucho menos, pero ha identificado perfectamente qué contenidos son susceptibles de aparecer en la prueba y los ha preparado de manera exhaustiva. Saca un diez. ¿Quién sabe más? La respuesta no la encontraremos necesariamente en la nota. El examen ha medido cómo han respondido ambos ante unas preguntas concretas, en un momento concreto y bajo unas condiciones concretas. Y esto no significa que los exámenes no sirvan o que las evaluaciones sean inútiles. Significa algo mucho más sencillo: la medida que utilizamos nunca es exactamente aquello que pretendemos medir.

El problema aparece cuando aprendemos a vivir alrededor de esa medida. Si para aprobar necesitas un cinco, lo razonable es intentar sacar un cinco. Si para conseguir un determinado puesto necesitas superar una entrevista, preparas la entrevista. Si una empresa mide tu rendimiento mediante determinados indicadores, aprendes a mejorar esos indicadores. Si un sistema recompensa que completes determinadas tareas, centras tu esfuerzo en completarlas. No tiene por qué haber mala intención detrás. De hecho, puede ser perfectamente racional. Las personas respondemos a los incentivos que tenemos delante y aprendemos rápidamente qué comportamientos nos permiten conseguir aquello que buscamos. El problema empieza cuando aquello que inicialmente era una herramienta para medir un objetivo termina convirtiéndose en el objetivo en sí mismo.

Y aquí es donde empiezo a preguntarme si parte de lo que llamamos actualmente mediocridad no tendrá algo que ver con esto. No me refiero a afirmar que las nuevas generaciones sean menos inteligentes, menos capaces o tengan menos interés por hacer bien las cosas. Esa explicación sería demasiado sencilla y, además, habría que demostrarla. Cada generación tiende a pensar que la siguiente sabe menos, se esfuerza menos o tiene menos valores, y probablemente dentro de unas décadas alguien estará diciendo exactamente lo mismo de quienes hoy consideramos jóvenes. Pero sí creo que podemos estar construyendo una cultura en la que hacer lo suficiente resulta mucho más rentable que intentar hacer algo excepcional. Y eso es diferente de decir que las personas sean peores.

La excelencia suele exigir hacer más de lo que se pide. Estudiar algo que no va a entrar en el examen porque realmente quieres comprenderlo. Revisar un trabajo cuando ya cumple los requisitos porque sabes que puede quedar mejor. Aprender una habilidad que no necesitas inmediatamente. Leer sobre algo simplemente porque te interesa. Dedicar tiempo a entender una cuestión que nadie te va a evaluar. Todo eso tiene un coste y requiere una motivación que va más allá de conseguir una recompensa inmediata. La mediocridad, entendida no como hacer las cosas mal sino como conformarse sistemáticamente con lo suficiente, tiene una ventaja evidente: consume menos recursos. Si un trabajo está aprobado con un cinco, dedicar otras diez horas para convertirlo en un nueve puede aportar muy poco si la recompensa que recibes es prácticamente la misma. Si el sistema reconoce de la misma manera haber cumplido y haberlo hecho extraordinariamente bien, la excelencia empieza a parecer un esfuerzo difícil de justificar.

Esto puede ayudarnos a entender algo que muchas veces interpretamos exclusivamente como un problema individual. Decimos que alguien es conformista, que no tiene ambición, que no quiere aprender más, que hace las cosas sin interés o que se limita a cumplir. Pero quizá deberíamos preguntarnos también qué incentivos tiene esa persona para hacer algo diferente. Si durante años le hemos enseñado que lo importante es conseguir resultados, superar pruebas, obtener títulos, cumplir objetivos y alcanzar determinados indicadores, no debería sorprendernos que haya aprendido a concentrar sus esfuerzos exactamente en aquello que produce esos resultados. Quizá no estamos ante una generación que no quiera esforzarse. Quizá estamos ante generaciones que han aprendido a administrar el esfuerzo de una manera mucho más eficiente.

Y aquí aparece una paradoja bastante interesante: una sociedad obsesionada con medir el rendimiento puede acabar produciendo personas obsesionadas con alcanzar el mínimo rendimiento necesario para superar la siguiente medición. Cuando todo se convierte en una prueba que hay que superar, dejamos de preguntarnos qué estamos aprendiendo realmente. Cuando el título importa más que los conocimientos que hay detrás, el título se convierte en el objetivo. Cuando el indicador importa más que aquello que pretendía representar, mejorar el indicador acaba siendo más importante que mejorar aquello que realmente debería importarnos. Y cuando una persona descubre que obtener un resultado concreto requiere diez unidades de esfuerzo, pero que quince unidades no le proporcionan ninguna recompensa adicional, es bastante lógico que termine empleando diez.

Esto también nos obliga a revisar nuestra idea de meritocracia. Nos gusta pensar que vivimos en una sociedad en la que cada uno obtiene aquello que merece en función de su esfuerzo. Es una idea atractiva porque ofrece una explicación sencilla del mundo: quien trabaja obtiene resultados y quien no los obtiene no ha trabajado lo suficiente. El problema es que el resultado no nos cuenta el camino. No sabemos cuánto ha estudiado una persona que aprueba, cuánto ha trabajado quien consigue un puesto, cuánto apoyo ha tenido quien alcanza el éxito o cuántas veces ha podido equivocarse antes de conseguirlo. Tampoco sabemos cuánto esfuerzo hay detrás de un fracaso. Una persona puede haberlo intentado todo y suspender; puede haber trabajado durante años y no haber conseguido prosperar; puede haber desarrollado capacidades extraordinarias que nunca han coincidido con aquello que el sistema necesitaba medir.

