Un espacio personal de Diego Navarro

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Ceuta y el precio humano de la crisis migratoria

Las imágenes que han llegado desde Ceuta estos días son difíciles de ignorar. Miles de personas intentando alcanzar territorio español, familias enteras caminando por la playa, menores cruzando a nado, agentes desbordados y una ciudad incapaz de absorber una llegada de semejante magnitud. Es una situación excepcional que ha generado preocupación, incertidumbre y un intenso debate político. Sería ingenuo negar que una entrada masiva de personas plantea un desafío enorme para cualquier país. La gestión de las fronteras es una responsabilidad del Estado y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo debe afrontarse una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, precisamente cuando las emociones son más intensas, es cuando más necesario resulta detenerse a comprender qué está ocurriendo realmente y quiénes son los verdaderos protagonistas de esta historia.

Lo sucedido en Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Todo indica que detrás hay también una crisis diplomática en la que Marruecos ha desempeñado un papel decisivo al relajar o dejar de ejercer el control habitual sobre la frontera durante un tiempo. Cuando miles de personas consiguen cruzar de forma prácticamente simultánea una frontera que normalmente está fuertemente vigilada, resulta evidente que no estamos ante un simple aumento espontáneo de llegadas. Estamos ante un conflicto entre Estados en el que la migración se convierte en un instrumento de presión política. Es una realidad incómoda, pero necesaria para entender el contexto. Las personas migrantes no han diseñado esa estrategia, no controlan las relaciones entre gobiernos ni deciden cuándo se abre o se cierra una frontera. Han sido, una vez más, quienes han quedado atrapados en medio de un pulso que les supera por completo.

Eso no significa que todas las decisiones que toman sean irrelevantes o que la entrada irregular deba contemplarse con indiferencia. Los Estados tienen el derecho y la obligación de proteger sus fronteras, igual que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público. Defender esto no convierte a nadie en xenófobo, del mismo modo que defender la dignidad de las personas migrantes no convierte a nadie en partidario de unas fronteras sin control. El problema aparece cuando el debate deja de centrarse en cómo gestionar una situación compleja y comienza a buscar culpables fáciles.

Y pocas veces hay un culpable más fácil que quien llega sin nada.

Las redes sociales y algunos discursos políticos reaccionan con una velocidad que apenas deja espacio para la reflexión. En cuestión de horas empiezan a circular vídeos sacados de contexto, mensajes que presentan la llegada de miles de personas como una amenaza homogénea e incluso expresiones que dejan de hablar de seres humanos para hablar de masas, invasiones o enemigos. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión sobre la política migratoria, a pedir un mayor control fronterizo o a reclamar cambios legislativos. Todo eso forma parte del debate democrático. Lo preocupante es cuando la discusión deja de dirigirse hacia las políticas y comienza a dirigirse contra las personas.

Porque quienes aparecen en esas imágenes tienen historias muy diferentes entre sí. Algunos huyen de conflictos, otros de la pobreza extrema, otros simplemente buscan oportunidades que jamás han encontrado en su país de origen. También habrá quien actúe movido únicamente por el deseo de mejorar su situación económica. Ninguna de esas circunstancias convierte automáticamente cualquier decisión en correcta ni obliga a un Estado a aceptar toda entrada irregular. Pero tampoco justifica que desaparezca algo tan básico como la capacidad de reconocer que seguimos hablando de personas.

Hay una consecuencia de estas crisis que rara vez ocupa los titulares y, sin embargo, se repite una y otra vez. El rechazo no suele quedarse en quienes acaban de cruzar la frontera. Termina extendiéndose sobre miles de personas migrantes que llevan años viviendo en España, trabajando, pagando impuestos, formando familias y participando de la vida cotidiana como cualquier otro vecino. Basta con que el ambiente social se tense para que muchos vuelvan a sentir que tienen que demostrar constantemente que ellos no son «como los de las noticias». Esa necesidad permanente de justificarse es una carga profundamente injusta, porque nadie debería responder por las decisiones o los actos de un colectivo entero únicamente por compartir un origen.

