Tengo que renovar la medicación de la tiroides. No estoy enfermo, no me pasa nada urgente y tampoco necesito que nadie investigue qué me ocurre. Es simplemente uno de esos tratamientos continuados que cada cierto tiempo requieren que el médico vuelva a renovar la prescripción. Algo bastante rutinario. Llevo varios días entrando para pedir cita con mi médico de Atención Primaria y no hay. Ni pronto ni tarde: sencillamente no aparece ninguna cita disponible dentro del periodo que puedo consultar, que es de un mes.
En mi caso no pasa nada especialmente grave. Puedo esperar, volver a intentarlo mañana, llamar al centro de salud o buscar la manera de solucionarlo antes de quedarme sin medicación. Pero mientras miraba otra vez la pantalla pensé que el problema no era realmente mi tiroides. El problema es que podría estar enfermo. Podría tener fiebre, llevar varios días con un dolor que no sé interpretar, necesitar que alguien me escuche el pecho o tener cualquier problema que no es una urgencia hospitalaria pero que tampoco debería esperar semanas. Para eso estaba, entre otras cosas, el médico de cabecera. Y cuando esa puerta deja de estar disponible, la gente no deja de enfermar. Busca otra puerta.
Después nos sorprendemos de que se llenen los dispositivos de urgencias de Atención Primaria o las urgencias de los hospitales. Seguro que hay quien utiliza mal las urgencias, como utilizamos mal muchas otras cosas, pero creo que a veces hemos construido un relato demasiado sencillo en el que el ciudadano parece ser siempre el responsable del colapso. Quizá habría que preguntarse también qué hace alguien cuando lleva días intentando conseguir una cita y no puede. Si cerramos la entrada normal al sistema, no debería sorprendernos demasiado que terminemos entrando por donde todavía queda una puerta abierta.
Y justo estos días se produjo una coincidencia que me hizo pensar bastante en todo esto. Mientras yo intentaba conseguir cita con mi médico, Recursos Humanos nos envió un correo ofreciéndonos la posibilidad de contratar un seguro médico privado con unas condiciones y un precio reducido por ser trabajadores de la empresa. En mi caso cuesta algo más de 57 euros al mes. Evidentemente una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. La empresa ofrece una ventaja a sus trabajadores y mi centro de salud tiene sus propios problemas. Pero la coincidencia casi parecía una metáfora: llevo días sin conseguir que me atienda la sanidad pública y, de repente, aparece en mi correo una solución que consiste en pagar para que probablemente me atiendan antes.
Y reconozco que durante unos minutos hice las cuentas. Puedo pagar esos 57 euros. No me supondrían tener que elegir entre el seguro y llenar la nevera. Y precisamente lo que estoy echando en falta ahora mismo es lo que esos seguros venden mejor: rapidez, facilidad para coger una cita, poder elegir una consulta y tener la sensación de que cuando necesitas un médico hay alguien al otro lado. No estoy buscando una sanidad mejor, estoy buscando que alguien me atienda, y precisamente ahí está lo que me incomoda.
Soy defensor de la sanidad pública, y eso no significa que tenga que fingir que funciona estupendamente. Al contrario. Creo que una de las peores formas de defender algo es negar sus problemas. Nuestra sanidad pública tiene dificultades evidentes, especialmente en Atención Primaria: faltan profesionales, faltan tiempos, hay agendas imposibles y demasiadas veces la solución parece consistir en pedir un poco más de esfuerzo a quienes ya están dentro. Y esto no ha aparecido de repente ni puede atribuirse cómodamente a un único gobierno o a unas únicas siglas. Durante años, gobiernos de distinto signo han tomado decisiones, aplazado inversiones o permitido que determinados problemas se fueran haciendo estructurales. Podemos discutir responsabilidades, y seguramente unas decisiones han tenido más peso que otras, pero mientras lo hacemos el resultado cotidiano es bastante más sencillo: intentas pedir cita y no la hay.
Mi problema, por tanto, no es que exista la sanidad privada. Ni siquiera creo que una persona haga nada reprochable por contratarla. Si alguien puede permitírselo y considera que le mejora la vida, es perfectamente comprensible que lo haga. Mi preocupación empieza cuando contratarla deja de ser una elección y empieza a convertirse en la respuesta razonable al mal funcionamiento de la pública. Porque entonces ya no estamos hablando simplemente de dos modelos que conviven, sino de algo mucho más peligroso: una sanidad a dos velocidades en la que unos pueden pagar para escapar de las esperas y otros no tienen ninguna salida.
Yo puedo plantearme pagar esos 57 euros. Hay personas que no, y quizá esa sea la parte de todo esto que más me preocupa desde el trabajo social. Porque cuando hablamos de deteriorar un servicio público a veces parece que hablamos de presupuestos, modelos de gestión, competencias autonómicas o discusiones parlamentarias, pero los servicios públicos tienen una función mucho más básica: conseguir que determinadas cosas importantes no dependan del dinero que tengas. Una persona con un buen sueldo podrá contratar un seguro, pagar una consulta, buscar otra opinión o adelantar una prueba. Una persona que vive con una pensión mínima, una prestación, un salario precario o simplemente llega justa a final de mes tendrá que esperar. Y los problemas de salud no esperan mejor porque seas pobre.
