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Cuando una manta se convierte en una amenaza

26 septiembre 2026 / Diego / Sin comentarios

Una manta sirve para quitar el frío. Poco más. No decide una política migratoria, no abre una frontera, no concede un permiso de residencia y no determina quién puede quedarse en un país. Sin embargo, hemos conseguido que una manta roja entregada a una persona que acaba de llegar mojada a una playa pueda convertirse en algo mucho más grande. Para algunos ha dejado de ser un objeto con el que proteger del frío a alguien para convertirse en un símbolo de todo aquello que rechazan.

Llevo tiempo pensando en cómo hemos llegado hasta aquí porque el cambio, visto con cierta perspectiva, resulta llamativo. Durante los meses más duros de la pandemia aplaudíamos desde los balcones y hablábamos de quienes estaban en primera línea. No eran únicamente sanitarios. También estaban quienes atendían a personas mayores, repartían alimentos, acompañaban a quienes se habían quedado solos o intentaban llegar hasta las personas que la emergencia había dejado todavía más atrás. Durante un tiempo cuidar parecía haberse convertido casi en un valor colectivo.

No tardamos demasiado en empezar a ver otra imagen. En Canarias, durante la crisis migratoria de 2020 y 2021, trabajadores y voluntarios de Cruz Roja comenzaron a denunciar insultos, amenazas y situaciones de acoso por atender a las personas que llegaban a las islas. Algunos dejaron de llevar visible el uniforme cuando terminaban su turno y comenzaron a guardar el chaleco en el maletero. Resultaba especialmente significativo el testimonio de un voluntario que recordaba cómo durante la crisis de los cayucos de 2006 las ambulancias eran recibidas con aplausos cuando acudían a una playa. Quince años después, haciendo esencialmente lo mismo, escuchaban gritos de «Cruz Roja criminal».

Hablar simplemente de un creciente odio hacia las ONG quizá sea simplificarlo, porque creo que detrás está ocurriendo algo bastante más profundo. Entre aquellas imágenes había también mantas. Las hemos visto cientos de veces sobre los hombros de personas que acaban de bajar de una embarcación. Lo extraño es que poco a poco también empezamos a escuchar discusiones sobre esas mantas, sobre los bocadillos, sobre las botellas de agua. Objetos insignificantes económicamente adquirían un enorme valor simbólico porque parecían representar algo mucho más importante: alguien estaba recibiendo algo y comenzábamos a preguntarnos si tenía derecho a recibirlo.

La DANA de Valencia volvió a mostrar hasta qué punto había crecido esa desconfianza. Mientras miles de personas trataban de ayudar de todas las formas posibles, comenzaron a circular mensajes que aseguraban que Cruz Roja no estaba allí, que había tardado días en aparecer, que apenas había movilizado personal, que las donaciones no llegaban o que se preocupaba más por las personas migrantes que por quienes acababan de perderlo todo. Una parte importante de aquellas afirmaciones era falsa. Hay registros de la intervención de Cruz Roja desde el mismo 29 de octubre de 2024 y los verificadores documentaron también cómo se reutilizaron imágenes e informaciones de otros contextos para sostener la idea de que la organización abandonaba a los afectados mientras destinaba recursos a otros colectivos.

Por supuesto que esto no significa que haya que defender todo lo que hace una ONG. Me parecería incluso peligroso plantearlo así. Las organizaciones sociales pueden hacerlo mal, pueden burocratizarse, gestionar mal un programa, tomar decisiones equivocadas, gastar mal el dinero o terminar creando estructuras demasiado alejadas de las personas a las que supuestamente sirven. Cuando reciben financiación pública tienen además la obligación de explicar qué hacen con ella y aceptar el mismo escrutinio que debemos exigir a cualquiera que gestione recursos públicos.

Pero criticar no es lo mismo que sospechar sistemáticamente. Hay una diferencia enorme entre cuestionar una actuación concreta y construir un relato en el que cualquier cosa que haga una organización sirve para confirmar que algo oscuro hay detrás. Si recibe una subvención, vive del dinero público. Si pide donaciones, quiere enriquecerse. Si ayuda a personas migrantes, solo ayuda a extranjeros. Si interviene en una catástrofe que afecta mayoritariamente a españoles, se afirma que no está allí. La conclusión comienza a existir antes que los hechos y cualquier imagen puede utilizarse después para sostenerla.

En Ceuta hemos dado otro paso. Ya no hablamos únicamente de publicaciones en redes sociales o de comentarios debajo de una fotografía. Durante la crisis migratoria de este verano se han producido protestas para impedir que los vehículos de Cruz Roja llevaran comida y agua hasta las personas que permanecían en la playa de El Trampolín, y voluntarios de distintas organizaciones han denunciado insultos, amenazas y hostigamiento simplemente por repartir alimentos. Una responsable de la ONG Luna Blanca lo resumía de una manera difícil de ignorar: les increpaban por dar comida caliente y les decían que dejaran pasar hambre a esas personas para que regresaran a su país.

