Hay una promesa electoral difícil de rechazar: que a final de mes quede más dinero en nuestra cuenta corriente. Más todavía cuando la vivienda se lleva una parte cada vez mayor del sueldo, hacer la compra cuesta mucho más que hace unos años y muchas familias que trabajan tienen dificultades para llegar a final de mes. Si en ese contexto alguien propone bajar el IRPF, reducir el IVA o aumentar las deducciones fiscales, la reacción más inmediata es bastante comprensible: si voy justo y me quitan menos dinero, viviré un poco mejor.
El Partido Popular lleva tiempo defendiendo la deflactación del IRPF para evitar que las subidas nominales de salarios provocadas por la inflación terminen suponiendo una mayor tributación sin un aumento equivalente del poder adquisitivo. En las últimas semanas ha añadido otras propuestas para aumentar la renta disponible de las familias, como ampliar las desgravaciones por hijos o reducir determinados impuestos sobre productos básicos. Vox plantea una reforma mucho más profunda: un mínimo exento de 22.000 euros y esencialmente dos tipos de IRPF, del 15 % hasta los 70.000 euros y del 25 % por encima de esa cantidad. Son propuestas diferentes y sería tramposo analizarlas como si fueran exactamente lo mismo.
Hay incluso una parte del argumento que comparto. Si una persona cobra más euros únicamente porque su salario intenta compensar la inflación, pero con ese dinero puede comprar prácticamente lo mismo que antes, no tiene demasiado sentido tratarla fiscalmente como si se hubiera enriquecido. La llamada progresividad en frío existe y discutir cómo actualizar determinados parámetros del IRPF es perfectamente razonable. Mi problema empieza un paso antes, porque el problema que tenemos no es únicamente que paguemos impuestos. El problema es que hay salarios que han dejado de ser suficientes para sostener el coste de una vida normal.
Si trabajar cuarenta horas semanales no permite pagar tranquilamente una vivienda, llenar la nevera, asumir los suministros, criar hijos, afrontar un imprevisto y guardar algo para el futuro, quizá la primera pregunta debería ser por qué el trabajo se remunera de esa manera. Sin embargo, estamos desplazando poco a poco esa pregunta hacia otra mucho más cómoda: cuánto dinero nos quita el Estado. Y el cambio no es menor, porque una empresa puede mantener exactamente el mismo salario bruto y, si baja el IRPF, el trabajador tendrá más dinero en su cuenta. Su situación inmediata mejora, por supuesto, pero la empresa no ha tenido que aumentar el salario ni asumir un mayor coste laboral. Parte de la solución a la insuficiencia salarial se ha trasladado desde la relación entre empresa y trabajador hacia los ingresos públicos.
Dicho de otra manera: si un sueldo no alcanza y solucionamos el problema haciendo que el Estado recaude menos, no hemos conseguido necesariamente que el trabajo valga más; hemos conseguido que una parte de lo que faltaba deje de financiarse colectivamente. Y creo que ahí las empresas salen claramente beneficiadas del cambio de marco. La discusión deja de centrarse en salarios, convenios colectivos, distribución de beneficios, productividad o capacidad negociadora de los trabajadores. Ya no preguntamos tanto «¿por qué me pagan tan poco?» y empezamos a preguntarnos «¿por qué Hacienda me quita tanto?». Son dos preguntas legítimas, pero no son la misma pregunta y, sobre todo, no conducen al mismo modelo de sociedad.
Yo sí creo en los impuestos. Lo digo expresamente porque tampoco quiero fingir una neutralidad que no tengo. Creo en una fiscalidad progresiva y en unos servicios públicos fuertes. No porque piense que el Estado gestione bien cada euro que recauda, ni porque crea que todo gasto público esté justificado. Hay administraciones ineficientes, estructuras duplicadas, decisiones absurdas y dinero público utilizado de manera difícilmente defendible. Exigir que los impuestos se gasten bien me parece tan importante como defender su existencia, pero una cosa es discutir cómo gastamos mejor y otra muy diferente concluir que la solución consiste simplemente en recaudar menos.
También creo que quien más capacidad económica tiene debe contribuir más. No como un castigo por ganar dinero, sino porque 100 euros no significan lo mismo para quien ingresa 1.300 euros al mes que para quien ingresa 5.000. Esa es precisamente una de las razones de ser de la progresividad fiscal. Aquí también hay que introducir matices. Deflactar los tramos del IRPF no elimina por sí mismo la progresividad, y sería incorrecto decir que cualquier rebaja fiscal es lineal. Pero tampoco podemos hablar de «devolver dinero a las familias» como si todas las familias estuvieran en la misma situación económica. Y cuando Vox propone reducir prácticamente el sistema a un 15 % hasta los 70.000 euros y un 25 % a partir de ahí, está proponiendo una estructura bastante menos progresiva que la existente. Puede defenderse políticamente, por supuesto, pero también obliga a discutir qué capacidad redistributiva perdemos con ese modelo.
Hay algo que me preocupa todavía más que la nómina del próximo mes. Tenemos cierta tendencia a considerar nuestro salario únicamente como la cantidad que aparece ingresada en nuestra cuenta bancaria. Sin embargo, nuestra capacidad de vivir no depende solamente de ese número. También depende de todo aquello que no necesitamos comprar individualmente porque hemos decidido financiarlo entre todos. Cuando necesito un médico y entro en un centro de salud no saco la tarjeta bancaria. Cuando una persona necesita una operación importante no recibe después una factura de decenas de miles de euros. Una familia puede escolarizar a sus hijos aunque no tenga miles de euros disponibles cada curso. Existe una prestación si perdemos nuestro empleo, pensiones cuando envejecemos, servicios sociales cuando aparecen determinadas necesidades, atención a la dependencia, becas, universidades públicas y multitud de servicios e infraestructuras que apenas relacionamos con nuestra nómina.
