Una manta sirve para quitar el frío. Poco más. No decide una política migratoria, no abre una frontera, no concede un permiso de residencia y no determina quién puede quedarse en un país. Sin embargo, hemos conseguido que una manta roja entregada a una persona que acaba de llegar mojada a una playa pueda convertirse en algo mucho más grande. Para algunos ha dejado de ser un objeto con el que proteger del frío a alguien para convertirse en un símbolo de todo aquello que rechazan.

Llevo tiempo pensando en cómo hemos llegado hasta aquí porque el cambio, visto con cierta perspectiva, resulta llamativo. Durante los meses más duros de la pandemia aplaudíamos desde los balcones y hablábamos de quienes estaban en primera línea. No eran únicamente sanitarios. También estaban quienes atendían a personas mayores, repartían alimentos, acompañaban a quienes se habían quedado solos o intentaban llegar hasta las personas que la emergencia había dejado todavía más atrás. Durante un tiempo cuidar parecía haberse convertido casi en un valor colectivo.

No tardamos demasiado en empezar a ver otra imagen. En Canarias, durante la crisis migratoria de 2020 y 2021, trabajadores y voluntarios de Cruz Roja comenzaron a denunciar insultos, amenazas y situaciones de acoso por atender a las personas que llegaban a las islas. Algunos dejaron de llevar visible el uniforme cuando terminaban su turno y comenzaron a guardar el chaleco en el maletero. Resultaba especialmente significativo el testimonio de un voluntario que recordaba cómo durante la crisis de los cayucos de 2006 las ambulancias eran recibidas con aplausos cuando acudían a una playa. Quince años después, haciendo esencialmente lo mismo, escuchaban gritos de «Cruz Roja criminal».

Hablar simplemente de un creciente odio hacia las ONG quizá sea simplificarlo, porque creo que detrás está ocurriendo algo bastante más profundo. Entre aquellas imágenes había también mantas. Las hemos visto cientos de veces sobre los hombros de personas que acaban de bajar de una embarcación. Lo extraño es que poco a poco también empezamos a escuchar discusiones sobre esas mantas, sobre los bocadillos, sobre las botellas de agua. Objetos insignificantes económicamente adquirían un enorme valor simbólico porque parecían representar algo mucho más importante: alguien estaba recibiendo algo y comenzábamos a preguntarnos si tenía derecho a recibirlo.

La DANA de Valencia volvió a mostrar hasta qué punto había crecido esa desconfianza. Mientras miles de personas trataban de ayudar de todas las formas posibles, comenzaron a circular mensajes que aseguraban que Cruz Roja no estaba allí, que había tardado días en aparecer, que apenas había movilizado personal, que las donaciones no llegaban o que se preocupaba más por las personas migrantes que por quienes acababan de perderlo todo. Una parte importante de aquellas afirmaciones era falsa. Hay registros de la intervención de Cruz Roja desde el mismo 29 de octubre de 2024 y los verificadores documentaron también cómo se reutilizaron imágenes e informaciones de otros contextos para sostener la idea de que la organización abandonaba a los afectados mientras destinaba recursos a otros colectivos.

Por supuesto que esto no significa que haya que defender todo lo que hace una ONG. Me parecería incluso peligroso plantearlo así. Las organizaciones sociales pueden hacerlo mal, pueden burocratizarse, gestionar mal un programa, tomar decisiones equivocadas, gastar mal el dinero o terminar creando estructuras demasiado alejadas de las personas a las que supuestamente sirven. Cuando reciben financiación pública tienen además la obligación de explicar qué hacen con ella y aceptar el mismo escrutinio que debemos exigir a cualquiera que gestione recursos públicos.

Pero criticar no es lo mismo que sospechar sistemáticamente. Hay una diferencia enorme entre cuestionar una actuación concreta y construir un relato en el que cualquier cosa que haga una organización sirve para confirmar que algo oscuro hay detrás. Si recibe una subvención, vive del dinero público. Si pide donaciones, quiere enriquecerse. Si ayuda a personas migrantes, solo ayuda a extranjeros. Si interviene en una catástrofe que afecta mayoritariamente a españoles, se afirma que no está allí. La conclusión comienza a existir antes que los hechos y cualquier imagen puede utilizarse después para sostenerla.