Ahí es donde para mí cambia la naturaleza del problema. Podemos discutir cuántas personas puede acoger un territorio, cómo deben gestionarse las fronteras, qué política migratoria queremos o qué responsabilidades corresponden a cada administración. Son debates legítimos y además necesarios. Pero cuando una persona pasa hambre delante de nosotros y empezamos a considerar que darle comida dificulta la política migratoria que queremos aplicar, hemos pasado a discutir algo diferente. Ya no estamos hablando solamente de inmigración. Estamos empezando a decidir quién merece ser auxiliado.

Y me preocupa especialmente porque este rechazo a las organizaciones sociales aparece al mismo tiempo que una desconfianza creciente hacia lo público. Llevamos años escuchando que la Administración es lenta, cara, burocrática e ineficiente. Muchas veces lo es y quienes trabajamos cerca de los servicios sociales conocemos perfectamente hasta qué punto una persona puede agotarse pasando de una ventanilla a otra buscando una respuesta. Pero al mismo tiempo despreciamos cada vez más a esa sociedad civil organizada que históricamente ha ocupado parte del espacio al que el Estado no llega.

El modelo español se ha construido precisamente sobre esa convivencia. Tenemos servicios públicos, pero también asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que desarrollan programas de atención, acompañamiento e inclusión financiados en muchas ocasiones mediante recursos públicos. No es una anomalía ni algo que las organizaciones hayan inventado para conseguir subvenciones. La propia legislación española reconoce al Tercer Sector de Acción Social y establece mecanismos de colaboración con las administraciones públicas, al mismo tiempo que recuerda que esa colaboración no puede servir para que las administraciones abandonen sus responsabilidades.

Se puede discutir, y creo que deberíamos hacerlo mucho más, dónde tiene que estar la frontera. Hay servicios que quizá nunca deberían haberse delegado. Hay programas que funcionan año tras año mediante subvenciones temporales cuando responden a necesidades que sabemos perfectamente que seguirán existiendo. Hay profesionales sosteniendo derechos con proyectos que terminan el 31 de diciembre y vuelven a empezar, si hay suerte, unos meses después. Defender el papel de las organizaciones sociales no debería significar aceptar que el Estado pueda retirarse tranquilamente y dejarles a ellas el trabajo.

Pero me inquieta pensar qué ocurre si deslegitimamos las dos cosas al mismo tiempo. Si los servicios públicos son un despilfarro y las organizaciones sociales son chiringuitos subvencionados, solo queda una tercera posibilidad: convertir cada vez más necesidades en productos. Quien pueda pagar cuidados los tendrá. Quien pueda pagar atención psicológica la tendrá. Quien pueda pagar una residencia podrá elegirla. Quien pueda pagar apoyos para afrontar una discapacidad, la crianza o una situación de dependencia tendrá más posibilidades de resolverlas. Y quien no pueda dependerá de su familia, de su entorno o de que alguien decida voluntariamente ayudarle.

No tengo ninguna prueba de que exista un plan organizado para desacreditar a las ONG con el objetivo de sustituir nuestro modelo social por ese otro y no pretendo convertir una preocupación en una teoría de la conspiración. Los cambios sociales tampoco necesitan necesariamente una sala en la que varias personas decidan cómo van a producirse. A veces ocurren de una manera mucho más sencilla. Cambia lo que pensamos de los impuestos, de la pobreza, de quien recibe una ayuda, de los servicios públicos o de quien necesita una prestación y, poco a poco, comienzan a parecernos razonables cosas que algunos años antes no lo habrían parecido.

Es ahí donde llevo tiempo dándole vueltas a otro precedente histórico que creo que merece ser observado con mucho cuidado. Las comparaciones con el nazismo suelen utilizarse con demasiada facilidad y muchas veces sirven precisamente para dejar de pensar. No creo que quien critique a Cruz Roja sea un nazi, ni que repartir mantas en Ceuta nos coloque automáticamente ante una repetición de la Alemania de los años treinta. Lo que me interesa es algo bastante más concreto: qué sucede cuando la solidaridad deja de construirse alrededor de la necesidad y empieza a organizarse alrededor de la pertenencia.

El Partido Nazi tuvo sus propias estructuras de asistencia incluso antes de llegar al poder. La Nationalsozialistische Volkswohlfahrt nació en Berlín en 1931 como una pequeña organización de ayuda vinculada al partido y destinada inicialmente a personas necesitadas de su propio entorno. Después de la llegada de Hitler al poder en 1933 fue transformada en una enorme organización de bienestar extendida por Alemania. Al mismo tiempo, el régimen fue controlando las organizaciones sociales existentes, cerrando algunas e integrando otras dentro de un sistema en el que la ayuda quedaba sometida a la concepción nazi de quién pertenecía a la comunidad nacional.

El Winterhilfswerk, el conocido Auxilio de Invierno, proporciona quizá la imagen más clara. Recaudaba dinero y distribuía alimentos y otros productos entre personas necesitadas, pero no era simplemente una organización benéfica. Formaba parte de la construcción propagandística de la Volksgemeinschaft, esa comunidad nacional que el régimen presentaba como un pueblo unido y solidario. La documentación histórica muestra cómo aquellas campañas combinaban asistencia real con propaganda y con una determinada idea de quién formaba parte de esa comunidad.