Quizá ese sea uno de los efectos más peligrosos del discurso de odio. No necesita conocer a las personas. Le basta con una etiqueta. Cuando alguien deja de ser Ahmed, Fátima o Moussa para convertirse simplemente en «el inmigrante», ya no importa su historia, su trabajo, sus esfuerzos o los años que lleve construyendo una vida aquí. La individualidad desaparece y solo queda un estereotipo sobre el que resulta muy sencillo proyectar miedos, frustraciones o problemas que tienen causas mucho más profundas.

Como trabajador social, una de las lecciones que más se repite con el paso de los años es que la realidad nunca cabe dentro de los eslóganes. Detrás de cada expediente hay una biografía distinta, decisiones difíciles, errores, aciertos, pérdidas y esperanzas. Las personas no son categorías administrativas ni titulares de prensa. Tampoco son números en una estadística. Cuando olvidamos eso, dejamos de comprender los problemas sociales y empezamos a construir caricaturas que quizá sirvan para ganar un debate, pero nunca para resolver un conflicto.

La crisis de Ceuta exige respuestas políticas serias. España debe proteger sus fronteras, Europa no puede mirar hacia otro lado y Marruecos debe asumir las responsabilidades que le correspondan si, como todo parece indicar, ha utilizado la migración como un mecanismo de presión diplomática. Todo eso merece un debate firme y honesto. Pero ninguna de esas respuestas mejorará si se alimenta el odio hacia quienes ocupan el último eslabón de toda esta cadena.

Al final, los gobiernos seguirán negociando, las relaciones diplomáticas cambiarán y los titulares acabarán siendo sustituidos por otros nuevos. Quienes permanecerán aquí serán las personas que han sobrevivido a este episodio, tanto las que lograron llegar como las que llevan años intentando construir una vida en nuestro país. Ellas serán quienes soporten durante mucho tiempo las consecuencias de unas decisiones que nunca tomaron. Porque cuando las fronteras se convierten en trincheras políticas, los gobiernos juegan sus partidas, pero quienes siempre terminan pagando el precio más alto son quienes jamás tuvieron poder para mover ninguna ficha.

Cuando pagar más no significa sentirse mejor atendido

Siempre había dado por hecho que pagar más significaba recibir una atención mejor. No necesariamente una medicina mejor, porque sería injusto cuestionar la profesionalidad de quienes trabajan en uno u otro sistema, sino una experiencia más humana, más cómoda y más cuidada. Después de pasar buena parte del día en un hospital privado, ya no estoy tan seguro de que esa relación entre pagar más y sentirse mejor atendido sea tan evidente como solemos creer.

Siempre me he considerado un firme defensor de la sanidad pública. Creo que el acceso a la salud no debería depender de la capacidad económica de cada persona. Sin embargo, la reflexión que me llevo hoy no nace de una posición ideológica previa, sino de una experiencia concreta. He pasado muchas horas en un hospital privado como acompañante y, durante ese tiempo, he tenido ocasión de observar pequeños detalles que terminaron llevándome a una reflexión que no esperaba hacer.

Probablemente mi error fue imaginar que la diferencia sería mucho mayor. Entendía perfectamente que una de las principales ventajas de la sanidad privada es la rapidez. Poder acceder antes a un especialista, reducir listas de espera o realizar determinadas pruebas en menos tiempo son ventajas evidentes y valiosas. Pero también esperaba encontrar algo más. Esperaba una atención especialmente cercana, una mayor disponibilidad del personal, una sensación de acompañamiento constante y, en definitiva, una experiencia que justificara de forma evidente el esfuerzo económico que tantas familias realizan cada mes.

Lo que encontré fue algo bastante distinto. No porque la atención fuera mala ni porque hubiera sucedido nada grave. Todo parecía desarrollarse con normalidad y la intervención salió correctamente. Sin embargo, la sensación general era mucho más parecida a la de cualquier hospital de lo que había imaginado. La comida era similar a la que podría encontrarse en muchos centros públicos. El personal parecía tan ocupado como en cualquier otro lugar. En algunos momentos incluso tuve la impresión de que determinadas consultas o llamadas se recibían con cierta incomodidad. Nada especialmente negativo, pero tampoco esa atención diferencial que muchas veces asociamos a un servicio privado.

