Un espacio personal de Diego Navarro

Etiqueta: migrantes

Sacamos a Nada de la selva, pero no de la vulnerabilidad

Hace poco escuché la historia de Nada Itrab y, conforme avanzaba, tenía la sensación de que en una sola vida se estaban cruzando casi todos los temas que me interesan y sobre los que suelo escribir: la migración, la pobreza, el choque entre culturas, la vulnerabilidad, la manipulación religiosa, la psicología, el trabajo social, la explotación laboral y sexual, la protección de la infancia, la policía e incluso la política internacional. Es una historia tan extrema que podría parecer construida para una película, pero sucedió de verdad. Comenzó en un barrio de L’Hospitalet de Llobregat, continuó en la selva boliviana y, aunque hubo un rescate espectacular, no terminó cuando Nada regresó a España. Al escucharla, además, hubo una idea que se me quedó especialmente clavada: la indiferencia de quienes ven que algo está sucediendo, saben o intuyen que no está bien y, aun así, continúan con su vida.

Nada llegó desde Marruecos cuando tenía cuatro años. Su familia buscaba aquí una vida mejor, pero acabó viviendo en una situación de pobreza extrema, sin autorización de residencia, en un piso ocupado, sin agua corriente y con enormes dificultades para cubrir las necesidades más básicas. Años después apareció en sus vidas Grover Morales, un vecino boliviano que se mostraba amable, religioso y dispuesto a ayudar. Les llevaba comida, hacía arreglos en la vivienda y fue convirtiéndose en alguien cercano. No irrumpió en la familia mediante la violencia, sino a través de aquello que más necesitaban: apoyo, confianza y una cierta sensación de seguridad.

Esto es importante porque la vulnerabilidad no convierte inevitablemente a nadie en víctima, pero sí ofrece oportunidades a quienes saben aprovecharse de ella. Cuando una familia carece de dinero, papeles, redes sociales y apoyos institucionales, cualquier persona que resuelva una necesidad concreta puede adquirir un poder enorme. La ayuda deja de ser solamente ayuda y puede convertirse en dependencia. Morales supo presentarse como alguien necesario hasta conseguir que los padres de Nada autorizaran ante notario que viajara con él a Bolivia. Supuestamente serían unas vacaciones de una semana, un premio porque la niña había sacado buenas notas. Nada tenía nueve años y nunca había subido a un avión. Para una niña que ocultaba ante sus compañeros que su familia no podía permitirse unas vacaciones, aquel viaje debía de parecer una aventura extraordinaria.

Lo que encontró al llegar fue algo muy distinto. Morales destruyó su pasaporte, la aisló, le cambió el nombre y comenzó a ejercer sobre ella un control cada vez mayor. La llevó hasta una comunidad de Aeminpu, un movimiento religioso mesiánico de origen andino, donde fue sometida a una ceremonia después de la cual él le dijo que ya era su esposa. No fue un matrimonio de conveniencia ni una costumbre cultural que debamos intentar comprender desde el relativismo. Fue un matrimonio infantil forzado, sin ninguna posibilidad de consentimiento, utilizado para justificar la apropiación de una niña. Durante los siete meses siguientes, Nada sufrió agresiones sexuales, violencia física, adoctrinamiento y explotación laboral en plantaciones de coca. Fue obligada a trabajar durante jornadas interminables mientras su captor le hacía creer que con aquel dinero podrían recuperar su pasaporte y regresar a España. La misma capacidad de esfuerzo que hasta entonces había empleado para estudiar la utilizó para sobrevivir.

Sin embargo, cuando Nada habla de lo que vivió, no se refiere únicamente a la violencia de su secuestrador. También recuerda la indiferencia de las personas que fueron apareciendo a su alrededor. Gente que veía a una niña de nueve años en una situación extraña, trabajando, aislada y presentada como la esposa de un adulto, pero que no preguntaba, no intervenía o prefería aceptar la explicación que resultara menos incómoda. A ella le sorprendió comprobar que podía estar rodeada de personas y continuar completamente sola. El peligro no procedía únicamente de quien la agredía, sino también de la tranquilidad con la que los demás conseguían convivir con aquello.

Quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar. Solemos imaginar que, ante una situación extrema, cualquiera haría algo. Pensamos que denunciaríamos, que preguntaríamos o que intentaríamos proteger a la víctima. Sin embargo, la realidad está llena de personas que ven solo una parte, se convencen de que no saben suficiente, consideran que no les corresponde intervenir o esperan que alguien con más autoridad se haga cargo. La indiferencia no siempre consiste en no sentir nada. A veces consiste en sentir cierta incomodidad y encontrar rápidamente una explicación que nos permita seguir adelante sin implicarnos.

También aquí se mezclan muchas cuestiones que solemos analizar por separado. Hay migración, pero el origen marroquí de Nada no explica lo que le sucedió. Hay religión, pero reducirlo a un enfrentamiento entre creencias sería absurdo: el agresor utilizó una organización religiosa para ejercer el control y, años después, Nada encontró en el islam una fuente de consuelo y una forma de entender el perdón. Hay pobreza, pero la pobreza no secuestra ni agrede a nadie. Lo que hace es reducir las alternativas, aumentar las dependencias y permitir que determinadas amenazas permanezcan ocultas. Y hay un supuesto viaje hacia un lugar que desde Europa llamaríamos despectivamente «el tercer mundo», aunque el engaño se preparó en Barcelona, la familia quedó desprotegida en España y buena parte del abandono posterior también ocurrió aquí. La geografía no sirve para repartir civilización y barbarie de una manera tan cómoda.

Mientras Nada trataba de sobrevivir en Bolivia, se puso en marcha una investigación en la que participaron los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y las autoridades bolivianas. La operación tuvo que atravesar fronteras, burocracias y tensiones políticas entre el Gobierno español y el de Evo Morales. Finalmente, dos agentes de la Guardia Civil consiguieron localizarla en la selva y sacarla con vida. Fue un trabajo policial extraordinario y conviene reconocerlo. Hay ocasiones en las que las instituciones funcionan, sus profesionales se implican y una actuación pública salva literalmente una vida. En marzo de 2014, Nada volvió a Barcelona agarrada de la mano de uno de los agentes que había participado en su rescate. Tenía diez años y seguía preocupada por si tendría que repetir curso. Durante el vuelo, el agente vio cómo guardaba en un bolsillo el pan que había sobrado de la comida. Había salido de la selva, pero su cuerpo y su cabeza continuaban preparados para sobrevivir.

Podríamos pensar que a partir de ese momento comenzó su recuperación. Sin embargo, lo que empezó fue otra etapa de desprotección, esta vez mucho menos llamativa y sin helicópteros, operaciones internacionales ni cámaras esperando en el aeropuerto. Nada fue separada de sus padres y pasó por dos centros de protección de menores. Aquella decisión podía resultar comprensible ante la gravedad de lo sucedido y la situación familiar, pero proteger a una niña no consiste solamente en apartarla temporalmente del peligro. Requiere ofrecerle estabilidad, vínculos seguros, atención psicológica, continuidad educativa y un proyecto de vida que no dependa únicamente de su capacidad para resistir. Después de varios años en centros, alrededor de los catorce fue devuelta al mismo entorno familiar precario del que había salido, pese a que sus padres habían sido condenados por abandono. Volvió a convivir con el miedo, la violencia, la falta de recursos y la inseguridad residencial.

Además, la administración que había asumido su protección no regularizó adecuadamente su situación documental. Nada llevaba en España desde los cuatro años y había sido reconocida como víctima de trata, pero llegó a la mayoría de edad sin una residencia que le permitiera trabajar con normalidad o solicitar determinadas becas. Habíamos conseguido traerla desde el interior de Bolivia, pero no darle unos papeles en el país en el que había crecido. Habíamos organizado una compleja operación policial para localizarla, pero no una intervención social suficientemente estable para evitar que volviera a pasar hambre, a dormir con miedo o a sentirse atrapada en su propia casa.