Ahí encuentro una cuestión que sí me parece útil traer hasta el presente sin necesidad de comparar dos momentos históricos que son evidentemente distintos. La solidaridad puede entenderse como una respuesta ante la necesidad de una persona o puede entenderse como un privilegio que concedemos a quienes reconocemos como miembros de nuestro grupo. En el primer caso vemos a alguien que tiene frío y le damos una manta. En el segundo empezamos por preguntarnos quién es, de dónde viene, por qué está aquí y si merece recibirla.

Quizá por eso me impresionan tanto las mantas. Una manta roja sobre los hombros de alguien que acaba de llegar a una playa no resuelve prácticamente nada. Esa persona seguirá teniendo delante una frontera, un procedimiento administrativo, posiblemente una orden de devolución o una solicitud de protección internacional, meses de incertidumbre y una vida que tendrá que intentar reconstruir. La manta únicamente consigue que durante un rato tenga menos frío, pero hemos sido capaces de convertir incluso ese gesto mínimo en un campo de batalla.

Podemos fiscalizar a Cruz Roja y a cualquier otra organización. Podemos reclamar que las administraciones hagan directamente aquello que les corresponde, cuestionar subvenciones, exigir transparencia y discutir todas las políticas migratorias que queramos. Nada de eso debería incomodarnos en una democracia. Lo que sí debería hacerlo es llegar al punto en el que alguien considere que dar comida a una persona hambrienta o cubrir con una manta a una persona que tiene frío constituye una amenaza.

Porque entonces quizá la manta no sea realmente el problema. Quizá lo que estamos discutiendo, aunque todavía no siempre lo formulemos así, es quién tiene derecho a formar parte de ese nosotros al que estamos dispuestos a cuidar. Y la historia debería habernos enseñado que, cuando una sociedad empieza a dedicar demasiados esfuerzos a decidir quiénes son los nuestros, siempre termina apareciendo una segunda pregunta mucho más peligrosa: qué hacemos con todos los demás.

Sacamos a Nada de la selva, pero no de la vulnerabilidad

9 septiembre 2026 / Diego / Sin comentarios

Hace poco escuché la historia de Nada Itrab y, conforme avanzaba, tenía la sensación de que en una sola vida se estaban cruzando casi todos los temas que me interesan y sobre los que suelo escribir: la migración, la pobreza, el choque entre culturas, la vulnerabilidad, la manipulación religiosa, la psicología, el trabajo social, la explotación laboral y sexual, la protección de la infancia, la policía e incluso la política internacional. Es una historia tan extrema que podría parecer construida para una película, pero sucedió de verdad. Comenzó en un barrio de L’Hospitalet de Llobregat, continuó en la selva boliviana y, aunque hubo un rescate espectacular, no terminó cuando Nada regresó a España. Al escucharla, además, hubo una idea que se me quedó especialmente clavada: la indiferencia de quienes ven que algo está sucediendo, saben o intuyen que no está bien y, aun así, continúan con su vida.

Nada llegó desde Marruecos cuando tenía cuatro años. Su familia buscaba aquí una vida mejor, pero acabó viviendo en una situación de pobreza extrema, sin autorización de residencia, en un piso ocupado, sin agua corriente y con enormes dificultades para cubrir las necesidades más básicas. Años después apareció en sus vidas Grover Morales, un vecino boliviano que se mostraba amable, religioso y dispuesto a ayudar. Les llevaba comida, hacía arreglos en la vivienda y fue convirtiéndose en alguien cercano. No irrumpió en la familia mediante la violencia, sino a través de aquello que más necesitaban: apoyo, confianza y una cierta sensación de seguridad.

Esto es importante porque la vulnerabilidad no convierte inevitablemente a nadie en víctima, pero sí ofrece oportunidades a quienes saben aprovecharse de ella. Cuando una familia carece de dinero, papeles, redes sociales y apoyos institucionales, cualquier persona que resuelva una necesidad concreta puede adquirir un poder enorme. La ayuda deja de ser solamente ayuda y puede convertirse en dependencia. Morales supo presentarse como alguien necesario hasta conseguir que los padres de Nada autorizaran ante notario que viajara con él a Bolivia. Supuestamente serían unas vacaciones de una semana, un premio porque la niña había sacado buenas notas. Nada tenía nueve años y nunca había subido a un avión. Para una niña que ocultaba ante sus compañeros que su familia no podía permitirse unas vacaciones, aquel viaje debía de parecer una aventura extraordinaria.

Lo que encontró al llegar fue algo muy distinto. Morales destruyó su pasaporte, la aisló, le cambió el nombre y comenzó a ejercer sobre ella un control cada vez mayor. La llevó hasta una comunidad de Aeminpu, un movimiento religioso mesiánico de origen andino, donde fue sometida a una ceremonia después de la cual él le dijo que ya era su esposa. No fue un matrimonio de conveniencia ni una costumbre cultural que debamos intentar comprender desde el relativismo. Fue un matrimonio infantil forzado, sin ninguna posibilidad de consentimiento, utilizado para justificar la apropiación de una niña. Durante los siete meses siguientes, Nada sufrió agresiones sexuales, violencia física, adoctrinamiento y explotación laboral en plantaciones de coca. Fue obligada a trabajar durante jornadas interminables mientras su captor le hacía creer que con aquel dinero podrían recuperar su pasaporte y regresar a España. La misma capacidad de esfuerzo que hasta entonces había empleado para estudiar la utilizó para sobrevivir.