Hubo un detalle que me llamó especialmente la atención. La persona a la que acompañaba subió a planta todavía bajo los efectos de la anestesia, prácticamente recién salida del despertar. No puedo valorar si clínicamente era lo adecuado o no, porque no dispongo de los conocimientos necesarios para hacerlo. Lo que sí puedo describir es la sensación que me produjo como acompañante: esperaba un seguimiento más cercano, una mayor presencia de profesionales y una percepción de cuidado más visible durante esos primeros momentos. Quizá era una expectativa equivocada, pero era la que tenía.

Mientras observaba todo aquello empecé a hacerme una pregunta. ¿Qué es exactamente lo que compra una familia de clase media cuando paga un seguro privado? No me refiero a quienes pueden permitirse hospitales exclusivos o servicios reservados para rentas muy altas. Hablo de personas corrientes que destinan una parte significativa de sus ingresos a una póliza sanitaria porque creen que así obtendrán una atención mejor para ellos y para sus familias.

Después de lo vivido hoy, empiezo a pensar que la respuesta es bastante sencilla. Lo que compran, fundamentalmente, es tiempo. Compran una consulta antes, una prueba antes o una intervención antes. Y eso tiene un valor enorme. Cuando la salud está en juego, la espera genera angustia y cualquier reducción de plazos puede marcar una diferencia importante en la vida de una persona. No pretendo restar importancia a esa ventaja.

Lo que me cuestiono es si muchas personas no esperan también algo más cuando pagan. Esperan sentirse más acompañadas, más escuchadas y más cuidadas. Esperan percibir una diferencia evidente en el trato cotidiano. Esperan que haya más personal disponible. Esperan que las dudas no parezcan una molestia. Esperan una experiencia que transmita claramente que están recibiendo algo distinto. Y mi impresión, al menos tras esta experiencia, es que esa diferencia no siempre es tan clara como imaginamos.

Esta reflexión tampoco pretende enfrentar la sanidad pública y la privada. Sería un error caer en esa simplificación. Hay excelentes profesionales en ambos ámbitos y también problemas en ambos. Sin embargo, la experiencia sí me ha llevado a valorar algo que a veces olvidamos. Cuando aparecen las situaciones más complejas, las grandes emergencias, buena parte de la investigación médica o muchos tratamientos altamente especializados, seguimos confiando en una sanidad pública fuerte y bien dotada. Sigue siendo una de las estructuras fundamentales que sostienen nuestro sistema sanitario.

Quizá la conclusión más honesta que puedo extraer de este día es que pagar más no siempre significa sentirse mejor atendido. Lo que esperaba encontrar era una diferencia evidente en la experiencia humana del cuidado. Lo que encontré fue algo mucho más parecido a la normalidad de cualquier hospital.

Y eso me lleva a una última pregunta. Si la principal ventaja que ofrece la sanidad privada es la reducción de los tiempos de espera, ¿no deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en conseguir que la sanidad pública pueda ofrecer esos mismos tiempos razonables a toda la población? Porque, después de lo que he visto hoy, tengo más claro que nunca que una sanidad pública fuerte no es un lujo ni una cuestión ideológica. Es una necesidad colectiva.

La reflexión que me llevo a casa no es que la sanidad privada sea peor. Tampoco que quienes la contratan se equivoquen. Lo que me llevo es una sorpresa: después de tantas horas dentro de un hospital privado, no he encontrado esa gran diferencia que esperaba encontrar.

Quieren trabajar, pero no siempre pueden

Hay discursos que se repiten tanto que acaban pareciendo verdad. Se instalan, se simplifican y se convierten en una especie de ruido de fondo que condiciona cómo miramos a los demás. Uno de esos discursos es el que dice que las personas migrantes vienen a “vivir de las ayudas”. Lo escucho fuera, en conversaciones cotidianas, en redes sociales, incluso en algunos espacios que deberían ser más cuidadosos. Pero luego abro la puerta del despacho, y lo que entra no se parece en nada a eso.