Al escuchar esta segunda parte resulta difícil no encontrar una continuidad con aquello que Nada cuenta sobre Bolivia. Ya no estaba delante la misma indiferencia ni se producía en las mismas circunstancias, pero el mecanismo se parecía demasiado. Allí hubo personas que vieron a una niña viviendo algo que no era normal y continuaron con sus vidas. En España hubo instituciones, profesionales y una sociedad que conocían, al menos parcialmente, su extrema vulnerabilidad, pero tampoco consiguieron ofrecerle una protección continuada. No afirmo que todas las personas que intervinieron miraran hacia otro lado. Sabemos que algunos policías, docentes y otros profesionales se preocuparon sinceramente por ella. Precisamente por eso sus actuaciones destacan tanto. El problema es que una vida no puede depender de que, dentro de un sistema que debería protegerla, aparezca de vez en cuando alguien dispuesto a ir más allá.

Desde el trabajo social, esa es quizá la parte de la historia que más me interpela. Nosotros también podemos acostumbrarnos a conocer situaciones muy graves sin llegar a verlas por completo. Podemos intervenir sobre una necesidad, rellenar un informe, realizar una derivación y confiar en que otra persona continuará el proceso. No siempre es indiferencia personal y muchas veces existen cargas de trabajo, falta de recursos, competencias administrativas fragmentadas o límites profesionales muy reales. Pero para quien necesita ayuda, la diferencia entre la indiferencia y un sistema incapaz de responder puede resultar bastante pequeña. El resultado es el mismo: su sufrimiento es conocido, queda registrado en algún lugar y, aun así, continúa.

Estamos acostumbrados a hablar de rescates como si fueran un momento concreto: abrir una puerta, detener a un agresor o sacar a alguien de un lugar peligroso. Sin embargo, el rescate verdadero suele comenzar después. Rescatar también es conseguir una vivienda segura, tramitar una autorización de residencia, acompañar un proceso terapéutico, mantener un entorno educativo estable y ofrecer una persona de referencia que no desaparezca cada vez que cambia el recurso, el profesional o el expediente. La protección no puede medirse únicamente por haber evitado el peor desenlace. Que una persona sobreviva no significa que la intervención haya funcionado.

Desde mi interés por la psicología, también me resulta especialmente duro pensar en cómo Nada tuvo que ordenar lo que le había sucedido. Durante años habló muy poco de Bolivia y llegó a interpretar aquello como una especie de viaje que había salido mal. No era una mentira consciente, sino una forma de colocar a distancia algo demasiado doloroso para poder integrarlo. Según ha contado ella misma, aprendió a explicar los hechos desde la parte más lógica de su mente mientras mantenía desconectadas las emociones. La disociación, el silencio y la aparente frialdad no son pruebas de que el trauma haya desaparecido. A veces son precisamente las herramientas que permiten continuar viviendo cuando todavía no existen condiciones seguras para mirar atrás.

La educación fue uno de los lugares en los que Nada encontró esa seguridad. Se esforzó por obtener las mejores notas, ganó un premio por un trabajo escolar y consiguió llegar a la universidad. Es tentador convertir esta parte en una historia de superación personal: si alguien que ha vivido todo aquello pudo estudiar, cualquiera podría hacerlo. Pero esa lectura sería profundamente injusta. Su capacidad, su inteligencia y su esfuerzo son admirables, aunque no pueden utilizarse para esconder todo lo que le faltó. La resiliencia explica que una persona haya conseguido mantenerse en pie, no que las condiciones que la rodeaban fueran aceptables. Celebrar su fortaleza sin señalar los fallos del sistema sería otra forma de mirar hacia otro lado.

A finales de 2022, la periodista Neus Sala quiso saber qué había sido de aquella niña a la que la policía había rescatado casi una década antes. La encontró estudiando, dando clases particulares y viviendo todavía en una enorme precariedad. Nada seguía sin papeles y sin los apoyos que necesitaba. Sala la ayudó a regularizar su situación, encontrar atención psicológica y acceder a una alternativa residencial. Su relación terminó convirtiéndose en algo mucho más personal que un trabajo periodístico y juntas han escrito Yo soy Nada. La historia de un secuestro y dos rescates. El segundo rescate no fue una operación policial, sino el inicio de un acompañamiento que permitió a Nada comprender su propia historia y empezar a construir una vida fuera de aquel entorno.