Sin embargo, cuando Nada habla de lo que vivió, no se refiere únicamente a la violencia de su secuestrador. También recuerda la indiferencia de las personas que fueron apareciendo a su alrededor. Gente que veía a una niña de nueve años en una situación extraña, trabajando, aislada y presentada como la esposa de un adulto, pero que no preguntaba, no intervenía o prefería aceptar la explicación que resultara menos incómoda. A ella le sorprendió comprobar que podía estar rodeada de personas y continuar completamente sola. El peligro no procedía únicamente de quien la agredía, sino también de la tranquilidad con la que los demás conseguían convivir con aquello.

Quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar. Solemos imaginar que, ante una situación extrema, cualquiera haría algo. Pensamos que denunciaríamos, que preguntaríamos o que intentaríamos proteger a la víctima. Sin embargo, la realidad está llena de personas que ven solo una parte, se convencen de que no saben suficiente, consideran que no les corresponde intervenir o esperan que alguien con más autoridad se haga cargo. La indiferencia no siempre consiste en no sentir nada. A veces consiste en sentir cierta incomodidad y encontrar rápidamente una explicación que nos permita seguir adelante sin implicarnos.

También aquí se mezclan muchas cuestiones que solemos analizar por separado. Hay migración, pero el origen marroquí de Nada no explica lo que le sucedió. Hay religión, pero reducirlo a un enfrentamiento entre creencias sería absurdo: el agresor utilizó una organización religiosa para ejercer el control y, años después, Nada encontró en el islam una fuente de consuelo y una forma de entender el perdón. Hay pobreza, pero la pobreza no secuestra ni agrede a nadie. Lo que hace es reducir las alternativas, aumentar las dependencias y permitir que determinadas amenazas permanezcan ocultas. Y hay un supuesto viaje hacia un lugar que desde Europa llamaríamos despectivamente «el tercer mundo», aunque el engaño se preparó en Barcelona, la familia quedó desprotegida en España y buena parte del abandono posterior también ocurrió aquí. La geografía no sirve para repartir civilización y barbarie de una manera tan cómoda.

Mientras Nada trataba de sobrevivir en Bolivia, se puso en marcha una investigación en la que participaron los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y las autoridades bolivianas. La operación tuvo que atravesar fronteras, burocracias y tensiones políticas entre el Gobierno español y el de Evo Morales. Finalmente, dos agentes de la Guardia Civil consiguieron localizarla en la selva y sacarla con vida. Fue un trabajo policial extraordinario y conviene reconocerlo. Hay ocasiones en las que las instituciones funcionan, sus profesionales se implican y una actuación pública salva literalmente una vida. En marzo de 2014, Nada volvió a Barcelona agarrada de la mano de uno de los agentes que había participado en su rescate. Tenía diez años y seguía preocupada por si tendría que repetir curso. Durante el vuelo, el agente vio cómo guardaba en un bolsillo el pan que había sobrado de la comida. Había salido de la selva, pero su cuerpo y su cabeza continuaban preparados para sobrevivir.

Podríamos pensar que a partir de ese momento comenzó su recuperación. Sin embargo, lo que empezó fue otra etapa de desprotección, esta vez mucho menos llamativa y sin helicópteros, operaciones internacionales ni cámaras esperando en el aeropuerto. Nada fue separada de sus padres y pasó por dos centros de protección de menores. Aquella decisión podía resultar comprensible ante la gravedad de lo sucedido y la situación familiar, pero proteger a una niña no consiste solamente en apartarla temporalmente del peligro. Requiere ofrecerle estabilidad, vínculos seguros, atención psicológica, continuidad educativa y un proyecto de vida que no dependa únicamente de su capacidad para resistir. Después de varios años en centros, alrededor de los catorce fue devuelta al mismo entorno familiar precario del que había salido, pese a que sus padres habían sido condenados por abandono. Volvió a convivir con el miedo, la violencia, la falta de recursos y la inseguridad residencial.

Además, la administración que había asumido su protección no regularizó adecuadamente su situación documental. Nada llevaba en España desde los cuatro años y había sido reconocida como víctima de trata, pero llegó a la mayoría de edad sin una residencia que le permitiera trabajar con normalidad o solicitar determinadas becas. Habíamos conseguido traerla desde el interior de Bolivia, pero no darle unos papeles en el país en el que había crecido. Habíamos organizado una compleja operación policial para localizarla, pero no una intervención social suficientemente estable para evitar que volviera a pasar hambre, a dormir con miedo o a sentirse atrapada en su propia casa.