Ahí es donde creo que la defensa de la sanidad pública deja de ser una cuestión ideológica en el sentido más pequeño de la palabra y se convierte en una cuestión de igualdad. La sanidad pública no es importante solamente porque sea pública. Es importante porque, al menos en su principio, cuando entramos por la puerta dejamos de ser clientes con distinta capacidad de compra y nos convertimos en pacientes. La enfermedad no pregunta cuánto ganas antes de aparecer y una sociedad mínimamente decente tampoco debería preguntártelo antes de decidir cuánto tienes que esperar para recibir atención.
Además, hay algo curioso en nuestra relación con los seguros privados. Muchas veces hablamos de ellos como si por una cantidad relativamente pequeña al mes compráramos una especie de sanidad paralela completa. Y no es así. Los seguros tienen contratos, límites, copagos, carencias, exclusiones y condiciones. Algunas pruebas necesitan autorización, determinados tratamientos tienen límites y existen problemas de salud cuya cobertura puede ser muy distinta de lo que uno imaginaba cuando vio el precio de la póliza. Es normal: no son un servicio público, son un producto comercial y la aseguradora necesita que ese producto sea rentable.
Quizá no seamos demasiado conscientes de todo lo que eso significa porque en España hay algo detrás que cambia completamente la película: sigue estando la sanidad pública. Podemos contratar un seguro económico para conseguir una cita rápida con un especialista y sentir que tenemos cubierta nuestra salud, pero sabemos que, si las cosas se ponen realmente feas, sigue existiendo un sistema público al que recurrir. Está el hospital público, las urgencias, los tratamientos complejos, las unidades altamente especializadas y toda una estructura que no depende de que nuestra póliza considere rentable o no atender determinado problema. Eso permite que convivamos con bastante tranquilidad con la letra pequeña de los seguros. Si alguna puerta privada se cierra, sabemos que todavía existe otra.
Y creo que ahí está una de las paradojas que pocas veces tenemos en cuenta cuando comparamos ambos modelos. Parte de la tranquilidad con la que podemos contratar seguros baratos, aceptar exclusiones o asumir determinados límites existe precisamente porque detrás está la pública. Si ese respaldo desapareciera, si realmente nuestra salud dependiera por completo de lo que cubriera una póliza privada, probablemente leeríamos de otra manera cada exclusión, cada carencia y cada copago. Importaría muchísimo cuánto cubre realmente un seguro de 57 euros, qué ocurre si desarrollas una enfermedad crónica, qué tratamientos están incluidos, durante cuánto tiempo o cuánto cuesta subir de nivel cuando la póliza básica deja de ser suficiente.
Por eso me cuesta aceptar el argumento de que la solución natural a los problemas de la sanidad pública sea contratar un seguro privado. Puede ser mi solución individual, claro, e incluso puede que un día termine haciéndolo. Pero sería una derrota colectiva bastante extraña: deterioramos un sistema que es de todos, quienes pueden permitírselo compran una salida y después utilizamos esa salida como prueba de que el sistema privado funciona mejor. Mientras tanto, quienes tienen menos recursos, las personas más vulnerables o quienes ya están en situaciones de exclusión continúan dependiendo del mismo sistema público al que cada vez exigimos más mientras le damos menos capacidad para responder.
También me preocupa otra explicación que empieza a aparecer con demasiada facilidad cuando hablamos del deterioro de los servicios públicos: somos más, ha llegado mucha población migrante y por eso todo está saturado. Evidentemente, si una población aumenta hay que adaptar los servicios. Parece una obviedad. Si en un barrio viven veinte mil personas y unos años después viven treinta mil, habrá que tener más médicos, más profesores, más transporte y más recursos sociales. Lo sorprendente sería querer atender a treinta mil personas con los recursos que ya eran justos para veinte mil y después responsabilizar a las diez mil nuevas de que el sistema no funcione.
Convertir a quien llega en la causa del problema resulta mucho más sencillo que preguntarnos por qué los servicios públicos no han crecido al mismo ritmo que las necesidades. La inmigración puede aumentar la demanda, como lo hacen el envejecimiento, la cronicidad o cualquier cambio demográfico, pero una sociedad que crece necesita infraestructuras y servicios que crezcan con ella. El problema no es que haya personas utilizando la sanidad. Para eso existe la sanidad. El problema aparece cuando pretendemos atender más necesidades sin aumentar de forma suficiente los recursos y después buscamos a alguien a quien señalar en la sala de espera.
Yo sigo entrando estos días para ver si aparece una cita y sigo sin haber contratado aquel seguro. Puede que hacerlo fuera lo más práctico. Algo más de 57 euros al mes y probablemente muchas de estas pequeñas situaciones serían más fáciles. Pero hay algo que me sigue chirriando: para resolver un problema provocado por el debilitamiento de un servicio que ya financiamos entre todos, la respuesta que empieza a parecernos normal es pagar una segunda vez por nuestra cuenta.
Quizá algún día termine haciéndolo. No descarto esa contradicción, porque defender lo público tampoco obliga a convertir cada decisión cotidiana en una prueba de pureza ideológica. Si necesito atención y puedo conseguirla, seguramente actuaré como casi todo el mundo y buscaré la forma de resolver mi problema. Pero precisamente por eso quiero una sanidad pública que funcione: porque yo puedo pagar esos 57 euros y habrá quien no pueda hacerlo, y una de las razones por las que existe la sanidad pública es precisamente para que, cuando enfermamos, eso no importe.