Lo que entra son personas con una idea muy clara: trabajar. No dentro de seis meses, no “cuando se pueda”, no “ya veremos”. Quieren trabajar ya. Lo necesitan, pero sobre todo lo quieren. Porque trabajar no es solo una cuestión económica. Es dignidad, es proyecto de vida, es sentir que uno forma parte de algo. Y eso lo tienen clarísimo.

Pero hay algo que rompe ese impulso de frente: no siempre pueden. Y no es por falta de ganas, ni de esfuerzo, ni de actitud. Es, muchas veces, por su situación administrativa. Personas que están en situación irregular, que no tienen permiso de trabajo, que dependen de procesos largos, complejos y, en ocasiones, inciertos. Personas que quieren hacer las cosas bien, pero que el propio sistema deja en una especie de espera obligada.

Ahí aparece una contradicción dura. Se les exige que trabajen, que se integren, que “aporten”. Pero al mismo tiempo, se les impide hacerlo de forma legal durante meses o incluso años. Y en ese tiempo, ¿qué se espera exactamente que hagan?

Lo que pasa es que entre ese deseo y la realidad hay un abismo. Un abismo hecho de trámites, de tiempos administrativos, de barreras legales, de desconocimiento del idioma, de precariedad y, muchas veces, de miedo. Porque no estamos hablando de personas que han hecho una mudanza tranquila. Estamos hablando de personas que han salido de sus países empujadas por algo.

Algunos han cruzado el mar en patera. Y eso no es una imagen abstracta, es una experiencia que marca. Es frío, es incertidumbre, es no saber si vas a llegar. Otros huyen de guerras que han destrozado sus ciudades y sus vidas. Otros escapan de persecuciones políticas, de amenazas reales, de contextos donde opinar o simplemente existir puede costarte la vida. Y luego están quienes son perseguidos por lo que son: personas LGTBIQ+, en países donde amar a quien quieres o mostrarte como eres no solo está mal visto, sino castigado, a veces con cárcel o con la muerte.

Cuando tienes delante a alguien que ha pasado por eso, el discurso de “vienen a aprovecharse” no es solo falso, es profundamente injusto.

Porque la realidad es otra. Es gente que acepta trabajos que muchos aquí rechazan. Es gente que insiste, que pregunta, que vuelve aunque le hayan cerrado puertas. Pero también es gente que se encuentra con un muro invisible: no pueden firmar un contrato, no pueden cotizar, no pueden acceder a un empleo formal aunque lo estén buscando activamente.

Y aquí es donde conviene ser claros. El sistema no siempre acompaña. Los tiempos de regularización son largos, a veces desesperantes. Las oportunidades no están al alcance de todos. Y mientras tanto, la persona está en una especie de limbo, donde no puede avanzar como le gustaría. Eso genera frustración, desgaste y, en algunos casos, situaciones de vulnerabilidad que luego se utilizan como argumento para reforzar el mismo discurso que las ha provocado.

Es un círculo perverso.

Por eso creo que es importante contar lo que no se ve. Lo que pasa dentro de los despachos, en las entrevistas, en las conversaciones reales. Porque ahí es donde se desmontan muchos prejuicios. Ahí es donde entiendes que reducir a todas estas personas a un estereotipo no solo es incorrecto, es una forma de deshumanizar.

No se trata de idealizar. Las personas migrantes no son un colectivo homogéneo ni perfecto, como no lo es ningún otro. Pero sí se trata de ser honestos con la realidad. Y la realidad, al menos la que yo veo cada día, es que la gran mayoría quiere trabajar, pero no siempre puede hacerlo en condiciones legales.

Quizá el problema no es lo que ellos traen, sino lo que nosotros les impedimos hacer.

Y eso sí que merece que nos lo cuestionemos.

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