Al escuchar esta segunda parte resulta difícil no encontrar una continuidad con aquello que Nada cuenta sobre Bolivia. Ya no estaba delante la misma indiferencia ni se producía en las mismas circunstancias, pero el mecanismo se parecía demasiado. Allí hubo personas que vieron a una niña viviendo algo que no era normal y continuaron con sus vidas. En España hubo instituciones, profesionales y una sociedad que conocían, al menos parcialmente, su extrema vulnerabilidad, pero tampoco consiguieron ofrecerle una protección continuada. No afirmo que todas las personas que intervinieron miraran hacia otro lado. Sabemos que algunos policías, docentes y otros profesionales se preocuparon sinceramente por ella. Precisamente por eso sus actuaciones destacan tanto. El problema es que una vida no puede depender de que, dentro de un sistema que debería protegerla, aparezca de vez en cuando alguien dispuesto a ir más allá.

Desde el trabajo social, esa es quizá la parte de la historia que más me interpela. Nosotros también podemos acostumbrarnos a conocer situaciones muy graves sin llegar a verlas por completo. Podemos intervenir sobre una necesidad, rellenar un informe, realizar una derivación y confiar en que otra persona continuará el proceso. No siempre es indiferencia personal y muchas veces existen cargas de trabajo, falta de recursos, competencias administrativas fragmentadas o límites profesionales muy reales. Pero para quien necesita ayuda, la diferencia entre la indiferencia y un sistema incapaz de responder puede resultar bastante pequeña. El resultado es el mismo: su sufrimiento es conocido, queda registrado en algún lugar y, aun así, continúa.

Estamos acostumbrados a hablar de rescates como si fueran un momento concreto: abrir una puerta, detener a un agresor o sacar a alguien de un lugar peligroso. Sin embargo, el rescate verdadero suele comenzar después. Rescatar también es conseguir una vivienda segura, tramitar una autorización de residencia, acompañar un proceso terapéutico, mantener un entorno educativo estable y ofrecer una persona de referencia que no desaparezca cada vez que cambia el recurso, el profesional o el expediente. La protección no puede medirse únicamente por haber evitado el peor desenlace. Que una persona sobreviva no significa que la intervención haya funcionado.

Desde mi interés por la psicología, también me resulta especialmente duro pensar en cómo Nada tuvo que ordenar lo que le había sucedido. Durante años habló muy poco de Bolivia y llegó a interpretar aquello como una especie de viaje que había salido mal. No era una mentira consciente, sino una forma de colocar a distancia algo demasiado doloroso para poder integrarlo. Según ha contado ella misma, aprendió a explicar los hechos desde la parte más lógica de su mente mientras mantenía desconectadas las emociones. La disociación, el silencio y la aparente frialdad no son pruebas de que el trauma haya desaparecido. A veces son precisamente las herramientas que permiten continuar viviendo cuando todavía no existen condiciones seguras para mirar atrás.

La educación fue uno de los lugares en los que Nada encontró esa seguridad. Se esforzó por obtener las mejores notas, ganó un premio por un trabajo escolar y consiguió llegar a la universidad. Es tentador convertir esta parte en una historia de superación personal: si alguien que ha vivido todo aquello pudo estudiar, cualquiera podría hacerlo. Pero esa lectura sería profundamente injusta. Su capacidad, su inteligencia y su esfuerzo son admirables, aunque no pueden utilizarse para esconder todo lo que le faltó. La resiliencia explica que una persona haya conseguido mantenerse en pie, no que las condiciones que la rodeaban fueran aceptables. Celebrar su fortaleza sin señalar los fallos del sistema sería otra forma de mirar hacia otro lado.

A finales de 2022, la periodista Neus Sala quiso saber qué había sido de aquella niña a la que la policía había rescatado casi una década antes. La encontró estudiando, dando clases particulares y viviendo todavía en una enorme precariedad. Nada seguía sin papeles y sin los apoyos que necesitaba. Sala la ayudó a regularizar su situación, encontrar atención psicológica y acceder a una alternativa residencial. Su relación terminó convirtiéndose en algo mucho más personal que un trabajo periodístico y juntas han escrito Yo soy Nada. La historia de un secuestro y dos rescates. El segundo rescate no fue una operación policial, sino el inicio de un acompañamiento que permitió a Nada comprender su propia historia y empezar a construir una vida fuera de aquel entorno.

Pero esta segunda parte tampoco debería dejarnos tranquilos. Es bonito que una persona se implique y cambie la vida de otra, pero resulta preocupante que derechos tan básicos dependan de un encuentro casual y de la insistencia de alguien con contactos, conocimientos y voluntad de ayudar. Si Neus Sala no hubiera preguntado qué había pasado con aquella niña, ¿cuánto tiempo más habría permanecido Nada en la misma situación? El apoyo individual puede reparar parte del daño, pero no puede sustituir a un sistema de protección. Una vida no debería depender de tener la suerte de encontrarse con la persona adecuada.

Uso el plural en el título de forma consciente. Digo que sacamos a Nada de la selva porque aquella operación fue realizada por instituciones que también son nuestras y por profesionales que actuaron en nombre de la sociedad. Y digo que no supimos sacarla de la vulnerabilidad porque tampoco quiero observar el fracaso como si perteneciera únicamente a una administración lejana. Fallaron organismos concretos y habrá que determinar sus responsabilidades, pero también existe una forma colectiva de mirar estos casos. Nos conmueve el secuestro, admiramos el rescate y después perdemos el interés cuando comienza la parte lenta, cotidiana y menos visible de la recuperación.