Todo eso también forma parte de nuestra riqueza y nada de ello es gratis. Lo hemos pagado antes mediante impuestos y cotizaciones, distribuyendo entre millones de personas riesgos y necesidades que individualmente serían imposibles de asumir para una parte enorme de la población. Podemos llamarlo Estado del bienestar, redistribución, salario indirecto o simplemente sociedad. El nombre me importa menos que la idea: hay cosas que podemos permitirnos precisamente porque no tenemos que pagarlas solos. Por eso me preocupa especialmente esa especie de ilusión contable según la cual pagar menos impuestos nos hace automáticamente más ricos. Puede hacernos disponer de más dinero hoy, eso es verdad, pero la siguiente pregunta debería ser qué dejamos de pagar colectivamente mañana.
Los servicios públicos rara vez desaparecen de golpe. Antes se deterioran. Aumentan las listas de espera, hay menos profesionales, se reducen prestaciones, se endurecen requisitos, se tarda más en acceder y la calidad empieza a depender del territorio o del recurso disponible. Entonces ocurre algo perfectamente previsible: allí donde lo público deja un hueco aparece el mercado para cubrirlo. No tengo ningún problema con que exista una sanidad privada, una educación privada, seguros, planes de pensiones o empresas que presten cuidados. El problema aparece cuando dejan de ser una opción y empiezan a convertirse en la única forma razonable de acceder a algo que necesitamos.
Ahí aparece la paradoja. Hemos ganado dinero porque pagamos menos impuestos, pero empezamos a pagar un seguro médico porque no queremos esperar meses para determinadas pruebas, contratamos servicios educativos porque el sistema público no ofrece determinados apoyos, necesitamos ahorrar individualmente para complementar nuestra jubilación o pagamos cuidados privados porque conseguir atención pública a la dependencia se convierte en una carrera de obstáculos. Y quizá un día descubramos que aquello que nos ahorramos en impuestos no alcanza ni remotamente para pagar individualmente todo lo que antes financiábamos entre todos.
Para una persona con ingresos altos el cambio puede funcionar. Puede elegir colegio, seguro médico, residencia, plan de pensiones y servicios privados. Incluso puede preferir ese modelo y me parece perfectamente legítimo que lo defienda. Mi preocupación está en todos los demás, porque el mercado tiene una lógica distinta a la de un servicio público. No pregunta cuánto necesitas algo, sino cuánto puedes pagar por ello. Y por eso yo prefiero una sociedad en la que una operación quirúrgica dependa de que la necesites y no del saldo de tu cuenta corriente.
Ese es, en el fondo, el motivo por el que defiendo los impuestos. No porque me guste pagarlos. Imagino que a casi nadie le entusiasma ver una retención en su nómina. Los defiendo porque creo que hay una enorme diferencia entre ser ciudadano y ser cliente. Como ciudadano puedo tener derecho a algo aunque individualmente nunca pudiera pagarlo. Como cliente tengo derecho fundamentalmente a aquello que puedo comprar.
Por supuesto que existe otra visión legítima. PP y Vox sostienen que es posible reducir impuestos, eliminar gasto que consideran innecesario, mejorar la eficiencia de la Administración y mantener o incluso mejorar los servicios. Esa es una propuesta política que merece discutirse en sus propios términos. Pero precisamente por eso creo que cada gran rebaja fiscal debería venir acompañada de otra pregunta mucho menos atractiva electoralmente: qué dejamos de ingresar y qué vamos a dejar de pagar con ese dinero. Porque bajar un impuesto cabe en un titular. Explicar qué estructura pública podrá sostenerse dentro de diez o veinte años requiere bastante más espacio.
Y vuelvo entonces al principio. Tenemos un problema real de poder adquisitivo. Hay personas que trabajan y no llegan tranquilamente a final de mes. Hay familias que cada vez dedican una proporción mayor de sus ingresos simplemente a vivir. Hay jóvenes que trabajan y no pueden independizarse. Hay empleos que hace años permitían construir una vida y hoy apenas permiten mantenerla. Pero yo no quiero resolver ese problema simplemente haciendo que esas personas paguen menos impuestos. Quiero que cobren más, que los salarios recuperen su relación con el coste real de la vida, que el trabajo permita vivir y no solamente sobrevivir hasta el siguiente ingreso, que cuando una empresa obtiene beneficios exista también una discusión sobre qué parte llega a quienes producen esos beneficios y que la negociación colectiva tenga fuerza suficiente para discutir salarios y condiciones laborales.
Y después, con esos salarios mejores, quiero seguir pagando impuestos. Porque quiero una sanidad pública que funcione, una educación pública suficientemente buena como para que elegir la privada sea realmente una elección y no una huida, unos servicios sociales capaces de intervenir antes de que las personas caigan del todo, unas pensiones dignas y un sistema de dependencia que no obligue a una familia a preguntarse cuánto patrimonio puede sacrificar para cuidar a alguien.
Seguramente podríamos pagar menos impuestos mañana. Lo que no tengo tan claro es que fuéramos más ricos pasado mañana, porque lo que dejamos de pagar como contribuyentes podemos terminar pagándolo como clientes. Y cuando llegue ese momento habrá personas que podrán pagarlo y otras que simplemente se quedarán fuera.