Pero esta segunda parte tampoco debería dejarnos tranquilos. Es bonito que una persona se implique y cambie la vida de otra, pero resulta preocupante que derechos tan básicos dependan de un encuentro casual y de la insistencia de alguien con contactos, conocimientos y voluntad de ayudar. Si Neus Sala no hubiera preguntado qué había pasado con aquella niña, ¿cuánto tiempo más habría permanecido Nada en la misma situación? El apoyo individual puede reparar parte del daño, pero no puede sustituir a un sistema de protección. Una vida no debería depender de tener la suerte de encontrarse con la persona adecuada.

Uso el plural en el título de forma consciente. Digo que sacamos a Nada de la selva porque aquella operación fue realizada por instituciones que también son nuestras y por profesionales que actuaron en nombre de la sociedad. Y digo que no supimos sacarla de la vulnerabilidad porque tampoco quiero observar el fracaso como si perteneciera únicamente a una administración lejana. Fallaron organismos concretos y habrá que determinar sus responsabilidades, pero también existe una forma colectiva de mirar estos casos. Nos conmueve el secuestro, admiramos el rescate y después perdemos el interés cuando comienza la parte lenta, cotidiana y menos visible de la recuperación.

Nada no quiere que el dolor se convierta en su identidad. Estudia Derecho y Relaciones Internacionales y quiere emplear su experiencia para defender a otras víctimas de trata y abuso. Tiene derecho a decidir cómo cuenta su historia y qué hace con ella, sin quedar condenada para siempre a ser «la niña secuestrada en Bolivia». Su vida no debe servir únicamente para emocionarnos ni para construir un relato extraordinario de supervivencia. También debería obligarnos a revisar qué entendemos por proteger y por qué tantas veces confundimos sacar a alguien del peligro con haber resuelto su vida.

Sacamos a Nada de la selva, y eso fue extraordinario. Lo que no supimos fue acompañarla después, garantizar sus derechos y ofrecerle la seguridad necesaria para dejar de vivir en modo supervivencia. Quizá porque rescatar durante unas horas puede ser una hazaña, mientras que cuidar durante años exige recursos, coordinación, profesionales, paciencia y una responsabilidad que no desaparezca cuando dejan de mirar las cámaras. La indiferencia que marcó su cautiverio no terminó completamente con su regreso a España, sino que adquirió formas menos evidentes y más fáciles de justificar. Ahí es donde la historia de Nada deja de ser solamente la historia excepcional de una niña y se convierte en una pregunta bastante incómoda para todos nosotros: cuántas cosas somos capaces de ver sin llegar realmente a mirarlas.

Cuando una palabra decide lo que vemos

Hay palabras que parecen describir una realidad cuando, en realidad, ya nos están diciendo cómo debemos interpretarla. Elegimos una palabra, la colocamos delante de un hecho y tenemos la sensación de que simplemente le hemos puesto nombre, como si el lenguaje fuera una especie de etiqueta transparente. Pero las palabras nunca llegan solas. Arrastran significados, recuerdos, imágenes, emociones y otras palabras que ni siquiera necesitamos pronunciar. Por eso me ha venido mucho a la cabeza estos días escuchar hablar de la «invasión» de Ceuta.

El 30 y 31 de julio entraron irregularmente en la ciudad alrededor de 72.000 personas desde Marruecos. La cifra resulta difícil incluso de imaginar en una ciudad pequeña y con una población de un tamaño parecido. Aquello desbordó capacidades administrativas, servicios sociales, recursos de protección de menores, seguridad y buena parte de la vida cotidiana de Ceuta. Negar que existió un problema enorme sería tan poco honesto como negar que un movimiento semejante de personas necesita control, planificación y una respuesta por parte del Estado. La cuestión no está en fingir que no pasó nada, sino en preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de llamarlo entrada masiva, crisis migratoria o crisis fronteriza y empezamos a llamarlo invasión.