De hecho, quizá una de las mayores trampas de la meritocracia sea que interpretamos el camino a partir del resultado. Si alguien tiene éxito, tendemos a pensar que se lo ha ganado, que ha trabajado duro y que probablemente ha hecho las cosas bien. Si fracasa, buscamos qué hizo mal, cuánto le faltó esforzarse o qué decisiones equivocadas tomó. El resultado termina condicionando nuestra interpretación de todo lo que ocurrió antes. El éxito parece demostrar el mérito y el fracaso parece demostrar su ausencia, aunque en realidad ninguno de los dos nos permita conocer completamente las circunstancias que han intervenido.

Y volvemos así al esfuerzo. Tal vez el esfuerzo no haya perdido valor porque las personas sean peores. Tal vez haya perdido valor porque cada vez somos mejores identificando qué esfuerzo merece la pena hacer y cuál no. Si estudiar veinte horas no mejora significativamente tu resultado respecto a estudiar diez, estudiar veinte deja de ser una decisión racional. Si hacer un trabajo excelente no te proporciona ninguna ventaja respecto a hacerlo correctamente, la excelencia empieza a parecer un lujo. Si nadie reconoce lo que sabes y solo reconoce que hayas superado la prueba, aprender más allá de la prueba deja de tener una utilidad evidente. No es necesariamente falta de compromiso. Puede ser simplemente adaptación.

El problema es que esta lógica, aplicada una y otra vez, puede terminar generando algo que sí se parece bastante a la mediocridad. No porque las personas sean incapaces de hacer cosas extraordinarias, sino porque dejamos de crear razones para que quieran hacerlas. Una sociedad necesita personas que hagan las cosas bien incluso cuando nadie las está evaluando, que quieran comprender aunque no haya un examen, que mejoren un trabajo aunque ya cumpla los requisitos y que desarrollen capacidades que quizá nunca aparezcan en una prueba. Pero para que eso ocurra necesitamos algo más que decirles que se esfuercen. Necesitamos que exista algún sentido en ese esfuerzo.

Quizá por eso deberíamos dejar de plantear el debate exclusivamente en términos de «las nuevas generaciones no se esfuerzan». Puede que algunas personas se esfuercen menos, como ha ocurrido siempre, pero también puede que estemos ante algo diferente: personas que han aprendido perfectamente las reglas del juego. Si el sistema les dice que lo importante es aprobar, aprobarán. Si les dice que lo importante es conseguir un título, conseguirán el título. Si les dice que lo importante es alcanzar un determinado indicador, alcanzarán el indicador. Y si después les preguntamos por qué no han ido más allá, quizá la respuesta más sencilla sea también la más incómoda: porque nadie se lo pidió y porque hacerlo no cambiaba el resultado.

Al final, una sociedad no educa solamente mediante aquello que dice. También educa mediante aquello que recompensa. Podemos repetir que hay que esforzarse, que hay que estudiar, que hay que ser responsable, que hay que buscar la excelencia y que las cosas bien hechas tienen valor. Pero si después la recompensa depende exclusivamente de superar una prueba, alcanzar un número o cumplir un mínimo, estaremos transmitiendo otro mensaje mucho más poderoso: no importa cuánto hagas, importa que llegues. Y cuando ese mensaje se repite durante años, no debería extrañarnos que muchas personas aprendan a recorrer el camino más corto posible hasta ese resultado.

Quizá esa sea una de las contradicciones de nuestro tiempo. Hemos convertido el resultado en la medida de casi todo y, al mismo tiempo, nos preguntamos por qué cada vez parece importar menos el camino. Nos preocupa la mediocridad, pero hemos construido numerosos sistemas en los que la suficiencia y la excelencia reciben recompensas muy parecidas. Nos quejamos de que alguien estudia para aprobar y no para aprender, pero después le evaluamos fundamentalmente por si ha aprobado. Criticamos al trabajador que hace exactamente lo que se le exige, pero muchas organizaciones son incapaces de reconocer aquello que queda fuera de sus indicadores. Pedimos iniciativa, compromiso y excelencia mientras seguimos midiendo a las personas principalmente por resultados concretos.

Tal vez no deberíamos preguntarnos solamente por qué la gente se esfuerza menos. Tal vez deberíamos preguntarnos qué hemos hecho para que esforzarse más deje de tener sentido. Porque quizá el problema no sea que las personas hayan dejado de querer hacer las cosas bien, sino que hemos construido demasiados contextos en los que hacerlas bien y hacerlas suficientemente bien producen prácticamente el mismo resultado.

Y si eso es cierto, entonces la mediocridad no sería únicamente un problema de las personas. También sería, en parte, el resultado lógico de una sociedad que ha aprendido a premiar el mínimo necesario para llegar a donde quiere llegar. No estamos necesariamente enseñando a las personas a hacer las cosas mal. Quizá estamos enseñándoles algo mucho más eficiente: a no hacer nada que no sea necesario.

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