En Ceuta hemos dado otro paso. Ya no hablamos únicamente de publicaciones en redes sociales o de comentarios debajo de una fotografía. Durante la crisis migratoria de este verano se han producido protestas para impedir que los vehículos de Cruz Roja llevaran comida y agua hasta las personas que permanecían en la playa de El Trampolín, y voluntarios de distintas organizaciones han denunciado insultos, amenazas y hostigamiento simplemente por repartir alimentos. Una responsable de la ONG Luna Blanca lo resumía de una manera difícil de ignorar: les increpaban por dar comida caliente y les decían que dejaran pasar hambre a esas personas para que regresaran a su país.

Ahí es donde para mí cambia la naturaleza del problema. Podemos discutir cuántas personas puede acoger un territorio, cómo deben gestionarse las fronteras, qué política migratoria queremos o qué responsabilidades corresponden a cada administración. Son debates legítimos y además necesarios. Pero cuando una persona pasa hambre delante de nosotros y empezamos a considerar que darle comida dificulta la política migratoria que queremos aplicar, hemos pasado a discutir algo diferente. Ya no estamos hablando solamente de inmigración. Estamos empezando a decidir quién merece ser auxiliado.

Y me preocupa especialmente porque este rechazo a las organizaciones sociales aparece al mismo tiempo que una desconfianza creciente hacia lo público. Llevamos años escuchando que la Administración es lenta, cara, burocrática e ineficiente. Muchas veces lo es y quienes trabajamos cerca de los servicios sociales conocemos perfectamente hasta qué punto una persona puede agotarse pasando de una ventanilla a otra buscando una respuesta. Pero al mismo tiempo despreciamos cada vez más a esa sociedad civil organizada que históricamente ha ocupado parte del espacio al que el Estado no llega.

El modelo español se ha construido precisamente sobre esa convivencia. Tenemos servicios públicos, pero también asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que desarrollan programas de atención, acompañamiento e inclusión financiados en muchas ocasiones mediante recursos públicos. No es una anomalía ni algo que las organizaciones hayan inventado para conseguir subvenciones. La propia legislación española reconoce al Tercer Sector de Acción Social y establece mecanismos de colaboración con las administraciones públicas, al mismo tiempo que recuerda que esa colaboración no puede servir para que las administraciones abandonen sus responsabilidades.

Se puede discutir, y creo que deberíamos hacerlo mucho más, dónde tiene que estar la frontera. Hay servicios que quizá nunca deberían haberse delegado. Hay programas que funcionan año tras año mediante subvenciones temporales cuando responden a necesidades que sabemos perfectamente que seguirán existiendo. Hay profesionales sosteniendo derechos con proyectos que terminan el 31 de diciembre y vuelven a empezar, si hay suerte, unos meses después. Defender el papel de las organizaciones sociales no debería significar aceptar que el Estado pueda retirarse tranquilamente y dejarles a ellas el trabajo.

Pero me inquieta pensar qué ocurre si deslegitimamos las dos cosas al mismo tiempo. Si los servicios públicos son un despilfarro y las organizaciones sociales son chiringuitos subvencionados, solo queda una tercera posibilidad: convertir cada vez más necesidades en productos. Quien pueda pagar cuidados los tendrá. Quien pueda pagar atención psicológica la tendrá. Quien pueda pagar una residencia podrá elegirla. Quien pueda pagar apoyos para afrontar una discapacidad, la crianza o una situación de dependencia tendrá más posibilidades de resolverlas. Y quien no pueda dependerá de su familia, de su entorno o de que alguien decida voluntariamente ayudarle.