Puede parecer una discusión semántica, y en cierto modo lo es, pero precisamente por eso importa. Una invasión necesita invasores. Si hay invasores tiene que existir alguien invadido. Aparece un territorio amenazado, una frontera que defender y, casi inevitablemente, un enemigo. Nada de esto necesita ser explicado después porque la palabra ha hecho buena parte del trabajo por nosotros. Una palabra puede contener una conclusión antes incluso de que hayamos empezado a discutir los hechos, y ahí está una de las cosas que más me interesan del lenguaje: no solo sirve para contar lo que vemos, también puede preparar la forma en la que vamos a verlo.

La psicología del lenguaje lleva mucho tiempo estudiando algo que experimentamos constantemente aunque no sepamos ponerle nombre. Las palabras no funcionan como pequeñas etiquetas independientes almacenadas en nuestro cerebro. Cuando escuchamos una palabra activamos conceptos relacionados, experiencias anteriores, emociones y determinados modos de interpretar lo que viene después. No procesamos «invasión» como ocho letras y una definición de diccionario. Aparecen ejércitos, fronteras, ocupaciones, amenazas, resistencia y defensa. Por eso el lenguaje político importa tanto: no siempre es necesario falsear un hecho para condicionar cómo lo interpretamos, porque a veces basta con escoger cuidadosamente la palabra adecuada.

Quizá aquí se me mezclan dos aficiones, Chomsky y la psicología del lenguaje, pero siempre me ha fascinado que podamos discutir durante horas sobre una realidad sin reparar en que alguien eligió antes las palabras con las que íbamos a discutirla. Chomsky dedicó buena parte de su trabajo a mostrar hasta qué punto el lenguaje es una capacidad extraordinariamente compleja y creativa, y otra parte de su vida intelectual a preguntarse quién establece los términos en los que discutimos públicamente sobre el mundo. No hace falta convertir esto en una clase de lingüística para encontrar algo interesante ahí: antes incluso de empezar una discusión, puede haberse decidido ya el terreno sobre el que vamos a mantenerla. No vemos exactamente lo mismo cuando miramos a una persona que cruza una frontera que cuando miramos a un invasor, aunque físicamente tengamos delante a la misma persona.

Y esto tampoco significa idealizar a quien migra. Entre quienes llegaron a Ceuta habrá personas buenas y malas, como las hay entre quienes ya vivían allí. Habrá quien haya cometido delitos y quien nunca haya cometido ninguno, personas egoístas y solidarias, violentas y pacíficas, educadas y desagradables. Migrar no convierte a nadie en mejor persona, pero tampoco lo convierte en peor. Parece una obviedad, aunque buena parte del debate público funciona precisamente olvidándola. Cuando hablamos de miles de personas tendemos a convertirlas en una masa homogénea y dejamos de ver individuos, y ese paso resulta especialmente peligroso cuando la palabra elegida para nombrar a esa masa ya incorpora una carga de amenaza.

La migración puede provocar problemas reales. Una llegada de decenas de miles de personas en apenas unas horas a un territorio pequeño es un problema de gestión de primera magnitud, y quien vive en Ceuta tiene derecho a preocuparse por su seguridad, por sus servicios públicos, por los recursos disponibles y por cómo puede afectar una situación extraordinaria a su vida cotidiana. Reconocer esto no es xenofobia. Lo peligroso empieza cuando damos el siguiente salto y dejamos de hablar del problema que genera una determinada situación para convertir a un colectivo entero en el problema. La migración puede generar conflictos, tensiones y dificultades objetivas, pero eso no convierte automáticamente a cada persona migrante en una amenaza.

Tampoco deberíamos confundir responsabilidades. Estos días se discute sobre el posible papel de Marruecos en lo ocurrido y sobre si pudo existir algún grado de permisividad o utilización política de la frontera. Habrá que esclarecerlo y, si existió una utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política, exigir las responsabilidades correspondientes. Pero incluso en ese supuesto seguiríamos necesitando distinguir algo elemental: quien utiliza a una persona como instrumento y la persona utilizada como instrumento no son necesariamente el mismo actor. Convertir al migrante en soldado porque alguien pueda haber utilizado su migración con una finalidad política vuelve a ser una decisión lingüística antes que una descripción de esa persona.