Nada no quiere que el dolor se convierta en su identidad. Estudia Derecho y Relaciones Internacionales y quiere emplear su experiencia para defender a otras víctimas de trata y abuso. Tiene derecho a decidir cómo cuenta su historia y qué hace con ella, sin quedar condenada para siempre a ser «la niña secuestrada en Bolivia». Su vida no debe servir únicamente para emocionarnos ni para construir un relato extraordinario de supervivencia. También debería obligarnos a revisar qué entendemos por proteger y por qué tantas veces confundimos sacar a alguien del peligro con haber resuelto su vida.

Sacamos a Nada de la selva, y eso fue extraordinario. Lo que no supimos fue acompañarla después, garantizar sus derechos y ofrecerle la seguridad necesaria para dejar de vivir en modo supervivencia. Quizá porque rescatar durante unas horas puede ser una hazaña, mientras que cuidar durante años exige recursos, coordinación, profesionales, paciencia y una responsabilidad que no desaparezca cuando dejan de mirar las cámaras. La indiferencia que marcó su cautiverio no terminó completamente con su regreso a España, sino que adquirió formas menos evidentes y más fáciles de justificar. Ahí es donde la historia de Nada deja de ser solamente la historia excepcional de una niña y se convierte en una pregunta bastante incómoda para todos nosotros: cuántas cosas somos capaces de ver sin llegar realmente a mirarlas.

Cuando una palabra decide lo que vemos

4 septiembre 2026 / Diego / Sin comentarios

Hay palabras que parecen describir una realidad cuando, en realidad, ya nos están diciendo cómo debemos interpretarla. Elegimos una palabra, la colocamos delante de un hecho y tenemos la sensación de que simplemente le hemos puesto nombre, como si el lenguaje fuera una especie de etiqueta transparente. Pero las palabras nunca llegan solas. Arrastran significados, recuerdos, imágenes, emociones y otras palabras que ni siquiera necesitamos pronunciar. Por eso me ha venido mucho a la cabeza estos días escuchar hablar de la «invasión» de Ceuta.

El 30 y 31 de julio entraron irregularmente en la ciudad alrededor de 72.000 personas desde Marruecos. La cifra resulta difícil incluso de imaginar en una ciudad pequeña y con una población de un tamaño parecido. Aquello desbordó capacidades administrativas, servicios sociales, recursos de protección de menores, seguridad y buena parte de la vida cotidiana de Ceuta. Negar que existió un problema enorme sería tan poco honesto como negar que un movimiento semejante de personas necesita control, planificación y una respuesta por parte del Estado. La cuestión no está en fingir que no pasó nada, sino en preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de llamarlo entrada masiva, crisis migratoria o crisis fronteriza y empezamos a llamarlo invasión.

Puede parecer una discusión semántica, y en cierto modo lo es, pero precisamente por eso importa. Una invasión necesita invasores. Si hay invasores tiene que existir alguien invadido. Aparece un territorio amenazado, una frontera que defender y, casi inevitablemente, un enemigo. Nada de esto necesita ser explicado después porque la palabra ha hecho buena parte del trabajo por nosotros. Una palabra puede contener una conclusión antes incluso de que hayamos empezado a discutir los hechos, y ahí está una de las cosas que más me interesan del lenguaje: no solo sirve para contar lo que vemos, también puede preparar la forma en la que vamos a verlo.

La psicología del lenguaje lleva mucho tiempo estudiando algo que experimentamos constantemente aunque no sepamos ponerle nombre. Las palabras no funcionan como pequeñas etiquetas independientes almacenadas en nuestro cerebro. Cuando escuchamos una palabra activamos conceptos relacionados, experiencias anteriores, emociones y determinados modos de interpretar lo que viene después. No procesamos «invasión» como ocho letras y una definición de diccionario. Aparecen ejércitos, fronteras, ocupaciones, amenazas, resistencia y defensa. Por eso el lenguaje político importa tanto: no siempre es necesario falsear un hecho para condicionar cómo lo interpretamos, porque a veces basta con escoger cuidadosamente la palabra adecuada.

Quizá aquí se me mezclan dos aficiones, Chomsky y la psicología del lenguaje, pero siempre me ha fascinado que podamos discutir durante horas sobre una realidad sin reparar en que alguien eligió antes las palabras con las que íbamos a discutirla. Chomsky dedicó buena parte de su trabajo a mostrar hasta qué punto el lenguaje es una capacidad extraordinariamente compleja y creativa, y otra parte de su vida intelectual a preguntarse quién establece los términos en los que discutimos públicamente sobre el mundo. No hace falta convertir esto en una clase de lingüística para encontrar algo interesante ahí: antes incluso de empezar una discusión, puede haberse decidido ya el terreno sobre el que vamos a mantenerla. No vemos exactamente lo mismo cuando miramos a una persona que cruza una frontera que cuando miramos a un invasor, aunque físicamente tengamos delante a la misma persona.