No tengo ninguna prueba de que exista un plan organizado para desacreditar a las ONG con el objetivo de sustituir nuestro modelo social por ese otro y no pretendo convertir una preocupación en una teoría de la conspiración. Los cambios sociales tampoco necesitan necesariamente una sala en la que varias personas decidan cómo van a producirse. A veces ocurren de una manera mucho más sencilla. Cambia lo que pensamos de los impuestos, de la pobreza, de quien recibe una ayuda, de los servicios públicos o de quien necesita una prestación y, poco a poco, comienzan a parecernos razonables cosas que algunos años antes no lo habrían parecido.

Es ahí donde llevo tiempo dándole vueltas a otro precedente histórico que creo que merece ser observado con mucho cuidado. Las comparaciones con el nazismo suelen utilizarse con demasiada facilidad y muchas veces sirven precisamente para dejar de pensar. No creo que quien critique a Cruz Roja sea un nazi, ni que repartir mantas en Ceuta nos coloque automáticamente ante una repetición de la Alemania de los años treinta. Lo que me interesa es algo bastante más concreto: qué sucede cuando la solidaridad deja de construirse alrededor de la necesidad y empieza a organizarse alrededor de la pertenencia.

El Partido Nazi tuvo sus propias estructuras de asistencia incluso antes de llegar al poder. La Nationalsozialistische Volkswohlfahrt nació en Berlín en 1931 como una pequeña organización de ayuda vinculada al partido y destinada inicialmente a personas necesitadas de su propio entorno. Después de la llegada de Hitler al poder en 1933 fue transformada en una enorme organización de bienestar extendida por Alemania. Al mismo tiempo, el régimen fue controlando las organizaciones sociales existentes, cerrando algunas e integrando otras dentro de un sistema en el que la ayuda quedaba sometida a la concepción nazi de quién pertenecía a la comunidad nacional.

El Winterhilfswerk, el conocido Auxilio de Invierno, proporciona quizá la imagen más clara. Recaudaba dinero y distribuía alimentos y otros productos entre personas necesitadas, pero no era simplemente una organización benéfica. Formaba parte de la construcción propagandística de la Volksgemeinschaft, esa comunidad nacional que el régimen presentaba como un pueblo unido y solidario. La documentación histórica muestra cómo aquellas campañas combinaban asistencia real con propaganda y con una determinada idea de quién formaba parte de esa comunidad.

Ahí encuentro una cuestión que sí me parece útil traer hasta el presente sin necesidad de comparar dos momentos históricos que son evidentemente distintos. La solidaridad puede entenderse como una respuesta ante la necesidad de una persona o puede entenderse como un privilegio que concedemos a quienes reconocemos como miembros de nuestro grupo. En el primer caso vemos a alguien que tiene frío y le damos una manta. En el segundo empezamos por preguntarnos quién es, de dónde viene, por qué está aquí y si merece recibirla.

Quizá por eso me impresionan tanto las mantas. Una manta roja sobre los hombros de alguien que acaba de llegar a una playa no resuelve prácticamente nada. Esa persona seguirá teniendo delante una frontera, un procedimiento administrativo, posiblemente una orden de devolución o una solicitud de protección internacional, meses de incertidumbre y una vida que tendrá que intentar reconstruir. La manta únicamente consigue que durante un rato tenga menos frío, pero hemos sido capaces de convertir incluso ese gesto mínimo en un campo de batalla.

Podemos fiscalizar a Cruz Roja y a cualquier otra organización. Podemos reclamar que las administraciones hagan directamente aquello que les corresponde, cuestionar subvenciones, exigir transparencia y discutir todas las políticas migratorias que queramos. Nada de eso debería incomodarnos en una democracia. Lo que sí debería hacerlo es llegar al punto en el que alguien considere que dar comida a una persona hambrienta o cubrir con una manta a una persona que tiene frío constituye una amenaza.

Porque entonces quizá la manta no sea realmente el problema. Quizá lo que estamos discutiendo, aunque todavía no siempre lo formulemos así, es quién tiene derecho a formar parte de ese nosotros al que estamos dispuestos a cuidar. Y la historia debería habernos enseñado que, cuando una sociedad empieza a dedicar demasiados esfuerzos a decidir quiénes son los nuestros, siempre termina apareciendo una segunda pregunta mucho más peligrosa: qué hacemos con todos los demás.