Y aquí inevitablemente termino pensando en Orwell. En 1984, la Neolengua pretendía reducir progresivamente el vocabulario porque, si desaparecían determinadas palabras, también resultaría cada vez más difícil formular determinados pensamientos. Es una distopía llevada al extremo y sería absurdo afirmar que utilizar una palabra como «invasión» nos sitúa en el mundo imaginado por Orwell. Pero su intuición continúa siendo incómodamente útil, porque quizá no siempre necesitemos eliminar palabras para estrechar la forma en la que pensamos. A veces basta con conseguir que unas sustituyan a otras de forma sistemática y terminen ocupando todo el espacio.

Una persona pasa a ser un ilegal, un grupo de personas se convierte en una oleada, una entrada masiva se transforma en una invasión y quienes cruzan una frontera pasan a ser invasores. Cada cambio parece pequeño, pero poco a poco cambia también aquello que nos parece razonable hacer con esas personas. Y este mecanismo no funciona únicamente con la inmigración. Llamar «incidente» a una tragedia, «daños colaterales» a civiles muertos, «ajuste» a un recorte o «flexibilización» a la pérdida de determinadas condiciones laborales también modifica aquello que estamos viendo. El lenguaje puede utilizarse para exagerar una amenaza, pero también para hacerla desaparecer o convertir en técnico aquello que tiene consecuencias profundamente humanas.

Por eso quizá la cuestión no sea encontrar palabras completamente neutras, porque probablemente no existan. La cuestión es ser conscientes de lo que hacemos cuando elegimos unas y descartamos otras, y de qué ideas estamos introduciendo de contrabando junto a cada palabra. Podemos discutir sobre inmigración, exigir fronteras controladas, mejores políticas migratorias, más recursos para Ceuta, cooperación europea, responsabilidades al Gobierno español o explicaciones a Marruecos. Podemos estar en desacuerdo en casi todo y seguir teniendo una conversación legítima. Pero convendría saber, al menos, cuándo estamos describiendo la realidad y cuándo una palabra ha empezado a decidir por nosotros qué realidad debemos ver.

Ceuta y el precio humano de la crisis migratoria

Las imágenes que han llegado desde Ceuta estos días son difíciles de ignorar. Miles de personas intentando alcanzar territorio español, familias enteras caminando por la playa, menores cruzando a nado, agentes desbordados y una ciudad incapaz de absorber una llegada de semejante magnitud. Es una situación excepcional que ha generado preocupación, incertidumbre y un intenso debate político. Sería ingenuo negar que una entrada masiva de personas plantea un desafío enorme para cualquier país. La gestión de las fronteras es una responsabilidad del Estado y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo debe afrontarse una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, precisamente cuando las emociones son más intensas, es cuando más necesario resulta detenerse a comprender qué está ocurriendo realmente y quiénes son los verdaderos protagonistas de esta historia.

Lo sucedido en Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Todo indica que detrás hay también una crisis diplomática en la que Marruecos ha desempeñado un papel decisivo al relajar o dejar de ejercer el control habitual sobre la frontera durante un tiempo. Cuando miles de personas consiguen cruzar de forma prácticamente simultánea una frontera que normalmente está fuertemente vigilada, resulta evidente que no estamos ante un simple aumento espontáneo de llegadas. Estamos ante un conflicto entre Estados en el que la migración se convierte en un instrumento de presión política. Es una realidad incómoda, pero necesaria para entender el contexto. Las personas migrantes no han diseñado esa estrategia, no controlan las relaciones entre gobiernos ni deciden cuándo se abre o se cierra una frontera. Han sido, una vez más, quienes han quedado atrapados en medio de un pulso que les supera por completo.

Eso no significa que todas las decisiones que toman sean irrelevantes o que la entrada irregular deba contemplarse con indiferencia. Los Estados tienen el derecho y la obligación de proteger sus fronteras, igual que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público. Defender esto no convierte a nadie en xenófobo, del mismo modo que defender la dignidad de las personas migrantes no convierte a nadie en partidario de unas fronteras sin control. El problema aparece cuando el debate deja de centrarse en cómo gestionar una situación compleja y comienza a buscar culpables fáciles.

Y pocas veces hay un culpable más fácil que quien llega sin nada.