Y esto tampoco significa idealizar a quien migra. Entre quienes llegaron a Ceuta habrá personas buenas y malas, como las hay entre quienes ya vivían allí. Habrá quien haya cometido delitos y quien nunca haya cometido ninguno, personas egoístas y solidarias, violentas y pacíficas, educadas y desagradables. Migrar no convierte a nadie en mejor persona, pero tampoco lo convierte en peor. Parece una obviedad, aunque buena parte del debate público funciona precisamente olvidándola. Cuando hablamos de miles de personas tendemos a convertirlas en una masa homogénea y dejamos de ver individuos, y ese paso resulta especialmente peligroso cuando la palabra elegida para nombrar a esa masa ya incorpora una carga de amenaza.

La migración puede provocar problemas reales. Una llegada de decenas de miles de personas en apenas unas horas a un territorio pequeño es un problema de gestión de primera magnitud, y quien vive en Ceuta tiene derecho a preocuparse por su seguridad, por sus servicios públicos, por los recursos disponibles y por cómo puede afectar una situación extraordinaria a su vida cotidiana. Reconocer esto no es xenofobia. Lo peligroso empieza cuando damos el siguiente salto y dejamos de hablar del problema que genera una determinada situación para convertir a un colectivo entero en el problema. La migración puede generar conflictos, tensiones y dificultades objetivas, pero eso no convierte automáticamente a cada persona migrante en una amenaza.

Tampoco deberíamos confundir responsabilidades. Estos días se discute sobre el posible papel de Marruecos en lo ocurrido y sobre si pudo existir algún grado de permisividad o utilización política de la frontera. Habrá que esclarecerlo y, si existió una utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política, exigir las responsabilidades correspondientes. Pero incluso en ese supuesto seguiríamos necesitando distinguir algo elemental: quien utiliza a una persona como instrumento y la persona utilizada como instrumento no son necesariamente el mismo actor. Convertir al migrante en soldado porque alguien pueda haber utilizado su migración con una finalidad política vuelve a ser una decisión lingüística antes que una descripción de esa persona.

Y aquí inevitablemente termino pensando en Orwell. En 1984, la Neolengua pretendía reducir progresivamente el vocabulario porque, si desaparecían determinadas palabras, también resultaría cada vez más difícil formular determinados pensamientos. Es una distopía llevada al extremo y sería absurdo afirmar que utilizar una palabra como «invasión» nos sitúa en el mundo imaginado por Orwell. Pero su intuición continúa siendo incómodamente útil, porque quizá no siempre necesitemos eliminar palabras para estrechar la forma en la que pensamos. A veces basta con conseguir que unas sustituyan a otras de forma sistemática y terminen ocupando todo el espacio.

Una persona pasa a ser un ilegal, un grupo de personas se convierte en una oleada, una entrada masiva se transforma en una invasión y quienes cruzan una frontera pasan a ser invasores. Cada cambio parece pequeño, pero poco a poco cambia también aquello que nos parece razonable hacer con esas personas. Y este mecanismo no funciona únicamente con la inmigración. Llamar «incidente» a una tragedia, «daños colaterales» a civiles muertos, «ajuste» a un recorte o «flexibilización» a la pérdida de determinadas condiciones laborales también modifica aquello que estamos viendo. El lenguaje puede utilizarse para exagerar una amenaza, pero también para hacerla desaparecer o convertir en técnico aquello que tiene consecuencias profundamente humanas.

Por eso quizá la cuestión no sea encontrar palabras completamente neutras, porque probablemente no existan. La cuestión es ser conscientes de lo que hacemos cuando elegimos unas y descartamos otras, y de qué ideas estamos introduciendo de contrabando junto a cada palabra. Podemos discutir sobre inmigración, exigir fronteras controladas, mejores políticas migratorias, más recursos para Ceuta, cooperación europea, responsabilidades al Gobierno español o explicaciones a Marruecos. Podemos estar en desacuerdo en casi todo y seguir teniendo una conversación legítima. Pero convendría saber, al menos, cuándo estamos describiendo la realidad y cuándo una palabra ha empezado a decidir por nosotros qué realidad debemos ver.

Ceuta y el precio humano de la crisis migratoria

2 agosto 2026 / Diego / Sin comentarios

Las imágenes que han llegado desde Ceuta estos días son difíciles de ignorar. Miles de personas intentando alcanzar territorio español, familias enteras caminando por la playa, menores cruzando a nado, agentes desbordados y una ciudad incapaz de absorber una llegada de semejante magnitud. Es una situación excepcional que ha generado preocupación, incertidumbre y un intenso debate político. Sería ingenuo negar que una entrada masiva de personas plantea un desafío enorme para cualquier país. La gestión de las fronteras es una responsabilidad del Estado y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo debe afrontarse una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, precisamente cuando las emociones son más intensas, es cuando más necesario resulta detenerse a comprender qué está ocurriendo realmente y quiénes son los verdaderos protagonistas de esta historia.