Las redes sociales y algunos discursos políticos reaccionan con una velocidad que apenas deja espacio para la reflexión. En cuestión de horas empiezan a circular vídeos sacados de contexto, mensajes que presentan la llegada de miles de personas como una amenaza homogénea e incluso expresiones que dejan de hablar de seres humanos para hablar de masas, invasiones o enemigos. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión sobre la política migratoria, a pedir un mayor control fronterizo o a reclamar cambios legislativos. Todo eso forma parte del debate democrático. Lo preocupante es cuando la discusión deja de dirigirse hacia las políticas y comienza a dirigirse contra las personas.

Porque quienes aparecen en esas imágenes tienen historias muy diferentes entre sí. Algunos huyen de conflictos, otros de la pobreza extrema, otros simplemente buscan oportunidades que jamás han encontrado en su país de origen. También habrá quien actúe movido únicamente por el deseo de mejorar su situación económica. Ninguna de esas circunstancias convierte automáticamente cualquier decisión en correcta ni obliga a un Estado a aceptar toda entrada irregular. Pero tampoco justifica que desaparezca algo tan básico como la capacidad de reconocer que seguimos hablando de personas.

Hay una consecuencia de estas crisis que rara vez ocupa los titulares y, sin embargo, se repite una y otra vez. El rechazo no suele quedarse en quienes acaban de cruzar la frontera. Termina extendiéndose sobre miles de personas migrantes que llevan años viviendo en España, trabajando, pagando impuestos, formando familias y participando de la vida cotidiana como cualquier otro vecino. Basta con que el ambiente social se tense para que muchos vuelvan a sentir que tienen que demostrar constantemente que ellos no son «como los de las noticias». Esa necesidad permanente de justificarse es una carga profundamente injusta, porque nadie debería responder por las decisiones o los actos de un colectivo entero únicamente por compartir un origen.

Quizá ese sea uno de los efectos más peligrosos del discurso de odio. No necesita conocer a las personas. Le basta con una etiqueta. Cuando alguien deja de ser Ahmed, Fátima o Moussa para convertirse simplemente en «el inmigrante», ya no importa su historia, su trabajo, sus esfuerzos o los años que lleve construyendo una vida aquí. La individualidad desaparece y solo queda un estereotipo sobre el que resulta muy sencillo proyectar miedos, frustraciones o problemas que tienen causas mucho más profundas.

Como trabajador social, una de las lecciones que más se repite con el paso de los años es que la realidad nunca cabe dentro de los eslóganes. Detrás de cada expediente hay una biografía distinta, decisiones difíciles, errores, aciertos, pérdidas y esperanzas. Las personas no son categorías administrativas ni titulares de prensa. Tampoco son números en una estadística. Cuando olvidamos eso, dejamos de comprender los problemas sociales y empezamos a construir caricaturas que quizá sirvan para ganar un debate, pero nunca para resolver un conflicto.

La crisis de Ceuta exige respuestas políticas serias. España debe proteger sus fronteras, Europa no puede mirar hacia otro lado y Marruecos debe asumir las responsabilidades que le correspondan si, como todo parece indicar, ha utilizado la migración como un mecanismo de presión diplomática. Todo eso merece un debate firme y honesto. Pero ninguna de esas respuestas mejorará si se alimenta el odio hacia quienes ocupan el último eslabón de toda esta cadena.

Al final, los gobiernos seguirán negociando, las relaciones diplomáticas cambiarán y los titulares acabarán siendo sustituidos por otros nuevos. Quienes permanecerán aquí serán las personas que han sobrevivido a este episodio, tanto las que lograron llegar como las que llevan años intentando construir una vida en nuestro país. Ellas serán quienes soporten durante mucho tiempo las consecuencias de unas decisiones que nunca tomaron. Porque cuando las fronteras se convierten en trincheras políticas, los gobiernos juegan sus partidas, pero quienes siempre terminan pagando el precio más alto son quienes jamás tuvieron poder para mover ninguna ficha.

Quieren trabajar, pero no siempre pueden

Hay discursos que se repiten tanto que acaban pareciendo verdad. Se instalan, se simplifican y se convierten en una especie de ruido de fondo que condiciona cómo miramos a los demás. Uno de esos discursos es el que dice que las personas migrantes vienen a “vivir de las ayudas”. Lo escucho fuera, en conversaciones cotidianas, en redes sociales, incluso en algunos espacios que deberían ser más cuidadosos. Pero luego abro la puerta del despacho, y lo que entra no se parece en nada a eso.

Lo que entra son personas con una idea muy clara: trabajar. No dentro de seis meses, no “cuando se pueda”, no “ya veremos”. Quieren trabajar ya. Lo necesitan, pero sobre todo lo quieren. Porque trabajar no es solo una cuestión económica. Es dignidad, es proyecto de vida, es sentir que uno forma parte de algo. Y eso lo tienen clarísimo.

Pero hay algo que rompe ese impulso de frente: no siempre pueden. Y no es por falta de ganas, ni de esfuerzo, ni de actitud. Es, muchas veces, por su situación administrativa. Personas que están en situación irregular, que no tienen permiso de trabajo, que dependen de procesos largos, complejos y, en ocasiones, inciertos. Personas que quieren hacer las cosas bien, pero que el propio sistema deja en una especie de espera obligada.

Ahí aparece una contradicción dura. Se les exige que trabajen, que se integren, que “aporten”. Pero al mismo tiempo, se les impide hacerlo de forma legal durante meses o incluso años. Y en ese tiempo, ¿qué se espera exactamente que hagan?

Lo que pasa es que entre ese deseo y la realidad hay un abismo. Un abismo hecho de trámites, de tiempos administrativos, de barreras legales, de desconocimiento del idioma, de precariedad y, muchas veces, de miedo. Porque no estamos hablando de personas que han hecho una mudanza tranquila. Estamos hablando de personas que han salido de sus países empujadas por algo.

Algunos han cruzado el mar en patera. Y eso no es una imagen abstracta, es una experiencia que marca. Es frío, es incertidumbre, es no saber si vas a llegar. Otros huyen de guerras que han destrozado sus ciudades y sus vidas. Otros escapan de persecuciones políticas, de amenazas reales, de contextos donde opinar o simplemente existir puede costarte la vida. Y luego están quienes son perseguidos por lo que son: personas LGTBIQ+, en países donde amar a quien quieres o mostrarte como eres no solo está mal visto, sino castigado, a veces con cárcel o con la muerte.

Cuando tienes delante a alguien que ha pasado por eso, el discurso de “vienen a aprovecharse” no es solo falso, es profundamente injusto.

Porque la realidad es otra. Es gente que acepta trabajos que muchos aquí rechazan. Es gente que insiste, que pregunta, que vuelve aunque le hayan cerrado puertas. Pero también es gente que se encuentra con un muro invisible: no pueden firmar un contrato, no pueden cotizar, no pueden acceder a un empleo formal aunque lo estén buscando activamente.

Y aquí es donde conviene ser claros. El sistema no siempre acompaña. Los tiempos de regularización son largos, a veces desesperantes. Las oportunidades no están al alcance de todos. Y mientras tanto, la persona está en una especie de limbo, donde no puede avanzar como le gustaría. Eso genera frustración, desgaste y, en algunos casos, situaciones de vulnerabilidad que luego se utilizan como argumento para reforzar el mismo discurso que las ha provocado.

Es un círculo perverso.

Por eso creo que es importante contar lo que no se ve. Lo que pasa dentro de los despachos, en las entrevistas, en las conversaciones reales. Porque ahí es donde se desmontan muchos prejuicios. Ahí es donde entiendes que reducir a todas estas personas a un estereotipo no solo es incorrecto, es una forma de deshumanizar.

No se trata de idealizar. Las personas migrantes no son un colectivo homogéneo ni perfecto, como no lo es ningún otro. Pero sí se trata de ser honestos con la realidad. Y la realidad, al menos la que yo veo cada día, es que la gran mayoría quiere trabajar, pero no siempre puede hacerlo en condiciones legales.

Quizá el problema no es lo que ellos traen, sino lo que nosotros les impedimos hacer.

Y eso sí que merece que nos lo cuestionemos.

Entre trámites y vidas · Diego Navarro

Arriba ↑