Lo sucedido en Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Todo indica que detrás hay también una crisis diplomática en la que Marruecos ha desempeñado un papel decisivo al relajar o dejar de ejercer el control habitual sobre la frontera durante un tiempo. Cuando miles de personas consiguen cruzar de forma prácticamente simultánea una frontera que normalmente está fuertemente vigilada, resulta evidente que no estamos ante un simple aumento espontáneo de llegadas. Estamos ante un conflicto entre Estados en el que la migración se convierte en un instrumento de presión política. Es una realidad incómoda, pero necesaria para entender el contexto. Las personas migrantes no han diseñado esa estrategia, no controlan las relaciones entre gobiernos ni deciden cuándo se abre o se cierra una frontera. Han sido, una vez más, quienes han quedado atrapados en medio de un pulso que les supera por completo.

Eso no significa que todas las decisiones que toman sean irrelevantes o que la entrada irregular deba contemplarse con indiferencia. Los Estados tienen el derecho y la obligación de proteger sus fronteras, igual que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público. Defender esto no convierte a nadie en xenófobo, del mismo modo que defender la dignidad de las personas migrantes no convierte a nadie en partidario de unas fronteras sin control. El problema aparece cuando el debate deja de centrarse en cómo gestionar una situación compleja y comienza a buscar culpables fáciles.

Y pocas veces hay un culpable más fácil que quien llega sin nada.

Las redes sociales y algunos discursos políticos reaccionan con una velocidad que apenas deja espacio para la reflexión. En cuestión de horas empiezan a circular vídeos sacados de contexto, mensajes que presentan la llegada de miles de personas como una amenaza homogénea e incluso expresiones que dejan de hablar de seres humanos para hablar de masas, invasiones o enemigos. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión sobre la política migratoria, a pedir un mayor control fronterizo o a reclamar cambios legislativos. Todo eso forma parte del debate democrático. Lo preocupante es cuando la discusión deja de dirigirse hacia las políticas y comienza a dirigirse contra las personas.

Porque quienes aparecen en esas imágenes tienen historias muy diferentes entre sí. Algunos huyen de conflictos, otros de la pobreza extrema, otros simplemente buscan oportunidades que jamás han encontrado en su país de origen. También habrá quien actúe movido únicamente por el deseo de mejorar su situación económica. Ninguna de esas circunstancias convierte automáticamente cualquier decisión en correcta ni obliga a un Estado a aceptar toda entrada irregular. Pero tampoco justifica que desaparezca algo tan básico como la capacidad de reconocer que seguimos hablando de personas.

Hay una consecuencia de estas crisis que rara vez ocupa los titulares y, sin embargo, se repite una y otra vez. El rechazo no suele quedarse en quienes acaban de cruzar la frontera. Termina extendiéndose sobre miles de personas migrantes que llevan años viviendo en España, trabajando, pagando impuestos, formando familias y participando de la vida cotidiana como cualquier otro vecino. Basta con que el ambiente social se tense para que muchos vuelvan a sentir que tienen que demostrar constantemente que ellos no son «como los de las noticias». Esa necesidad permanente de justificarse es una carga profundamente injusta, porque nadie debería responder por las decisiones o los actos de un colectivo entero únicamente por compartir un origen.

Quizá ese sea uno de los efectos más peligrosos del discurso de odio. No necesita conocer a las personas. Le basta con una etiqueta. Cuando alguien deja de ser Ahmed, Fátima o Moussa para convertirse simplemente en «el inmigrante», ya no importa su historia, su trabajo, sus esfuerzos o los años que lleve construyendo una vida aquí. La individualidad desaparece y solo queda un estereotipo sobre el que resulta muy sencillo proyectar miedos, frustraciones o problemas que tienen causas mucho más profundas.

Como trabajador social, una de las lecciones que más se repite con el paso de los años es que la realidad nunca cabe dentro de los eslóganes. Detrás de cada expediente hay una biografía distinta, decisiones difíciles, errores, aciertos, pérdidas y esperanzas. Las personas no son categorías administrativas ni titulares de prensa. Tampoco son números en una estadística. Cuando olvidamos eso, dejamos de comprender los problemas sociales y empezamos a construir caricaturas que quizá sirvan para ganar un debate, pero nunca para resolver un conflicto.

La crisis de Ceuta exige respuestas políticas serias. España debe proteger sus fronteras, Europa no puede mirar hacia otro lado y Marruecos debe asumir las responsabilidades que le correspondan si, como todo parece indicar, ha utilizado la migración como un mecanismo de presión diplomática. Todo eso merece un debate firme y honesto. Pero ninguna de esas respuestas mejorará si se alimenta el odio hacia quienes ocupan el último eslabón de toda esta cadena.

Al final, los gobiernos seguirán negociando, las relaciones diplomáticas cambiarán y los titulares acabarán siendo sustituidos por otros nuevos. Quienes permanecerán aquí serán las personas que han sobrevivido a este episodio, tanto las que lograron llegar como las que llevan años intentando construir una vida en nuestro país. Ellas serán quienes soporten durante mucho tiempo las consecuencias de unas decisiones que nunca tomaron. Porque cuando las fronteras se convierten en trincheras políticas, los gobiernos juegan sus partidas, pero quienes siempre terminan pagando el precio más alto son quienes jamás tuvieron poder para mover ninguna ficha.

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